Por Expediente Público
- Después del fiasco en las elecciones generales de 2021, en noviembre de este año las votaciones municipales se efectuarán en territorios donde la oposición fue desarticulada, porque sus líderes están detenidos, exiliados o temerosos de organizarse.
- El régimen incrementó para 2022 sus asignaciones presupuestarias para las municipalidades sandinistas en 12%, mientras que el incremento en las alcaldías opositoras fue cero.
- El control del sistema electoral, de las transferencias presupuestarias a las municipalidades y contar con las estructuras de activismo político y paramilitar, favorece al gobernante FSLN para conservar o aumentar las 135 alcaldías en su poder de las 153 existentes.
Era abril de 2018. Un mes de mucho calor en Nicaragua. La chispa rebelde de un pueblo golpeado por las políticas represivas, se hizo notar en los primeros 18 días. En los meses siguientes fueron asesinados más de 355 nicaragüenses, entre ellos Francisco Sobalvarro Altamirano. Varios disparos de fuerzas paramilitares, presuntamente armadas por el alcalde sandinista de Sébaco, Luis Martínez Medal, entraron por su espalda y perforaron sus pulmones y riñones.
Sébaco era el lugar de origen de Sobalvarro, un municipio del departamento de Matagalpa al norte del país. Durante el funeral, aparentemente concejales y parapoliciales sandinistas comenzaron a disparar dentro de su casa, según documentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Casi cuatro años después, Nicaragua está de cara a los comicios municipales 2022, en los que se elegirán alcaldes y concejales de 153 municipios, programados un año después de las elecciones generales del año pasado catalogadas, nacional e internacionalmente, como una “farsa electoral”.
Las alcaldías sandinistas solo cumplen los designios de la pareja presidencial, quienes, según expertos los consultados por Expediente Público, continúan desplazando a la oposición y premiando a sus fieles operadores con la reelección de los mismos alcaldes, que convirtieron las municipalidades en cuarteles represivos contra el pueblo en 2018.
“Daniel Ortega se va a imponer en todas las alcaldías, él tiene diseñado el sistema electoral para nunca perder un proceso electoral. No existen las condiciones en Nicaragua”, aseguró Luis Fley, el excombatiente de la “Contra” y ex aspirante a la presidencia por la Fuerza Demócrata Nicaragüense a Expediente Público.
El régimen se ha encargado de no dejar cabos sueltos. Si fuera una elección justa y transparente, el partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según los expertos consultados, no tendría oportunidad de ganar el porcentaje de municipalidades que actualmente administra, pero el Consejo Supremo Electoral (CSE) seguirá adjudicándole gran parte del territorio nacional.
A raíz de la farsa electoral de 2017, el FSLN controla 135 alcaldías y solamente 18 están en manos de la oposición, donde una le corresponde al ALN, once al PLC y seis al CxL, mientras que el resto fueron adjudicadas al FSLN.
Elecciones municipales sin garantías
Fley se exilió debido a la persecución desatada por el Estado previo a las elecciones nacionales de noviembre pasado en ese país. Pronosticó que Ortega va a seguir auto proclamándose ganador en más del 90% de las municipalidades.
El exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez, definió que, en el mejor panorama, el FSLN podría adjudicarse alrededor de 130 alcaldías y en el peor podría consolidarse como el ganador en los 153 municipios.
Walter Espinoza, ex candidato a la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que como institución política tiene que cargar con la crítica de ser un partido zancudo y funcional al FSLN, declaró a Expediente Público que sí participarán en las elecciones municipales de este año pues para él las garantías en las elecciones “las hace el pueblo” y especificó que si la población hubiese salido a votar masivamente en las elecciones nacionales del 2021 el CSE se “hubiera aburrido de contar votos”.
“Lamentablemente son otras organizaciones que se prestan al juego. Y es ahí donde nosotros decimos ¿están en contra del Gobierno o están favoreciendo al gobierno actual?”, se cuestionó, Espinoza.
En medio de la contienda electoral del año pasado se dio la cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos por La Libertad, tras la denuncia interpuesta por María Haydée Osuna, representante del PLC, en contra de este partido.
CxL perdió el control de 6 municipios: San Pedro de Lóvago, Chontales; Murra, Nueva Segovia; El Almendro, Río San Juan; El Cuá, Santa María de Pantasma, y San Sebastián de Yalí.
Expediente Público intentó obtener información sobre la participación del Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), pero no hubo respuesta. Tras las elecciones del año pasado, el CSE despojó a este partido del único escaño a diputado departamental por Managua.
“CCN seguirá el mismo juego de partidos colaboracionista (al régimen), no hay posibilidad de que en este momento permitan el surgimiento de otro partido. Los partidos están recibiendo 11 dólares del Presupuesto General de la República por cada voto que reciben”, expuso Fley.
