El gobierno del FSLN suprimió la lucha obrera en Nicaragua

*Por Expediente Público

Después de trabajar 10 años en la empresa New Holland Apparel S.A. (NHA), el 10 de diciembre de 2020, Elin Marín fue despedido poco después de formar la junta directiva de un nuevo sindicato. El artículo 45 de Código del Trabajo en Nicaragua permite a los empleadores despedir sin justificación a cambio de una indemnización, pero no cuando están sindicalizados, es lo que se llama “fuero sindical”.

NHA es una fábrica de ropa deportiva de capital estadounidense, subsidiaria de Tegra Global con sede en Atlanta, Estados Unidos; en elpaís tenía dos sindicatos activos: uno afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y el otro a la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), también ligada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Las centrales reciben el cinco por ciento de las cuotas de los sindicatos afiliados.

Marín aseguró a Expediente Público que, a pesar de la presencia de los gremios sandinistas, en esta fábrica con más de 1,200 empleados despedían ilegalmente a mujeres en el periodo de lactancia, a trabajadores convalecientes de cirugías, además, retenían el 20% de las indemnizaciones, también había discriminación, trabajo excesivo y persecución contra los que se quejaban o reclamaban.

Le dan la espalda a reclamos laborales

“Al ver tantas anomalías contra los derechos laborales conformé una junta directiva. La ley dice que los trabajadores no necesitan certificación para hacer un sindicato, pero se nos negó la certificación legal (inscripción en el Ministerio del Trabajo). Posteriormente, en confabulación con los dos sindicatos la empresa me despidió junto a otro compañero (Jackson Téllez)”, expresó Marín.

En agosto de 2020 la empresa estadounidense había despedido a 884 trabajadores con aval de los dos sindicatos sandinistas; 48 trabajadores apelaron para ser reintegrados a su trabajo, pero tanto los afilados a la CST como a la CST-JBE actuaron en contra y anunciaron al tribunal laboral que desistían de la apelación, reveló en su momento a los medios de comunicación el representante de los afectados, José Antonio López.

Marín y Jackson Téllez acudieron el 10 de diciembre a los tribunales laborales, porque eran parte de la junta directiva del nuevo sindicato formado y la sindicalización está constitucionalmente establecida y no requiere de autorización previa.

El Código del Trabajo también indica que el juez debe dar una resolución a estos casos a más tardar 30 días después de interpuesta la demanda, pero no han recibido ninguna respuesta.

El mundo laboral de las zonas francas

En mayo de 2021 NHA cerró operaciones en Nicaragua argumentando que había perdido contrataciones por el impacto de la pandemia de la Covid-19, dejando en el desempleo a sus 1,200 trabajadores restantes.

Sin embargo, es muy común que estas empresas de zona franca decidan retirarse después de vencerse un periodo de 15 años de la exención de impuestos que las privilegian las leyes nicaragüense para la inversión privada, a pesar de que pueden prorrogar estas exoneraciones.

Las maquilas de régimen especial tienen en materia fiscal categoría extraterritorial, están eximidas de todo impuesto, pero no de pagar prestaciones laborales correspondientes.

Según la Ley 917 de zonas francas de exportación tienen como objetivo la “generación de empleos, la inversión extranjera, la exportación de productos no tradicionales, la adquisición de tecnología y la reactivación de nuestro comercio exterior”.

Hay 19 empresas en Nicaragua bajo la tutela de la Comisión Nacional de Zonas Francas, cuyo presidente es un general del ejército en retiro, Álvaro Baltodano, a su vez, presidente de la Corporación Nacional de Zonas Francas, empresa público-privado que maneja su propio parque industrial.

Poder y abusos

El general retirado pertenece a una familia aristocrática vinculada a importantes negocios; sus hermanos Emilio, Francisco y Gerardo Baltodano Cantareno están relacionados a la industria azucarera, alimentos y el sector financiero.

El último de los hermanos mencionados es presidente de la junta directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a quien una jueza sandinista ordenó congelar sus activos, levantar el sigilo bancario y establecer restricciones migratorias por una investigación que la Fiscalía emprendió por supuesto lavado de dinero y activos, Este caso es parte de la criminalización a los sectores opositores.

En cuanto a NHA, los trabajadores no recibieron completa las indemnizaciones correspondientes a la ley, los sindicalistas oficialistas protestaron por el cierre, pero fueron ellos los que firmaron con la empresa la liquidación, afirmó Marín.

Tras su salida de NHA, Marín ha buscado trabajo en otras dos empresas, pero pese a su amplia experiencia le han negado la contratación sin mediar argumento, por lo cual asume que está en una lista negra por su intento de sindicalización.

