El oficialismo de Nayib Bukele impulsa una profunda reforma constitucional en El Salvador

*Por Expediente Público

El gobierno salvadoreño impulsa una reforma constitucional con 215 modificaciones a su Constitución Política de 274 artículos, aprobada en 1983 y cuya última gran transformación ocurrió tras los Acuerdos de Paz en 1992.

“Se proponen 215 modificaciones, 182 reformas puntuales, 147 nuevo contenido, 7 nuevos artículos, 8 sustituciones y 18 derogatorias”, explicó la semana pasada, en un programa radial, el vicepresidente Félix Ulloa, principal impulsor de las reformas a través de una comisión ad hoc que él ha coordinado personalmente.

El proceso de consulta sobre las reformas a la Constitución inició en octubre de 2020 cuando se creó una comisión especial que tuvo importantes deserciones motivadas por críticas al presidente Nayib Bukele.

Ahora Ulloa señala que el próximo 15 de septiembre entregará formalmente el paquete de reformas para que el mandatario lo haga llegar a la Asamblea Legislativa, donde tendrán que seguir el proceso de ley estipulado por la Constitución y que establece dos periodos legislativos para su aprobación.

Entre los temas más polémicos a reformar está la figura del referéndum para aprobar reformas a la Constitución de la República, algo que no tenía precedentes legales en el país centroamericano.

Además, se extiende un periodo de seis años para la Presidencia de la República, pero no permite la reelección inmediata, como especularon críticos del Gobierno durante meses.

Lo que sí establece la propuesta es un plazo más corto para que un mandatario saliente se presente nuevamente como candidato.

Hasta ahora, un gobernante que termine su periodo debía esperar dos periodos para postularse a la presidencia nuevamente, por una interpretación hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta dice que solo debería esperar un periodo de por medio.

“Es un error de la Sala de lo Constitucional que tergiversó la norma, ellos le pusieron dos (periodos), en una intención personal dirigida para un candidato, aquí lo estamos corrigiendo, que se esperará un periodo”, justificó Ulloa en la entrevista radial.

Las propuestas claves

El paquete de reformas incluye la desaparición de la Sala de lo Constitucional que sería sustituida por un Tribunal Constitucional. Además, sugiere la creación de dos nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia: la Electoral y la Social.

También crearía una Contraloría General de la Nación que sustituiría a la actual Corte de Cuentas, 

El Referéndum sería para ratificar reformas constitucionales y evitar de que una segunda Asamblea Legislativa ratifique las reformas acordadas por una primera Legislatura.

Pero según Ulloa, la reforma constitucional que establece la creación del referéndum tiene un primer límite: “En ningún caso estos mecanismos servirán para prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la Presidencia”.

La propuesta no modifica el último inciso del artículo 248, que prohíbe cambiar la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad del ejercicio de la Presidencia de la República.

“No hemos tocado nada referente al territorio ni sistema político y no estamos proponiendo la reelección inmediata…todo se está haciendo con base a la Constitución actual”, insistió Ulloa.

Otra de las novedades es la posibilidad de la Revocatoria de mandato, que se haría a medio término presidencial, es decir, a los tres años, para lo cual se elaboraría una “Ley de consultas ciudadanas”. También, el plebiscito e iniciativa ciudadana, son otras figuras de participación ciudadana que se proponen.

Además, la reforma abre la puerta a monedas no físicas en la política monetaria.

“Si nuestra legislación no está preparada, nos vamos a ir quedando rezagados en esta evolución que va la sociedad, en esta cuarta revolución industrial”, señaló Ulloa.

Esto parece tener una referencia a la decisión de Bukele de establecer la moneda virtual bitcoin como dinero de curso legal a partir de septiembre próximo.

La propuesta también eleva la Defensoría del Consumidor, Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a rango constitucional.

Además, se permitiría la colegiación obligatoria de las profesiones, ahora limitada constitucionalmente.

Los periodos de los funcionarios

La propuesta también incluye cambios en la extensión de los periodos de los funcionarios públicos, empezando por la extensión del mandato presidencial de cinco a seis años.

