*Por Ezequiel Molina
El título de este artículo (sin el entre paréntesis), ha sido repetido innumerables veces en diferentes lugares del mundo donde se desarrollan elecciones de autoridades locales o nacionales, que pasarán a formar parte de una élite política encargada de tomar decisiones, que en teoría, apuntan a la búsqueda del bien común. Esta élite política debe trabajar conjuntamente con la élite burocrática, encargada de dirigir las entidades públicas que procuran, y es su misión de vida, a través de un coherente menú de políticas públicas, a que el «bien común», prometido durante las campañas electorales por las élites políticas, se materialice y pase de ser una promesa electoral, a una realidad en desarrollo.
Sin embargo, la acción orquestada entre las élites políticas y las élites burocráticas no debe alcanzar la coalescencia, las élites políticas deben ser electas por democracia y las burocráticas por meritocracia, la efectividad e independencia de ambas ayudan, en gran medida, a definir la calidad del gobierno. En un país donde las élites políticas definen la elección de los cargos burocráticos, la posibilidad de que se desarrollen esquemas de corrupción que llevan al enriquecimiento ilícito de ambos grupos, aumenta exponencialmente, las contrataciones basadas de hecho, en lealtades políticas, prevalecen sobre las regulaciones legales, fusionando así los destinos de los burócratas a los de sus jefes políticos. La meritocracia tiene mayores posibilidades de efectividad cuando los pares profesionales influyen en la elección de los burócratas, incrementando sustantivamente las posibilidades de un gobierno de calidad.
El panorama de la Nicaragua actual, dista mucho de un escenario sociopolítico donde se discutan libremente temas, que por su importancia, deben alcanzar la mayor participación ciudadana posible y, consecuentemente, lograr un sólido consenso que garantice la paz social y la estabilidad económica. Sería imprudente y falto de lógica, pensar que la dictadura sandinista será eterna, debemos mantener un nivel adecuado de reflexión ciudadana, que permita en el futuro cercano, la claridez necesaria para emprender los cambios pertinentes que redefinan con transparencia el rol que debe jugar una nueva clase política, así como las necesarias transformaciones del Estado, que le conviertan en un instrumento efectivo para atacar la pobreza, el desempleo, la corrupción y el anquilosado e ineficiente modelo de distribución del ingreso.
En noviembre próximo podrían realizarse elecciones municipales, para legalizar oficiosamente y no legitimar, a centenares de concejales y 153 alcaldes en igual número de municipios; todos sabemos, y eso incluye a Ortega, su camarilla y su cada vez más diezmada, cansada y desmoralizada masa de fanáticos, que la farsa total sólo será un total fracaso político, que a lo sumo servirá para ratificar las lealtades políticas en los territorios, mediante un perverso esquema prebendario, muy efectivo en la inmediatez, pero que en el mediano plazo se sumará a otros factores que erosionan la corroída «base sandinista», principalmente por la marginalidad manifiesta asignada a los denominados «sandinistas históricos».
Para finalizar, incorporamos el entre paréntesis del título del presente artículo, porque el silencioso enigma electoral sigue vigente igual que en 1979, cuando la mayoría, silenciosamente optó por derrocar a Somoza, y diez años después, nuevamente y en silencio, dieron al traste con la primera dictadura sandinista, mediante el voto popular. Esta vez, el silencio es la principal arma conspirativa de una mayoría, a la que la dictadura y sus órganos de seguridad, inteligencia y represión, desean identificar a plenitud, pero que fracasan aparatosamente en su intento, y es que la conspiración está arraigada en sus propias entrañas.
Julio 4, 2022.