*Por MARVIN DEL CID, SONNY FIGUEROA | Tomado de Vox Populi
La farmacéutica La Botica, S.A. ha conseguido Q202 millones en contratos con el Estado tras la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia. Detrás de la compañía se encuentra el empresario de la industria de las medicinas, Francisco Valdés Paiz, quien acompañó al ahora mandatario durante la campaña electoral de 2019 y con quien compartió prisión en 2010 en la cárcel Mariscal Zavala.
Junto a Valdés Paiz opera su hijo adoptivo, Jairo Ernesto Ponce Fernández, a quien se le conoce como “cuto”. Él fue el encargado de comprar en nombre del exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez la empresa Suplementos Alimenticios Saludables, S.A. con la que opera la Cervecería Chapultepec en Guatemala, una franquicia mexicana.
El “cuto” fundó La Botica junto a su hermano, Francisco José Valdés Alvarado y con Sara María Batres Gil, quien es esposa del salvadoreño, Arturo Alejandro Escobar Araujo, actual representante legal de Helios, S.A., que ha obtenido contratos por más de Q80 millones en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Sara María Batres Gil es hija de Carlos Arturo Batres Rivera, propietario de las Farmacias Batres y exdiputado por el departamento de Quiché por el desaparecido Partido Patriota (PP). En redes sociales se documentó una alianza entre las Farmacias Batres y La Botica, S.A. para vender y distribuir medicamentos.
Guatemala es uno de los países de Centroamérica en donde los medicamentos son más costosos porque las autoridades no regulan los precios y de esa manera beneficia a los grupos de poder. Los empresarios farmacéuticos son parte de las estructuras que han cooptado el Estado e investigaciones penales lo han confirmado.
Por ejemplo, Gustavo Alejos Cambara fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom (y financista de varios políticos, entre ellos, Sandra Torres). Desde esa posición privilegiada se convirtió en operador político y obtuvo poder para lograr negocios con el Estado a través de las farmacéuticas en las que era socio.
Alejos Cambara se convirtió en proveedor de medicinas del IGSS y Ministerio de Salud a través de las empresas JI Cohen, Droguería Colón, S.A y Evolución Farmacéutica, S.A. en las que trabajó y fue socio. Fue procesado por varios casos de corrupción y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo incluyó como uno de los líderes del caso “negociantes de la salud”.
Durante el gobierno del Partido Patriota la entonces vicepresidenta Roxanna Baldetti (condenada y procesada por casos de corrupción) amasó una fortuna que incluía varias propiedades, siendo una de estas la finca La Montagna, un obsequio de los hermanos Fernando y Luis Eduardo Jarquin Pira (dueños de los restaurante Katok y Paulinos).
En esa administración la familia Jarquin a través de su empresa Agencia Farmacéutica Internacional, Sociedad Anónima (Agefinsa) se convirtió en una de las principales proveedoras de medicinas e insumos del Estado. Entre 2012 y 2014 obtuvo más de Q900 millones en contratos con el Ministerio de Salud e IGSS.
La pandemia del COVID-19 ha dejado más de 18 mil 500 fallecidos, causando dolor y sufrimiento a miles de familias guatemaltecas, pero para la familia Valdés Paiz se convirtió en una oportunidad de negocios para aumentar su fortuna por la amistad que tienen con el actual presidente Alejandro Giammattei.
La Botica: un negocio de la familia Valdés Paiz (y Batres)
La familia Valdés Paiz tiene un conglomerado de empresas que incluye, entre otras, la compañia Farmacéutica Lanquetín, S.A. que en los tres años del actual gobierno le ha vendido al Estado más de Q111 millones. Según registros públicos desde 2004 esta empresa ha abastecido al sistema público de salud medicamentos por más de Q1 mil millones, siendo uno de los principales proveedores.
Esta familia tiene otra empresa, La Botica, S.A. en la que han logrado millonarios negocios con el Estado. En medio de la pandemia del COVID-19 le ha vendido al Ministerio de Salud y al IGSS el medicamento conocido como Remdesivir, un fármaco que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda para esa enfermedad, pues no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad.
