La apuesta de El Salvador por tener un grupo que supervisara los gastos gubernamentales durante la pandemia de Covid-19 se está yendo a pique. Este martes 12 de mayo renunciaron los cinco académicos y empresarios que representaban a la sociedad civil en el comité que auditaba los 2.000 millones de dólares con los que el Gobierno quiere atacar los efectos económicos del brote pandémico.
Aunque las tensiones de varios de ellos con el presidente Nayib Bukele vienen de antes, tras su renuncia se destapó una ola de críticas de lado y lado que todavía no han sido suficientemente probadas.
La historia de este comité comenzó el 26 de marzo, cuando la Asamblea Legislativa le permitió al Gobierno de Bukele crear el Fondo de Emergencia y Recuperación y Reconstrucción Económica. Con esto, el país puede emitir títulos valores para obtener dinero y buscar otras fuentes de financiación para costear los programas que ayudarán a reactivar las finanzas del país centroamericano.
La única condición del Congreso fue crear un comité que supervisara todos los gastos, que aprobara los programas de transferencia monetaria y que definiera la estrategia de la reactivación económica. Este nuevo grupo debía estar conformado por seis funcionarios del Gobierno y cinco representantes de la sociedad civil, que iban desde la Cámara de Comercio hasta académicos vinculados a la universidad jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Además, también estaban la Asociación Nacional de la Empresas Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades).
Fue así que entraron al comité personajes como Javier Simán, el presidente de la ANEP y quien además fue precandidato presidencial en las elecciones de 2019, donde resultó ganador Bukele.
Inicialmente, las cosas parecían ir por buen rumbo, pues todo el comité juramentó a los pocos días de la condición del Legislativo. Pero con el tiempo, las relaciones se fueron agrietando hasta llegar al punto de quiebre más de un mes después. Y es allí donde comienza el debate entre un lado y el otro.
Los representantes se quejan de falta de información
Los cinco gremios que renunciaron al comité supervisor coinciden en decir que dejan sus cargos porque el Gobierno no les presentó los programas a auditar.
Aunque la Asamblea Legislativa fue clara en decir que el comité debía auditar los recursos del fondo para la reactivación económica y que su aval era necesario para que el Ejecutivo presentara cualquier modificación del presupuesto, los representantes salientes sostienen que esto nunca ocurrió.
La ANEP dice que el Gobierno utilizó recursos sin pasar por el filtro del comité y que además este grupo nunca supo cómo se los gastó el Ejecutivo. “A la fecha no se cuenta con un informe oficial de los fondos utilizados, ni los criterios de distribución de las transferencias monetarias a las familias, ni de las gestiones de fondos realizadas, ni de un presupuesto extraordinario”, señaló la ANEP en el comunicado con el que renuncian al grupo. Dichos recursos incluyen 400 millones de dólares que el Gobierno dedicó a 1,5 millones de familias durante la pandemia, además de otros recursos que el Ejecutivo invirtió en la reparación de la red hospitalaria y repartición de abono, semilla y alimentos.
Otras voces como la de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y la de Fusades coinciden en decir que jamás conocieron el plan de cómo serían las inversiones y que no tuvieron los instrumentos para “realizar un seguimiento adecuado de auditoría”, a pesar de que la Asamblea Legislativa lo ponía como una de sus funciones.
Es por eso que los cinco representantes dicen que renunciaron para evitar ser responsables con su propio dinero de las decisiones que Bukele tomaba de manera “arbitraria y unilateral”, como lo calificó Simán.
Bukele sostiene que las razones son otras
Pero, aunque los antiguos miembros del Comité sostienen que se van porque el Gobierno actuó por su cuenta, Bukele se defiende y dice que realmente la renuncia se debe a que ellos no querían presentar su declaración de patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el presidente, los cinco miembros se retiraron “luego de conocer que debían presentar declaración jurada de patrimonio al inicio y al final de su participación en el comité” y también después de que se les informara que no podían contratar con el Estado mientras estuvieran en el grupo auditor.
“Ellos debieron someterse al escrutinio público y no quisieron hacerlo”, señaló Bukele en el comunicado que publicó en su cuenta de Twitter tras conocer la renuncia de los representantes civiles.
La postura del Gobierno es que ellos no recibieron dinero sin detallar de dónde lo tomaban y para reiterarlo, el mandatario dedicó más mensajes en redes sociales sobre la salida de los cinco personajes empresariales y académicos. Dijo además que todo era un sabotaje en contra del Gobierno e, incluso, desconoció a Simán como vocero de la empresa privada ante el Gobierno.
Frente a la discusión de un lado y otro, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo este martes en una entrevista con un medio local que esperará los detalles que le entregue el comité y que por ahora no opinará hasta no conocer más detalles de lo que realmente sucedió.
Las tensiones con las otras ramas del poder
El estilo de Bukele al publicar mensajes en Twitter en medio de las diferencias políticas no es una novedad. En poco más de 11 meses que ha ejercido como presidente de El Salvador, el mandatario también ha tenido momentos tensionantes con el Congreso y con la Corte Suprema.
Su relación no comenzó particularmente bien con la Asamblea Legislativa y se terminó de congelar en febrero de este año, cuando Bukele entró con militares armados al recinto y amenazó con disolver la plenaria si el Legislativo no aprobaba el préstamo con el que el presidente financiaría su plan de seguridad en contra, principalmente, de los maras o pandillas que pululan en El Salvador.
Luego, la pandemia complicó más la relación, pues Bukele insistió todo lo posible en mantener las fronteras del país cerradas, a pesar de que la Asamblea optaba por repatriar a los connacionales que quedaron por fuera desde que comenzó el brote de Covid-19.
Por otra parte, el Ejecutivo también ha tenido diferencias con la Corte Suprema, pues Bukele autorizó las detenciones de todo el que incumpliera el aislamiento obligatorio que rige en todo el país, mientras que la Corte le ordenó que cesara los arrestos a los que calificó de arbitrarios.
Pero Bukele publicó en su cuenta de Twitter el pasado 15 de abril que no acatará la orden. Al 12 de mayo, en su perfil se siguen compartiendo mensajes sobre la medida, asegurando que hasta el momento han retenido a 227 personas por infringir el confinamiento obligatorio.
Es así como el Ejecutivo salvadoreño suma una nueva desavenencia con los miembros del comité supervisor de los fondos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que hasta la fecha deja 20 víctimas mortales y 998 personas contagiadas.
*Con información de EFE