Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis política que ha tenido 13 fases de represión. Los principales blancos de la dictadura han sido ciudadanos opositores, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos, prisioneros, excarcelados y la Iglesia Católica. Los encargados de reprimir son policías, grupos de choques, paramilitares, así como recursos “legales” arbitrarios. Desde hace más de dos años el país centroamericano vive un estado de excepción de facto. “Nunca habíamos visto tantas violaciones de derechos humanos acumuladas en un solo país”, dice Joel Hernández, comisionado de la CIDH.

*Por Julián Navarrete | Divergentes

No hay dudas de que los últimos tres años han sido los más difíciles de los 36 que ha vivido Nelson Lorío. El 19 de abril de 2018 vio morir de un balazo en el cuello a su vecino Darwin Urbina, durante el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el mandatario nicaragüense que tiene 14 años en el poder y ahora pretende reelegirse por tercera vez consecutiva, imponiendo un proceso electoral viciado.

Dos meses más tarde, el 16 de junio, vio la quema de la casa en el barrio Carlos Marx, uno de los crímenes más fuertes que cometió el régimen durante la crisis, en el que murieron seis miembros de una familia, entre ellos dos niños. Ese día, destrozado, llegó a su casa a abrazar a sus dos hijos, Joshuara, la niña que tenía siete años de edad, y su bebé Teyler, de apenas 14 meses y una semana de nacido.

Seis días más tarde, en la mañana del 23 de junio, cuando en Nicaragua se celebra el día del Padre, Lorío vio que su bebé moría en sus brazos después que recibió un balazo en la cabeza. Caminaba rumbo a la casa de sus padres mientras los policías ejecutaban “La Operación Limpieza”, una estrategia que ejecutó el régimen de Daniel Ortega para quitar a punta de disparos los bloqueos de carreteras que los ciudadanos colocaron en todo el país. Lorío quedó entre las balas, y su hijo fue asesinado.Nelson Gabriel Lorío con el cuerpo de su hijo, Teyler Leonardo, de 14 meses, durante su velorio en Managua. Junio 2018. Foto: Douglas López | EFE.

La “Operación Limpieza” corresponde a la tercera fase de la represión que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega desde 2018, según una investigación de la socióloga y especialista en Seguridad, Elvira Cuadra, una de las más acuciosas investigadora en este tema en Nicaragua. El informe, hasta mayo de 2021, caracteriza 13 fases de la represión con su respectivas fechas de duración. Los principales blancos han sido ciudadanos opositores, como Nelson Lorío, líderes políticos, periodistas y medios independientes, defensores de derechos humanos, prisioneros, excarcelados y la Iglesia Católica.

Los principales perpetradores son policías, grupos de choque y paramilitares. Además de armas de alto calibre, se han utilizado diferentes recursos «legales» y arbitrarios para reprimir, como los juicios políticos contra ciudadanos opositores y las tres leyes aprobadas 2020 para inhibir el papel de líderes políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

El comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, dijo que la represión de Nicaragua no tiene precedentes en la historia de América Latina. “Ver a un universo tan alto de personas sometidas a detención y a procesos penales, con un cúmulo de violaciones al debido proceso. Nunca habíamos visto tantas violaciones acumuladas en un solo país”, agregó.

Durante el primer año de la crisis, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH dijo que “uno de los elementos preocupantes es el corto período en que se ha producido y el grave saldo de víctimas que hemos registrado”. 