Del 2015 al 2019, La Botica obtuvo contratos con el Estado por Q16.7 millones; sin embargo, durante el gobierno de Alejandro Giammattei se ha convertido en uno de los principales proveedores de medicamentos para tratar a pacientes de coronavirus y en la venta de pruebas para la detección del virus.
De 2020 a 2022, La Botica ha recibido contratos por Q202 millones y recientemente obtuvo un contrato abierto avalado por el Ministerio de Finanzas Públicas para que durante un año sea el proveedor del sistema de salud del fármaco Remdesivir. Este contrato le da ventaja sobre las otras empresas que comercializan este medicamento en Guatemala.
Otros fármacos que La Botica ha vendido al Estado son: Darunavir, Tenofovir, Ertapenem, Hidralazina, Difenidol, Alfuzosina, Felodipina, Octreotida, Tofacitinib, Salbutamol, Midazolam, Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabina, Tenofovir Alafenamida, Dipirona, Acetaminofén, Trometamol, entre otros.
Los cinco contratos que han representado más ingresos para esta empresa son:
- 07/10/2020: pruebas de detección de COVID-19: Q21.3 millones
- 01/12/2021: dosis de Remdesivir por Q39.1 millones
- 12/11/2021: dosis de Remdesivir por Q7.2 millones
- 03/11/2021: dosis de Trastuzumab por Q6.2 millones
- 25/10/2021: dosis de Remdesivir por Q3.2 millones
En mayo de 2021 se detectó que cerca de 20 mil pruebas de detección de COVID-19 que formaban parte del contrato de Q21.3 millones otorgado a La Botica, S.A. se vencieron porque la empresa las envió a los hospitales de Zacapa y Escuintla con una fecha de caducidad a los pocos meses. Una nota de enero de 2022 del Diario La Hora reveló que el Hospital Regional de Zacapa pidió a La Botica la reposición de las pruebas y no tuvo respuesta.
La farmacéutica fue fundada el 22 de enero de 2013 por Jairo Ernesto Ponce Fernández y Francisco José Valdés Alvarado, ambos hijos del empresario de las medicinas Francisco José Ramón Valdés Paiz. También figura como fundadora de esa sociedad Sara María Brates Gil, hija de Carlos Arturo Batres Rivera, propietario de las Farmacias Batres y exdiputado por el departamento de Quiché por el desaparecido PP.
Sara María Batres Gil, es esposa del salvadoreño, Arturo Alejandro Escobar Araujo, actual representante legal de Helios, S.A., que ha obtenido contratos por más de Q80 millones en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante el gobierno de Giammattei.
La sociedad La Botica fue constituida por el notario José Rodrigo Muñoz Orozco, quien por años ha sido el abogado de la familia Batres Gil porque les ha constituido empresas y los contratos de arrendamientos en donde operan las sedes de las farmacias Batres a nivel nacional. El actual representante legal de La Botica es Dorian Fabián Ponce Fernández, hermano de Jairo Ernesto.
La Botica ha utilizado diferentes cuentas en la red social Facebook y en una de ellas comparte información de medicamentos de las Farmacias Batres. Este elemento y sumado a la participación de Sara María Batres Gil en la empresa confirma los vínculos de la familia Batres con la familia Valdés Paiz.
Francisco Valdés Paiz, Jairo Ponce y Alejandro Giammattei
Jairo Ernesto Ponce Fernández nació el 17 de junio de 1987 en la Ciudad de Guatemala. Sus padres son Mirna Judith Fernández Mejicanos y Ernesto Ponce Sánchez. Luego de cumplir 20 años Ponce Fernández tuvo un giro en su vida, ya que Francisco José Ramón Valdés Paiz lo empezó a proteger al punto de referirse a él como su hijo.
Esa relación es narrada por Francisco Valdés Paiz en su libro: “Sin tiempo para detener el tiempo” en el que cuenta su experiencia en el caso Rosenberg. Dicho texto relata que Jairo Ernesto es cercano a su otro hijo, Francisco José y lo era con su fallecido hermano José Estuardo Valdés Paiz, a quien apodaban “Tayo”.