Derechos laborales anulados

Onofre Guevara, sindicalista histórico en Nicaragua, explicó a Expediente Público que en las zonas francas y en el sector público solo tienen acceso los gremios oficialistas, aunque se traten de empresas privadas.

Los dirigentes sindicales tienen tanto desprestigio que los trabajadores desconfían de ellos y solo los llaman cuando la situación es grave y el conflicto amerita la presencia del Ministerio del Trabajo (Mitrab), donde el FNT o la CST tienen más acceso, asegura.

José Antonio López, especialista en derecho laboral del grupo Defensores del Pueblo, consideró que al quedar solo tres gremios operando: FTN: CST Y CST-JBE, todos ligados al gobierno, ya no existe sindicalismo independiente en Nicaragua.

Otro problema de los obreros de las maquilas es su falta de experiencia laboral y desconocimiento de sus derechos laborales: “generalmente son personas del campo o sectores suburbanos, no son los clásicos obreros urbanos y eso significa que no tienen una experiencia de organización y recurren a los dirigentes sindicales cuando sus problemas se salen de sus manos y no están en capacidad de resolverlos sin ayuda”, expresa Guevara.

La sección 7 sobre derechos laborales del reporte de derechos humanos del 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos, explica la situación general de los trabajadores en Nicaragua. El documento presentado el 30 de marzo de 2021 resume que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, viola el derecho sindical al controlar a los trabajadores de diferentes sectores como salud, educación, instituciones del estado y maquilas.

Más de 405 médicos o trabajadores de la salud habían sido despedidos desde 2018 por razones políticas, ya sea atender a los protestantes opositores, por informar sobre el Covid-19 o por negar integrarse al partido en el poder.

El Gobierno prohíbe también la organización de trabajadores y maestros percibidos como opositores, los sindicatos oficialistas son acusados de respaldar a empleadores cuando hacen despidos ilegales y en las zonas francas impiden la organización independiente de los obreros; por otra parte, muchos casos de despidos injustificados no llegan a los tribunales, revela el documento del Departamento de Estado.

Sindicatos independientes anulados

Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i) y presidente de la Federación de la Industria de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FITCM-N), indicó a Expediente Público que los dirigentes que se mantienen en una posición independiente son pocos, como pocas las organizaciones que no se arriman a los gobernantes del país centroamericano.

“El sector donde tenemos más representatividad es el de construcción, como no hay inversión privada, solo el gobierno tiene proyectos, que han disminuido en los últimos meses, si vamos a esos proyectos, los empresarios que laboran son afines al gobierno nos cierran las puertas y tratan de favorecer a los sindicatos del gobierno y a nosotros apartarnos, por todos los medios intentan desaparecer a los independientes”, menciona Salazar.

“Nos sostenemos de la cotización sindical, una forma que trabajan los afines del gobierno es que nos cierran las puertas y las cotizaciones abusivamente las quitan a favor de los sindicatos sandinistas”, denunció.

“Si criticamos y demandamos la aplicación de las leyes nacionales, nos dicen que somos enemigos del gobierno”, expone el sindicalista y argumenta que la lucha de los asalariados ha permanecido desde la dictadura de la familia Somoza, en diferentes gobiernos y con diferente tipo de empresarios mucho antes de 2018.

Aparte de la complicidad sindical, Salazar explicó que otros factores afectan el sindicalismo en Nicaragua, por ejemplo, la crisis económica: “los constructores independientes están cerrando o solo pagan impuestos esperando que las cosas mejoren”.

Del mismo modo, “a nosotros las autoridades del Mitrab cuando queremos defender a los afiliados, está contra nosotros” y aparte engavetan las solicitudes de inscripción de juntas directivas de sindicatos no sandinistas.

Magisterio en el más bajo escalón sindical

Uno de los gremios sindicales más golpeados es el magisterio. Según Salazar muchos directivos de uniones docentes están peleando porque el Mitrab no renueva sus juntas directivas, por lo cual pierden su certificación; este tipo de medidas indica por qué estadísticamente hay menos sindicatos.

Del mismo modo, dijo el sindicalista, había confederaciones independientes que tenían gremio de empleados públicos, pero el Mitrab las fue anulando poco a poco.

Un último factor es la migración de mano de obra, particularmente a Costa Rica. Según estadísticas de seguridad social, Nicaragua perdió más de 200 mil empleos formales desde 2018.

“Nuestra organización ha dado reivindicaciones a la clase trabajadora, no hemos estados en brazos de ningún Gobierno. No somos del 18 de abril, luchamos contra Somoza por el decimotercer mes, el Código del Trabajo, cuando muchos de ahora no estaban, pero se quieren adueñar de esa lucha que libramos. Desgraciadamente también algunos independientes han buscado acercarse al Gobierno”, concluyó Salazar.

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