En la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en mayo de 2021, Urrejola, también relatora para Nicaragua, dijo que a tres años de las protestas sociales persiste la falta de voluntad de parte del régimen de Daniel Ortega para superar la impunidad y la grave crisis que atraviesa el país. “Desde las más altas autoridades nicaragüenses persiste una narrativa para negar las violaciones a los derechos humanos, estigmatizar a las víctimas y descalificar a las organizaciones de derechos humanos”, agregó Urrejola.Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional durante una manifestación en la Universidad Centroamericana en Managua. Foto: Jorge Torres | EFE

Fases de la represión

La primera fase de la represión ocurrió en las últimas semanas de abril, cuando iniciaron las protestas. El objetivo fue impedir las protestas, como el régimen de Ortega hacía en años anteriores, cuando solo le bastaba con policías y grupos de choque (Juventud Sandinista y motorizados) para repeler a los manifestantes. Ya se había dado la orden de “vamos con todo” y sus principales blancos fueron los estudiantes que salieron inicialmente a las calles a protestar.

Sin embargo, en mayo las fuerzas del régimen fueron rebasadas por la rebelión y estas incrementaron el nivel de violencia hasta llegar al 30 de mayo. De modo que todo el mes de mayo corresponde a la segunda fase de la represión.

La tercera fase es la “Operación Limpieza” en todo el país, que inicia precisamente el primero de junio y culmina en septiembre de 2018. Fue el período más sangriento de la represión. Aquí se dio la conformación de los grupos paramilitares utilizando armas de alto calibre.

En la cuarta fase se buscó el descabezamiento del movimiento cívico y sus liderazgos. Para ello ejecutaron detenciones y secuestros de líderes en diferentes lugares del país. En ese período fueron detenidas, encarceladas y enjuiciadas más de 600 personas

Luego, en la quinta fase, que corresponde a entre diciembre de 2018 y enero de 2019, es la del silenciamiento de las voces críticas: medios de comunicación y el cierre de organizaciones sociales. En esos dos meses es cuando la mayoría de los periodistas (más de 80) huyen del país y se exilian.

Entre febrero y junio de 2019, cuando se desarrolla la sexta fase, fue un período de violencia relativamente baja, ya que se dieron las negociaciones del segundo Diálogo Nacional, en la que se lograron liberaciones de algunos presos políticos. Se incrementó el asedio, la vigilancia, acoso e intimidación.Oficiales de la Policía Nacional durante una movilización sandinista, en julio de 2018, armados con fusiles de alto calibre. Foto: Jorge Torres | EFE

La séptima fase, que abarca entre julio y septiembre de 2019, es donde se le impide a los ciudadanos realizar marchas y se comienza reprimir a los recién excarcelados.

La octava fase estuvo vinculada a la renuncia de Evo Morales en Bolivia, que supuso la reactivación de algunos actos de protestas en Nicaragua. La represión se extendió hacia algunas iglesias, como la de San Miguel Arcángel de Masaya, que albergó una huelga de madres de presos políticos y ocurrió la captura de la llamada banda de Los Aguadores. Todo esto ocurre entre noviembre y diciembre de 2019, cuando el régimen finalmente logra más control de la situación.

Desde entonces se notan los grandes despliegues de policías, el incremento de la vigilancia, hostigamiento y algunas agresiones a blancos específicos, como líderes en diferentes localidades, periodistas y medios de comunicación; defensores de derechos humanos y excarcelados políticos. Todo el año 2020 estuvo marcado por esto. Este período abarca la novena fase, entre enero y abril de 2020, y la décima fase, entre mayo y octubre de ese mismo año, cuando existieron múltiples ataques contra las iglesias católicas de varias partes del país, entre ellos, contra la Catedral de Managua, el 31 de julio, día que fue quemada la Sangre de Cristo.

La undécima fase corresponde a entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Aquí, además de la fuerza represiva física, se utilizaron mecanismos “legales” de represión para aprobar la triada de leyes: de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y la de Soberanía que pretende inhibir a candidatos a la presidencia señalados de ser “golpistas”. También hubo terrorismo fiscal contra algunos familiares de candidatos, como el embargo contra Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro; y el embargo contra Canal 12.

La duodécima fase es entre marzo y abril de este año, previo al tercer aniversario de la rebelión de abril, cuando se incrementaron los hostigamientos, vigilancias, detenciones y nuevos juicios. Se registraron centenares de actos violentos contra los familiares de las víctimas en pocos días.