En el libro, Francisco Valdés Paiz explica que conoció a Alejandro Giammattei en 2010 en la cárcel Mariscal Zavala cuando él estaba en prisión preventiva por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano (hecho ocurrido en 2009), mientras que el ahora presidente estaba detenido por la ejecución extrajudicial de reos en la Granja Penal Pavón ocurrido en 2006. Este operativo denominado “Operación Pavo Real” ocurrió cuando Giammattei era director del sistema penitenciario.
Esta amistad entre ellos se fortaleció con el pasar de los años. Durante la campaña electoral de 2019 Francisco Valdés Paiz y su hijo Jairo Ponce estuvieron apoyando a Giammattei. Fuentes del partido VAMOS afirmaron a Vox Populi que fueron financistas durante esas elecciones, aunque en los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aparecen esos datos.
En esas elecciones Jairo Ponce se hizo amigo de Luis Miguel Martínez Morales que luego se convirtió en jefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, oficina que fue cerrada a finales de 2020 luego de múltiples irregularidades, entre ellas, que se contrató a los amigos de Martínez y Giammattei con sueldos por arriba de los Q25 mil.
Con la llegada de Giammattei al poder fluyeron los negocios para la familia Valdés Paiz y la amistad entre Jairo Ponce y Miguel Martínez también se fortaleció a tal grado que Ponce compró una empresa en nombre de Martínez para instalar una franquicia mexicana en Guatemala.
La primera ocasión en la que se evidenció públicamente la cercanía entre Jairo Ponce, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez fue el 4 de diciembre de 2019. Ese día el entonces presidente electo se reunió en España con directivos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Ponce Fernández se presentó como “asesor del presidente” y Martínez como “secretario particular”.
También fueron a ese viaje entre otros los entonces ministros delegados de Relaciones Exterior, Pedro Brolo y de Economía, Antonio Maloul. De igual manera, Alberto Pimentel de Energía y el diputado del partido oficial, Maynor Mejía Popol.
Otra ocasión en la que Ponce y Giammattei fueron vistos juntos fue durante la boda de Napoleón Rojas, diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN), a la que también asistió Martínez, quien ha sido inseparable del presidente durante los últimos 10 años. En la celebración Giammattei, Martínez y Ponce compartieron mesa. Varias de esas fotografías circulan en redes sociales.
De acuerdo con miembros del partido VAMOS son constantes las reuniones entre Giammattei, Ponce y Martínez en la casa en donde vive el gobernante ubicada en Vista Hermosa I, zona 15.
Los vínculos de Jairo Ponce con políticos de la UCN ( un partido afín a Giammattei)
Jairo Ponce también tiene cercanía con el partido UCN al igual que el presidente Giammattei. En el registro del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene afiliación política; sin embargo, en redes sociales existen fotografías en las que Ponce Fenandez comparte con Mario Estrada Ruano, hijo del empresario Mario Amilcar Estrada Orellana, condenado en Estados Unidos a 15 años de cárcel por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
También tiene fotografías con el actual diputado de la UCN, Jaime Lucero y con Manuel Meneses, candidato a diputado por Jalapa en las elecciones pasadas, quien es hijo de Manuel Meneses Ruíz, actual diputado de la Unión del Cambio Nacional en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ponce Fernandez también tiene amistad en redes sociales con varios diputados de ese partido político como Napoleón Rojas.
Los diputados de UCN han sido aliados del presidente Giammattei en el Congreso de la República y votan en conjunto con el oficialismo. Uno de ellos es Julio Francisco Lainfiesta Rímola, quien es uno de los operadores políticos del mandatario en el Organismo Legislativo. Su hermano, Rodrigo Lainfiesta Rímola y el primo de ambos, Juan Diego Lainfiesta Cajas, fueron acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de lavado de dinero.
La familia Lainfiesta ha financiado a diferentes partidos políticos entre ellos la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), gobierno en el que obtuvieron millonarios contratos de forma irregular. Una publicación de el medio elPeriódico reveló que durante el gobierno de Alejandro Giammattei la constructora Maya Pav del legislador Julio Lainfiesta ha recibido Q196.9 millones del Ministerio de Comunicaciones.
La UCN enfrenta un proceso de cancelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no reportar más de Q15 millones de financiamiento. Tras esta situación algunos diputados de la Unión del Cambio Nacional buscarán su reelección con el partido VAMOS de Giammattei. Esos legisladores son: Sofía Hernández, Erick Martínez, Carolina Orellana, José García, Napoleón Rojas y Jaime Lucero.
