El comandante y sus comparsas nos quieren contagiar…desde hace más de 40 años

Para quienes hemos llevado una vida lineal, tradicional, marcada por el trabajo y las vicisitudes propias del ciudadano promedio y al margen de opulencias, aventuras extremas o ansias de poder, complementamos nuestras monótonas vidas informándonos de las excentricidades que aparentemente abundan en el diario vivir de ricos y poderosos, a través de los múltiples medios de información, principalmente por la vía digital, de la que sospechamos exagera con el propósito de captar el mayor número de seguidores.

En un país como Nicaragua en donde prácticamente se vive un generalizado ambiente carcelario, o como lo llaman los estudiosos un Estado policíaco, es difícil informarse de las banales interioridades que viven los ricos y poderosos, las que para nosotros podrían ser objeto de comentarios y suspicacias ácidas en algunos casos; pero eso aquí no sucede, y ya no digamos que podamos enterarnos de los desmanes que éstos, los ricos y poderosos, puedan cometer, amparados en el control ciudadano que ejercen a través de la virtual inexistencia de medios de información independientes o el control férreo de los pocos que todavía sobreviven, así como de la fidelidad canina que los cuerpos de seguridad les profesan a ambos grupos. Entonces podemos hablar de cómo paulatinamente las élites se fueron alejando de la cotidianidad que cualquier sociedad “normal” experimenta, como es enterarse de los “deslices” de ricos y poderosos y su descendencia más próxima.

Quién no recuerda a los hijos de un alto magistrado judicial, ya fallecido, que vendían drogas a sus amiguitos y que una vez detectados por las fuerzas del orden, fueron perseguidos por la policía, y no sólo se refugiaron en la casa de papá, también recibieron a los policías con tremendos perros amenazándolos con soltarlos para que los atacaran; recordarán el caso del campeón mundial de boxeo cuyo hermano fue atrapado trasegando cocaína, droga que fue reportada como tal después de una prueba de campo, pero que en el traslado del químico hacia el resguardo correspondiente se convirtió en talco; y quien no recuerda el caso de un ultra poderoso empresario que construyó un moderno y lujoso edificio en el actual centro de Managua, amparado en la Ley 306, Ley de Incentivos Turísticos, a efectos de evadir el pago de impuestos estipulados para la construcción, y que su esposa aprovechó la misma evasiva fiscal con la construcción de un hospital destinado a dar servicios a las clases más pudientes; cómo olvidar al comando policial que asesinó a dos niños y su tía en un supuesto operativo anti narcóticos, resultando nueve agentes acusados y condenados a penas de cárcel entre dos y once años, pero el jefe del operativo fue condecorado y promovido por Ortega en 2018, al igual que los otros ocho oficiales; no podemos pasar por alto el altamente sospechoso asesinato, calificado como suicidio, de la esposa de uno de los ex presidentes del Banco Central de Nicaragua; y el caso del niño de 14 meses de edad cuyo asesinato a manos de francotiradores del régimen, fue declarado oficialmente como “sospecha de suicidio”; y qué decir de los seis asesinados por el Ejército Popular Sandinista en la Cruz de Río Grande, incluyendo dos niños de 12 y 16 años, los que según la Nota de Prensa No. 13-2017 de la Policía Sandinista, “se dedicaban a asesinar a miembros del Ejército y de la Policía, productores y campesinos, además de robos con intimidación, extorsiones y narcotráfico” 

La permanencia de un modelo de corrupción institucional descansa en la inclusión de la mayor cantidad de ciudadanos en la danza de la pérdida de valores como la honestidad y la integridad; así es que se crean intrincados procedimientos burocráticos en los más comunes y corrientes trámites que la ciudadanía demanda con el propósito de vulnerar los valores ciudadanos; miles de ciudadanos portan una licencia de conducir vehículos, sin siquiera haber leído el manual respectivo, o incluso han evadido el examen práctico para la obtención de dicho documento; los retenes policiales son verdaderas incubadoras de corrupción, mediante la “negociación” entre asaltantes (los policías) y asaltados (los ciudadanos); el pago de impuestos, la obtención de una licencia para abrir un negocio, la compra o venta de un bien, la importación o exportación de productos, la libertad de un reo común, y un interminable etcétera, tienen precio en la amplia tarifa de corrupción que nos ataca como un virus que amenaza con exterminar cualquier vestigio de honradez ciudadana, confianza en los funcionarios y vocación de servicio de estos últimos.

 Pareciera que el comandante, el más alto representante de la clase política, y sus comparsas, los más elevados en la élite económica, se coluden armoniosamente para beneficio mutuo, mientras la ciudadanía tiene que sufrir toda clase de desmanes y seguir financiando la abultada e ineficiente planilla estatal, el creciente número de  los cuerpos de seguridad dictatorial (más de 40 mil miembros entre Ejército y Policía, sin contar las fuerzas paramilitares), las ventajas fiscales al gran capital, los mega salarios a la élite burocrática y política servil al régimen y los caprichos de los hijos del dictador en cantatas que nadie quiere escuchar y pasarelas estrambóticas vitoreadas por los magos del aplauso sin sentido.

Ezequiel Molina

Diciembre 21, 2022   

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