La etapa número 13 es la que se está viviendo a partir de mayo de 2021, un mes en el que se ha elevado el nivel de represión, con la utilización de los mecanismos legales, cuyo propósito es inhibir a cualquier organización o liderazgo político que el régimen de Daniel Ortega considere una amenaza de cara al proceso electoral.Miembros de la Policía Nacional durante un patrullaje en la ciudad de Masaya, en julio de 2018, luego de la denominada «Operación Limpieza». Foto: Jorge Torres | EFE

“Nos desnudaron, nos manosearon, nos amenazaron”, dice Francys Valdivia que la Policía les hizo a ella y su familia el pasado 20 de abril, cuando fueron detenidos minutos antes de que iniciaran el rezo en conmemoración de su hermano Franco, asesinado hace tres años en Estelí en el inicio de las protestas. “Nos dijeron que estábamos en tiempos de guerra”, relata Valdivia.

Ese mismo noche, Nelson Lorío fue capturado y llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “el nuevo Chipote”. A Lorío lo detuvieron porque supuestamente estaba involucrado en el robo de un vehículo. Después de dos días detenido, Lorío fue liberado el 22 de abril con varios golpes en su cuerpo.

Esta fue la penúltima etapa de la represión, en la que los familiares de las víctimas fueron reprimidos violentamente. En esos días se registraron casi 400 actos represivos, entre ellos hostigamientos, agresiones, detenciones, allanamientos, entre otros.

El 20 de abril, Nelson y otras personas más iban a hacer una quema de llantas en un monumento sandinista, como símbolo de protesta por la impunidad en la que se encuentra el crimen de su hijo. “Yo andaba reclamando porque no me ha respondido el gobierno. En lugar de encontrar al asesino de mi hijo, la policía llega a acosarme a mi casa”, dice Lorío. “¿Cómo se vive el duelo en un país que no te permite tener actos conmemorativos, que no hay posibilidad de salir a las calles ni tener misas?”, cuestiona Francys Valdivia.

Patrones similares en Chile y Colombia

Un oficial de la Policía Nacional vigila una calle de Masaya, luego de la «Operación Limpieza» en julio de 2018. Foto: Rodrigo Sura | EFE

Entre septiembre y octubre de 2018 el régimen de Ortega impuso un estado de excepción de facto, cuando comenzó a impedir con violencia y bajo la prohibición policial que se realizaran marchas y movilizaciones.

“No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin riesgo a ser detenido o sin riesgo a ser objeto del uso de la fuerza pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento”, denunció la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola. Agregó que cada vez que la oposición convoca a una marcha, automáticamente la policía y grupos paramilitares ocupan de manera masiva las calles para impedir las reivindicaciones contra Ortega, que suelen acabar en violencia y detenciones.

«Creemos que no hay libertad de manifestación ni de expresión», sostuvo Urrejola, quien lamentó los ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación.

Para la investigadora Elvira Cuadra hay algunos patrones policiales de represión que se han cometido en Nicaragua y en otros países del continente, como Chile y Colombia, donde se han utilizado balas de gomas, disparos a los ojos y las formas en que se realizan los arrestos contra manifestantes.

En un solo hombre, Nelson Lorío, se pueden contabilizar varias fases de la represión: la violencia contra opositores; la “Operación Limpieza”, el exilio, el acoso y las detenciones arbitrarias. Desde que regresó del “durísimo” exilio en Costa Rica donde comía con suerte una vez al día, Lorío vive permanentemente vigilado por policías y paramilitares. En el día, a unos pocos metros de la casa en donde está viviendo, siempre hay un civil que lo fotografía cuando sale. Por las noches, varias patrullas de la policía con las sirenas encendidas llegan a rodear su vivienda, porque desde hace un tiempo los actos de protestas que realiza para reclamar justicia por la muerte de su hijo los hace de noche o de madrugada. Siempre clandestino.