La familia Valdéz Paiz, el presidente Alejandro Giammattei y los diputados de la UNC comparten otro sentir: el rechazo a la CICIG. En sus redes sociales Jairo Ponce aparece como “cuto” y utilizó su perfil para atacar el trabajo de dicha comisión.
Julio Lainfiesta integró la Comisión de la Verdad del Congreso de la República que tenía como propósito recopilar información en contra de la comisión internacional. A esta comisión se presentó Francisco Valdés Paiz a denunciar supuestos abusos en su contra por parte de abogados de la CICIG.
El poder de la familia Valdés Paiz también se extiende al deporte. Jairo Ponce “cuto” es fanático del fútbol y por eso es integrante del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut) que es presidida por Gerardo Enrique Paiz Bonifasi, primo de su padre adoptivo Francisco Valdés Paiz. Este comité ha sido señalado de irregularidades durante los años que han tenido el control de la federación
Una historia corta: Francisco Valdés Paiz y Alfonso Portillo
Mientras estuvo preso, Francisco Valdés Paiz también conoció a Alfonso Portillo con el que hizo una gran amistad a tal punto que intentó detener el proceso de extradición del exmandatario en 2013. Este hecho también lo contó en su libro “Sin tiempo para detener el tiempo”.
“Caminé hacia el calabozo, prendí el televisor y en efecto informaban cómo de forma prepotente, a pesar de su estado de salud, Alfonson (Portillo) era sacado con lujo de fuerza del hospital. Saqué mi bolsa de fichas, pedí permiso y llamé a mis hijos para que fueran al Centro Médico Militar para apoyar a Alfonso en lo que fuera necesario. Luego llamé al Organismo Judicial para interponer un recurso de exhibición personal a su favor, buscando, en una reacción desesperada, detener la extradición”.
Tras cumplir su condena en Estados Unidos y ser extraditado, Portillo buscó llegar al Congreso de la República con el partido TODOS en las elecciones de 2015, pero el Tribunal Supremo Electoral le negó la inscripción por haber sido condenado en Estados Unidos por aceptar US$2.5 millones en sobornos del gobierno de Taiwán para seguir manteniendo reconocimiento diplomático a la isla asiática.
Ese año, el hijo adoptivo de Francisco Valdés Paiz, Jairo Ponce también iba a buscar una diputación con la agrupación TODOS, pero su participación fue prohibida por el ente electoral por ser contratista del Estado.
La Botica y la Cervecería Chapultepec
La farmacéutica La Botica, La Cervecería Chapultepec, Francisco Valdés Paiz, Jairo Ponce y Miguel Martínez tienen un elemento en común. Las empresas y sus propietarios usan los servicios del abogado y notario, Sergio Antonio Escobar Esteban.
La Cervecería Chapultepec es una franquicia mexicana vinculada al exjefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Un negocio manejado a través de sus amigos, José Heliodoro Gatica Montúfar y Ronald Ómar Ávalos Calderón, quienes tienen el control financiero de la empresa.
Suplementos Alimenticios Saludables, Sociedad Anónima es la empresa dueña de la franquicia mexicana en Guatemala. Esta compañía fue fundada en 2004 por los empresarios Luis Humberto Preti Valenzuela y Jaime Alfonso Luna Braunschweig.
A través de una llamada telefónica Vox Populi se contactó con Preti Valenzuela para cuestionarlo sobre la empresa que constituyó. El empresario aseguró que esa sociedad vendía el fármaco Magnesita y lo hacía a través de la farmacéutica La Botica, S.A. propiedad de la familia Valdés Paiz.
En la conversación aseguró que en 2021 vendió Suplementos Alimenticios Saludables, S.A. (ahora propietaria de La Cervecería Chapultepec) a La Botica, S.A. porque atravesaba problemas financieros. Explicó que el negocio se hizo con Jairo Ponce.