“Jugada maestra” para desaparecer oposición
Ortega y Murillo a lo largo de su mandato han elaborado una maraña de juegos y estrategias para seguir conquistando el poder sobre todo el territorio nacional. Los alcaldes opositores han tenido que aprender a resistir.
Esta adquisición de territorios tiene un amplio trayecto. Desde las fraudulentas elecciones municipales del 2008 se asignó al FSLN el 60% de las municipalidades. A raíz de esto y tras las negociaciones entre Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, exdirigente del PLC se consolidó una de las expresiones de conquista de poder más significativa, la cual comenzó un proceso de centralización que fue la clave para la represión municipal, según investigación realizada por Expediente Público.
Los alcaldes opositores, indicó Núñez, no se han doblegado a los designios del régimen, sino que sus alcaldías están casi inutilizadas debido al recorte presupuestario al que se han visto sometidas, violentando así la Ley de Transferencia Presupuestaria a los municipios de Nicaragua (Ley 466).
“Les han quitado las asignaciones que por ley reciben del Presupuesto de la República, no han podido desarrollar las obras que van en beneficio de la población porque todo el presupuesto de las alcaldías es raquítico, son pobres. Sobreviven de los pagos de los impuestos de los ciudadanos”, manifestó el excombatiente de la Contra.
El cambio en la disminución de asignaciones opositoras no han sido muchos, salvo de las alcaldías de Wiwilí es un municipio del departamento de Nueva Segovia y San Pedro de Lóvago es un municipio del departamento de Chontales, cuyos alcaldes del PLC fueron despojados de sus funciones en el 2018 y en este 2022 se vio un aumento en sus asignaciones de un 61% y 22% respectivamente.
Espinoza, quien forma parte del PLC, uno de los partidos que tiene el poder territorial de 11 municipios, aseguró que el Gobierno no cumple con las asignaciones presupuestarias que les corresponde según la Ley 466 (Ley de Transferencia monetaria a los municipios de Nicaragua).
Además, señaló que es allí donde las localidades tienen que sobrevivir: “no es mucho lo que pueden hacer en obras públicas. Ellos se ajustan con el poco presupuesto que le asigna a través de las transferencias municipales más que adquieren de sus impuestos interno”, explicó Espinoza.
“Las estrategias de Ortega de conquistar por la fuerza, de dejar sin bienes a sus opositores, de capturar a la gente que opina diferente, de perseguirla y sacarla básicamente del Estado, desterrar, exiliar; son cosas que hacían los seres humanos en sociedades pre moderna”, desarrolló Núñez.
Organización que favorece al FSLN
“Básicamente las alcaldías son el brazo operativo de Ortega, la mayoría de los paramilitares y activistas políticos del día a día están en las alcaldías”, evidenció Núñez.
La implantación de un ambiente represivo contra alcaldes y partidos opositores es una de las tácticas implementadas: en 2019 tomaron la alcaldía de Mulukukú que llevó al exilio a Apolonio Fargas, alcalde del PLC; en el 2020 con la destitución de la alcaldesa liberal, Reyna Hernández y la cancelación de personería jurídica del CxL en el 2021.
Este “brazo operativo” fue reforzado desde el regreso de la pareja presidencial al poder en 2008, con la creación del Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC), que es representado por el secretario político que finalmente es quien da el aval para las ejecuciones de las funciones de los alcaldes.
Con el dominio en aumento de casi la totalidad de municipios, la centralización se vio “consolidada” y las funciones de las alcaldías comenzaron a acoplarse a la agenda que tienen desde El Carmen, residencia de Ortega y Murillo en Managua, según la investigación realizada por Expediente Público.
El 20 de abril del 2018 en medio de una protesta cívica, Orlando Francisco Pérez fue asesinado en la ciudad norteña de Estelí por miembros de la Juventud Sandinistas (JS) con dos impactos de bala en el tórax. Según la autopsia realizada 10 días después, la bala provenía de un arma de alto calibre disparada desde una “posición superior”, es decir desde arriba de un edificio.
Fue hasta en noviembre de 2021 que un destello de justicia fue entregado a la familia del joven en forma de sanciones provenientes de Estado Unidos, Reino Unido y Canadá en contra de Francisco Valenzuela, el alcalde de Estelí, señalado de cómplice y perpetrador de la represión desmedida desatada desde hace cuatro años.
“Si no hay cambio en el sistema electoral, sin la reconstrucción de los derechos y la libertad a los prisioneros políticos, no podrá haber elecciones libres ni confiables. Daniel Ortega va a hacer sus elecciones y se va a adjudicar las alcaldías y a eso no se le puede llamar un proceso electoral, eso es una farsa nuevamente”, finalizó Fley.