Existen muchos mitos en torno la llamada revolución liberal de 1893. Esta fue, en realidad, una rebelión libero-conservadora contra la reelección del presidente Roberto Sacasa, que terminó en un amistoso pacto político y en la aprobación de la Constitución de 1893. Sin embargo, en poco tiempo, José Santos Zelaya logró imponer su dictadura.
La Republica Conservadora
Después de la expulsión de los filibusteros, los legitimistas o conservadores pasaron factura a los democráticos o liberales al promulgar la Constitución de 1858, una versión remozada de la Constitución de 1854. La llamada Republica Conservadora (1858-1893) estableció un particular régimen político autoritario, con la aplastante hegemonía del Partido Conservador, cuya cúpula dirigente imponía al presidente de la república, no permitía la reelección, pero mantenía la continuidad al escoger al sucesor. La excepción a esta regla, fue la reelección del general Tomas Martínez en el periodo 1863-1867.
Este régimen político basado en el continuismo, pero sin reelección presidencial, fue implementado, con algunas diferencias, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México en el siglo XX.
En su libro “La Republica Conservadora de Nicaragua (1858-1893)”, Arturo Cruz Sequeira, explica con abundantes detalles como, durante 35 años, Nicaragua conquistó una relativa pero inusual estabilidad económica, política y social, al grado que fue llamada en esa época la “suiza centroamericana”. Fueron reconstruidas las instituciones del Estado y se consolidaron las bases del Estado-Nación que se había derrumbado bajo la intervención filibustera. Hubo un tremendo auge en la economía de exportación, especialmente del café. En una aparente contradicción histórica, los conservadores en realidad impulsaron reformas de corte liberal.
Liberales y conservadores contra Roberto Sacasa
Los 35 años de estabilidad llegaron a su fin cuando Roberto Sacasa, quien había sido llamado asumir la presidencia tras la muerte de Evaristo Carazo, se postuló nuevamente al cargo en 1891, violentando el artículo 32 de la Constitución de 1858 que ordenaba que el ciudadano que hubiera ocupado el cargo de presidente de la república “no podía ser reelecto para el inmediato”.
La pretensión reeleccionista de Sacasa coincidió con el agotamiento del modelo económico sobre el cual se cimentó la Republica Conservadora. Era una magnífica oportunidad de los liberales para asaltar el poder. Y volvió a ocurrir el mismo fenómeno de nuestras guerras civiles: fracciones de uno y otro partido se aliaron por objetivos comunes: el peligro del establecimiento de una dictadura.
El Pacto de Sabanagrande
Esta extraña alianza de fracciones liberales y conservadoras organizó un levantamiento armado. Se organizó una Junta de Gobierno formada por los generales conservadores Joaquín Zavala y Eduardo Montiel, y por el joven general liberal José Santos Zelaya, quien había sido desterrado de Nicaragua mediante decreto del presidente Adán Cárdenas (1883-1887) y en su exilio se había destacado como militar en las tropas del general Justo Rufino Barrios en Guatemala
Fue una guerra civil de corta duración. Las gestiones del embajador norteamericano, Mr. Lewis Baker, dieron como resultado el Pacto de Sabanagrande, suscrito el 6 de julio de 1893, por medio del cual se acordó lo siguiente: “(..) Roberto Sacasa, depositará el poder en el Senador don Salvador Machado (..) Ni el presidente, ni los ministros, podrán ser electos presidente de la República, para el primer periodo constitucional (..)”
Esta continuidad de los conservadores en el poder, no gustó a sus temporales aliados liberales. Cinco días después, el 11 de julio, el general Anastasio Ortíz, comandante de armas de León, se sublevó iniciando lo que se denominó la “contrarrevolución liberal”. Hubo dos gobiernos provisionales, uno en Granada, encabezado por el General Joaquín Zavala, que representaba los intereses de la oligarquía conservadora, y otro en León, encabezado por José Santos Zelaya y Anastasio Ortíz.