“Esa fue una empresa que fue mía con un mi socio hace unos años y la vendimos. La vendimos como hace unos años, se vendió a la empresa La Botica. Jairo (Ponce) fue uno de los que hizo el negocio con nosotros. Nosotros teníamos un producto que se llamaba magnevita es un suplemento que sirve para deportistas para que no den calambres, para dolores de espalda. Nosotros sacamos la idea de un producto de El Salvador que es muy famoso, desde hace 15 años empezamos a comercializarlo con mi socio. El producto era buen producto y La Botica fue nuestro distribuidor por varios años hasta que les dijimos: vamos a cerrar, ¿les interesa comprar la marca y la sociedad? porque tenemos deudas. Fue así como nosotros se las ofrecimos a ellos”.
Luego de que La Botica adquiriera a la empresa Suplementos Alimenticios Saludables se nombró como presidente del consejo de administración y representante legal a Kevin Alberto Siliezar Villagrán. Una persona que asegura que trabajó en la farmaceutica Lanquetín de Francisco Valdés Paiz.
El 5 de marzo de 2021 el notario, Sergio Antonio Escobar Esteban, autorizó el acta en la que Kevin Alberto Siliezar Villagrán fue nombrado como presidente del consejo de administración y representante de la sociedad dueña de La Cervecería Chapultepec. Escobar Esteban también autorizó por medio de un acta que la empresa tuviese un nuevo giro de negocios. Pasó de vender medicamentos a vender bebidas alcohólicas.
Escobar Esteban es uno de los abogados de confianza de la familia Valdés Paiz, ya que les ha constituido empresas y también les ha trabajado otros documentos legales. La Botica, S.A. es un ejemplo y que se constituyó el 22 de enero de 2013 y su primera representante legal fue Elia Carolina Recinos Morales.
Durante una sesión de la Asamblea General de Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la compañía que se realizó el siete de enero de 2021 se decidió nombrar a Dorian Fabian Ponce Fernández, hermano biológico de Jairo Ponce, como administrador único y representante legal de la compañía durante tres años.
En esa reunión a Dorian Fabian también se le nombró como presidente del consejo. Como vicepresidenta se eligió a Ximena Valdés Alvarado y como secretaria del consejo a Ana Cecilia Valdés Alvarado, ellas son hijas biológicas de Francisco Valdés Paiz. El acta del consejo la realizó el notario Sergio Antonio Escobar Esteban.
Para tener la versión de Jairo Ponce se le fue a buscar a las oficinas de la Botica ubicadas en la 20 calle 24-26 zona 10, oficina 14 del complejo Ofibodegas Pradera. Una trabajadora del lugar que se negó a identificarse dijo que no conocían a Ponce: “Él no trabaja aquí y no le podemos dar mayor información (…) no lo conocemos, yo no sé nada”, resaltó.
De igual manera se preguntó por los hermanos de Ponce (Ximena Valdés, Ana Cecilia Valdés, Franciso José Valdés y Dorian Fabian Ponce), pero la misma mujer dijo que estaban ocupados y que no nos podían interrumpir.
Por medio de una tercera persona, Francisco Valdés Paiz buscó un acercamiento con los periodistas de Vox Populi para dar su versión en esta investigación. Se le propuso una reunión y no se tuvo respuesta.
El 23 de agosto de 2019 el notario Sergio Antonio Escobar Esteban constituyó la sociedad Construmex cuyos fundadores son Jairo Ponce y el méxicano, Hugo Gutierrez Galvan de 28 años, quien se identificó con el número de pasaporte G-06394771. Jairo Erneso es el actual representante de la empresa.
Según el Registro Mercantil el actual gerente general de Construmex es Francisco José Valdés Alvarado, hermano adoptivo de Ponce Fernández. Esta empresa se dedica al desarrollo inmobiliario, uno de los negocios de la familia Valdés Paiz. Actualmente no tiene contratos con el Estado, según se pudo constatar.
El trabajo del abogado y notario Sergio Antonio Escobar Esteban no se limita en constituir y modificar sociedades vinculadas a la familia Valdés Paiz. En 2013, fue uno de los que auxilió al también abogado Gabriel Orellana Rojas para que presentara una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Otro de los abogados que auxilió a Orellana Rojas fue Juan Francisco Capuano Enríquez, quien fue abogado defensor de Francisco Valdés Paiz en el caso Rosenberg. Capuano Enriquez fue quien también acompañó a Valdés Paiz para presentar su caso ante la Comisión de la Verdad del Congreso de la República que tenía como propósito recopilar información en contra de la comisión internacional.
