Opinión / Ensayos · 09/07/2024

“El presidente ahora es rey”

Ni más, ni menos, el encabezado de este artículo fueron las palabras de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Sonia Sotomayor, al referirse al histórico fallo 6-3 de dicha Corte, que reglamenta por primera vez, que los presidentes tienen amplia inmunidad ante una acusación criminal. El insólito fallo, que quebranta el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos de 1787, considerado como el nacimiento del constitucionalismo moderno, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que expresamente indica el principio de igualdad: “Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…” Y el destinatario del controversial fallo es el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, acusado en Washington por cargos criminales en la asonada que trató de revertir su derrota electoral en 2020, quien publicó en letras mayúsculas en sus redes sociales como respuesta: “GRAN TRIUNFO PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA, ORGULLOSO DE SER AMERICANO”.

Lo anterior, no es más que el resultado de la actuación de una clase política, que actúa deliberadamente minando la institucionalidad y vulnerando la independencia de los poderes del Estado, a través del nombramiento de funcionarios fieles a partidarismos e ideologías que respalden sus intenciones de perpetuarse en el poder, deshacerse de voces críticas a su gestión y criminalizar todo aquello que represente los intereses ciudadanos. Y la praxis indica que son pocos los países que tienen algún blindaje contra esos oscuros intereses de los políticos, y aunque no podemos generalizar, es evidente que es la actuación prevalente de quienes se dedican profesionalmente a la actividad política.

Considerando el caso Nicaragua, inmerso históricamente en la dinámica de mantener altos niveles de impunidad e inmunidad para la clase política, parece ser que el sector más visible de la misma y los poderes fácticos conspiran para deshacerse del orteguismo, pero no del sandinismo, tratando de maquillar un inexistente Estado de Derecho y preservar un modelo socioeconómico con todas las trabas posibles que mantengan la inamovilidad social, y consecuentemente una vergonzante distribución del ingreso.

Hay voces expertas en el tema y evidencias suficientes, que están encendiendo las alarmas, advirtiendo de lo que se cocina por debajo de la mesa, que potencialmente dejaría en la impunidad los crímenes de la dictadura, así como la corruptela económica que ha defraudado al Estado por miles de millones de dólares en exoneraciones y otras manipulaciones financieras.

Si todas son invenciones, los políticos profesionales deben dar la cara y demostrar la falsedad de tales afirmaciones, el silencio sólo los convierte en sospechosos. 

Ezequiel Molina

Julio 9, 2024