Además, se amplía el periodo de funcionarios de segundo grado como el Fiscal General, el Procurador General y el Procurador de Derechos Humanos desde tres a seis años.

La reforma confirma el periodo de diputados y alcaldes de solo tres años, pero limita los periodos de elección para estos, que en este momento no tienen límites.

La propuesta limita la reelección a diputados y alcaldes a un máximo de tres periodos (9 años).

Aborto y eutanasia

Hasta este momento, El Salvador es uno de los pocos países del mundo -junto a Nicaragua- que no permite ninguna forma de aborto y aplica fuertes condenas a las mujeres que lo practiquen.

La reforma abriría paso a la posibilidad de legislación sobre aborto cuando la vida de la madre está en peligro.

La propuesta de reforma constitucional mantiene la disposición del artículo 1 que reconoce como persona humana “a todo ser humano en general desde el instante de la concepción” y reconoce el derecho a la vida “del no nacido como de la gestante”. Pero plantea que “en caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente”.

“Hoy por hoy el Código Penal te penaliza cualquier tipo de aborto, aunque la madre esté en peligro clarísimo de muerte, ningún médico le puede realizarle el aborto porque viola el Código, pero tenía que tener un asidero en la Constitución, es lo que estamos abriendo, estamos equiparando los derechos porque hoy por hoy el derecho de la madre no importa”, afirmó el vicemandatario salvadoreño.

Además, la propuesta abriría paso a uniones entre personas del mismo sexo, se dejaría que todas las personas tienen derecho a tener una familia y que esta “se constituye por el matrimonio” y le agregan: “y por cualquier otro vínculo jurídico”.

El paquete de propuestas también establece el derecho a “una muerte digna, previamente consentida, una vez agotados los medios científicos y naturales para el tratamiento de una enfermedad o condición médica”.

Críticas y debates

Las propuestas no han estado carentes de críticas por parte de la sociedad civil salvadoreña e incluso preguntas del cuerpo diplomático, que expresó sus dudas en un encuentro con Ulloa el pasado viernes 13.

“Hay que poner atención el momento en que se quiere llevar a cabo la reforma Constitucional. El doctor Félix Ulloa tiene más de 10 años de proponer reformas y ahora encuentra la oportunidad que no tuvo con gobiernos anteriores”, señaló el politólogo Álvaro Artiga en un foro sobre las reformas organizado por el local Canal 21.

Para Artiga, en la actual discusión de la reforma constitucional “podría existir cierto nivel de exclusión de otras corrientes de pensamiento constitucionalista, cuya ausencia podemos lamentar luego”.

El otro riesgo que señala el politólogo es “que muchos pidan una cosa no necesariamente es bueno, el contenido de las reformas constitucionales hay que discutirlo con todos los sectores de la sociedad”.

“No me parece la idea de alargar a seis años el período presidencial, incluso los Estados Unidos tiene un período presidencial de cuatro años. Si el criterio es el de ahorrarnos elecciones los períodos deberían de acortarse”, señaló Artiga.

Pero Marlon Harold Cornejo, miembro de la comisión ad hoc que impulsó las reformas, defiende el proceso y las propuestas.

“Antes de que fueran colocadas en el sitio web, ya existían críticas de que este era un proyecto reeleccionista, que iba a ser retroactiva, me parece que esas personas que hicieron esas críticas debiesen haber pedido unas disculpas públicas. Todo es absolutamente falso, no se está proponiendo reelección, no se están tocando cláusulas pétreas”, dijo Cornejo en el mismo foro.

“Las críticas negativas a la reforma constitucional son una reacción visceral e irresponsable que, previo a la publicación del anteproyecto, buscaron desinformar”, enfatizó.

Sobre la ampliación del periodo presidencial, Cornejo explicó que “la propuesta de ampliar el período presidencial a seis años, cuyo objetivo es homologar elecciones, estaría proyectado para cobrar vigencia en 2029”.

Adolfo Muñoz, secretario del equipo ad hoc para estudiar las propuestas de reformas constitucionales, dijo que “las posiciones radicales” contra el proyecto “probablemente devienen” de que la forma de la propuesta “es histórica e inédita” porque no proviene de un golpe de Estado.