Esta acción presentada por Gabriel Orellana Rojas, Sergio Antonio Escobar Esteban y Juan Francisco Capuano Enríquez fue declarada sin lugar por la Corte de Constitucionalidad, a Escobar Esteban y Capuano Enriquez se le impuso una multa.
Rendesivir: el medicamento no recomendado
El 20 de noviembre de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el Ensayo clínico Solidaridad sobre tratamientos contra la COVID-19 con el propósito de proporcionar resultados sólidos sobre si algunos fármacos pueden salvar vidas en personas hospitalizadas con COVID-19 en condición grave o crítica.
En este estudio participaron 14 mil 200 pacientes de 600 hospitales ubicados en 52 países, así como 2 mil investigadores. En el caso del Remdesivir se estableció que “los resultados preliminares sugieren que este fármaco tuvo poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con COVID-19, según lo indicado por la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria”.
Posteriormente, en un comunicado de prensa la OMS explicó que se “ha publicado la recomendación condicional de que no se utilice Remdesivir en pacientes hospitalizados, independientemente de la gravedad de la enfermedad, ya que actualmente no hay pruebas de que Remdesivir mejore la supervivencia y otros desenlaces en estos pacientes”.
Cuando se hizo el estudio las pruebas apuntaron a que no había ningún efecto importante en la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, el tiempo de mejora clínica y otros resultados importantes para el paciente de coronavirus; sin embargo, en Guatemala el uso del fármaco si fue aprobado por el Ministerio de Salud.
El Remdesivir es un antiviral de la empresa farmacéutica estadounidense Gilead Science y otras empresas han producido genéricos. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud no ha realizado otro estudio para medir el impacto del medicamento que en Guatemala se aplica a los enfermos de COVID-19.
El uso del Remdesivir en Guatemala se aprobó en junio de 2020 cuando Hugo Monroy era el encargado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A las primeras empresas que empezaron a vender este medicamento se les otorgó la licencia sanitaria en julio de ese año, siendo uno de estás La Botica.
El contrato más elevado que recibió La Botica es de Q39.09 millones por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para comprar 15 mil 734 dosis de Remdesivir a un precio unitario de Q2 mil 485 para tratar a pacientes de coronavirus. Con esto se abastecieron diez hospitales del seguro social.
En dicho concurso que se habilitó el 28 de octubre de 2021 participaron cinco empresas, de las cuales tres cubrían la cantidad de dosis que requería el seguro social. La Botica ofreció el precio más alto, mientras que la farmacéutica Pharmoz, S.A. otorgaba las dosis por Q29.8 millones, pero no contaba con licencia sanitaria.
Pharmoz, S.A. presentó una inconformidad al IGSS señalando que tenían un mejor preció y denunciaron que el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA) del Ministerio de Salud atrasaba la entrega de su registro sanitario. Señalaron que existe un “modus operandi” para retrasar la entrega de este documento a otras farmacéuticas y favorecer en este caso a La Botica, Sociedad Anónima.
Las inconformidades fueron rechazadas por la junta licitadora del IGSS bajo el argumento que ellos no elaboraron las bases del concurso, sino era el departamento de compras.
Otro caso en el que se benefició a La Botica, S.A. con un contrato en el Estado fue el 3 de noviembre de 2021. El Hospital Regional de Cuilapa ‘Guillermo Fernández Llerena’ adjudicó un contrato por Q6 millones 237 mil para la compra de 2 mil 500 dosis de Remdesivir. Ese concurso también fue impugnado por la empresa Pharmoz, S.A. que presentó una oferta menor a la de La Botica por Q1.4 millones.
Los contratos en los que la farmacéutica La Botica, S.A. abasteció de Remdesivir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fueron impugnados por otras empresas que ofrecían.
La Botica, una empresa de la familia Valdés Paiz, es el reflejo del poder de los empresarios farmacéuticos en Guatemala que gozan de privilegios desde el Estado cuya fortuna se incrementó con la pandemia de COVID-19.