El Tratado de Paz
Las tropas leonesas avanzaron sobre Managua y después de combatir y derrotar a las fuerzas conservadoras en La Cuesta, a dos leguas de Managua, finalmente tomaron la capital el 25 de julio. En esa época, Managua era el lugar de residencia de la nueva clase de pequeños y medianos caficultores, que se había enriquecido bajo la prolongada estabilidad de la Republica Conservadora.
El gobierno de Granada firmó el 31 de julio de 1893 un Tratado de Paz con el gobierno de León “residente en Managua”, por medio del cual se acordó lo siguiente: “Habrá paz y amistad entre los partidos beligerantes, olvido recíproco de sus disensiones y garantías amplias é incondicionales para todos. (…) Se consagra el principio del voto directo y reservado (.-.) Queda convocada desde ahora una Asamblea Constituyente para el 15 de septiembre (…)”
La toma de Managua y la rendición voluntaria de la oligarquía granadina, dio como resultado una nueva Junta de Gobierno Provisional, esta vez bajo control del liberalismo, presidida por José Santos Zelaya, y conformada por Francisco Baca, Anastasio Ortiz y Pedro Balladares.
El 2 de agosto de 1893 el nuevo gobierno establecido en Managua acordó que “mientras la Asamblea Constituyente emite una nueva Constitución de la República, los nicaragüenses gozarán de todas las garantías consignadas en la Constitución de 1858, conforme a ella misma y a las leyes secundarias que reglamentan sus disposiciones”.
¿Revolución o Reforma?
Los acontecimientos de 1893 tienen elementos de revolución mezclados con reforma. Al inicio fue una revolución conservadora-liberal, que nunca se propuso destruir las instituciones del Estado, ni derogar la Constitución de 1858. La crisis del conservatismo le permitió al liberalismo tomar el control e imponer su hegemonía, pero sin alterar sustancialmente el funcionamiento de las instituciones del Estado.
La Asamblea Nacional Constituyente, reunida el 15 de septiembre de 1893, nombró a José Santos Zelaya como presidente de la República, sin “lugar a reelección”, y como vicepresidente al general Anastasio Ortiz. La Constitución aprobada en 1893, conocida como la Libérrima, no fue una creación exclusiva del Partido Liberal, sino producto de una transacción política entre liberales y conservadores, que retomó muchos principios liberales de la Constitución de 1838, pero también reflejó una continuidad y modernización de las instituciones del Estado creadas con la Constitución de 1858.
La Libérrima incorporó aspectos novedosos, como la separación de la Iglesia del Estado, el laicismo en la educación, el voto universal para los varones que sabían leer y escribir, el matrimonio civil, la modernización del poder judicial, etc. Pero, incluso, algunos de estos aspectos, como la educación pública gratuita, fueron concedidos bajo el gobierno de Pedro Joaquín Chamorro, mediante ley del 8 de marzo de 1877.
La reforma de 1896 y el establecimiento de una dictadura
La reincorporación de la Mosquitia en 1894 se realizó bajo la mirada protectora de los buques de la armada de Estados Unidos en Bluefields. Inglaterra respondió ocupando militarmente el puerto de Corinto. Ese mismo año se produjo la rebelión armada del vicepresidente Anastasio Ortiz, que fue aplastada con el apoyo de los conservadores, que temían a las alas radicales del liberalismo. Zelaya impuso la Ley Marcial desde 1894 hasta su derrocamiento en 1909.
El año 1894 fue el punto de partida hacia una nueva dictadura. Habiendo liquidado a sus opositores dentro del Partido Liberal, Zelaya reformó la Constitución en 1896, derogando los derechos y libertades contenidos en la Libérrima. En realidad, la Libérrima estuvo parcialmente vigente durante un tiempo muy corto.
Los liberales de la primera mitad del siglo XIX murieron peleando contra la concentración del poder en una sola persona, pero los liberales de finales de ese siglo terminaron instaurando la primera dictadura de nuestra historia.
Cualquier semejanza con el presente, es pura coincidencia.