“Todas las Constituciones de nuestro país han venido como consecuencia de un golpe de Estado, y ahora es la primera vez que se propone un esfuerzo para no tener que romper el Estado constitucional, ya no debería jamás de existir esa palabra en la historia a futuro de nuestra nación”, sostuvo Muñoz.

“Nada de lo que se ha introducido es una cosa que nosotros nos hemos inventado. Acá, sobre todo en la parte de derechos, de la parte dogmática, son garantías en las que en otros países ya se gozan, pero los sectores que promulgan por promover el statu quo a través de desinformación tratan de hacerle creer a la población que no es en su beneficio, es absolutamente irónico, es heredarle a la población la Constitución más garantista de nuestra historia”, agregó Muñoz.

Suspicacias sobre el referéndum

Para el abogado Roberto Burgos, la propuesta de reforma constitucional que el Ejecutivo lleva adelante bajo el liderazgo del vicepresidente, “parte de una premisa falsa y peca de inconstitucional por un vicio de forma”.

“El argumento que sostiene como base es que se le devolverá a la población la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones sobre la reforma constitucional, cuando esta es una facultad que ya ejerce por medio de sus representantes en el Parlamento, en donde, de acuerdo con el sistema creado en 1983, el diputado es también un constituyente permanente, pues con un número predeterminado de sus colegas puede promover una reforma constitucional que de ser aprobada, debe aún ser ratificada por la legislatura siguiente”, explicó Burgos a Expediente Público.

“Es decir, el proceso de reforma no sólo permanece latente para casi cualquier tema, exceptuando la forma de gobierno y el sistema político, sino que además existe una legitimación política directa que nace del voto mayoritario”, agregó Burgos.

Según este abogado y académico, especializado en temas de transparencia, la Constitución de El Salvador todavía vigente dispone un procedimiento de reforma, el cual, de respetarse, permitiría llevar a la realidad los aspectos sugeridos por el vicepresidente Ulloa en la legislatura 2024-2027.

“Bajo estas premisas falsas se impulsa un proceso de reforma que, si bien puede resultar necesario, resta desde un principio de legitimidad a un proceso que tradicionalmente aspira a la cohesión social y no a la polarización”, sostiene.

El abogado Eduardo Escobar, director del ONG Acción Ciudadana, lo explica así a Expediente Público: “Si se está planteando que (el referéndum) no se pueda utilizar para la reelección inmediata, no hay que dejar de lado que se puede introducir una reforma a las prohibiciones referente a qué se puede someter o no a consideración del referéndum de aprobaciones de reformas a la Constitución, puede cambiar la regla que prohíbe que se reforme”.

Escobar se basa en que será más fácil modificar la Constitución, quitando la exigencia de la aprobación por una nueva Asamblea Legislativa y dejando el único requisito de tener la ratificación popular.

Inquietud diplomática

Ulloa ha defendido su proyecto por todos lados y el viernes 13 de agosto sostuvo una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador.

En el encuentro, la Encargada de Negocios de los Estados Unidos, Jean Manes, les habría externado sus inquietudes sobre una eventual consulta pública y si estaría relacionada con la reelección o extensión del mandato presidencial.

Ulloa respondió que el referendo será aplicado bajo la normativa de una eventual Ley de Consultas Ciudadanas y que “en ningún caso servirá para prorrogar el mandato presidencial o permitir la reelección inmediata”.

Sobre la discusión del anteproyecto de reformas y su aprobación en la Asamblea Legislativa, Ulloa reiteró que la responsabilidad del equipo ad hoc “es entregárselo al presidente Nayib Bukele, quien decidirá cómo y cuándo lo entrega a la Asamblea”, donde asegura “implica una amplia discusión de todo proyecto”, pero que no puede opinar sobre el proceso por respeto a la separación de poderes entre los órganos Legislativos y Ejecutivo.

En cuanto a las cláusulas pétreas que establecen el sistema político salvadoreño, el embajador de Chile, Renato Sepúlveda, cuestionó si serían reformadas, considerando que el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa es a fin al Gobierno. Ulloa respondió: “No hemos tocado nada”.

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