Nicaragua vive una crisis socio-política desde 2018, cuando estalló una ola de protestas ciudadanas masivas en todo el país y el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, respondieron con una política de represión que se mantiene hasta la actualidad. La crisis se ha prolongado en el tiempo y sus efectos trascienden el ámbito político, en tanto han incrementado sustancialmente los niveles de pobreza y desempleo, así como la inseguridad y la violencia. Este escenario se ha agravado con dos acontecimientos recientes: la pandemia del coronavirus y la devastación causada por dos huracanes que asolaron al país en noviembre de 2020.
En medio de ese complejo contexto, las elecciones generales que, según la ley, deben celebrarse a finales de 2021 se consideran como un punto de inflexión para recuperar la democracia y que el país pueda afrontar de mejor manera sus serios retos económicos y sociales. Esto no es extraño si se tiene en cuenta el antecedente establecido en 1990, cuando los resultados electorales de ese año facilitaron una transición hacia la democracia. Sin embargo, en esta ocasión el camino hacia un desenlace similar está plagado de dificultades y retos que atañen directamente a los actores políticos.
La primera dificultad se refiere a las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en libertad, con transparencia y que se respeten los resultados. En la actualidad, el sistema electoral está controlado por Ortega, quien rompió el equilibrio entre los poderes del Estado desde su llegada a la Presidencia en 2007. De esta forma, el ejercicio del voto ha venido perdiendo legitimidad y confianza entre los ciudadanos; especialmente en los últimos cinco años, cuando se registraron altos niveles de abstención en los procesos electorales.
Ortega también ha limitado la competencia política al utilizar distintos recursos institucionales para suspender la personería jurídica a aquellos partidos políticos que considera adversarios importantes. Ésas y otras irregularidades han sido señaladas sistemáticamente por diferentes actores dentro y fuera del país, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA). La solución alternativa es reformar el sistema electoral, permitiendo asegurar a los ciudadanos el pleno ejercicio del voto, un punto señalado como prioridad en la agenda de las fuerzas de la oposición y de la comunidad internacional, tal y como reza en la resolución emitida por la Asamblea General de la OEA en octubre de 2020: “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”. Mientras tanto, Ortega ha alargado el tiempo para realizar esas reformas, sembrando una fuerte incertidumbre sobre las votaciones.
La violencia e inseguridad constituyen otra dificultad, sobre todo porque provienen de la política represiva y del estado de excepción ‘de facto’ que el Gobierno ha instaurado sobre los ciudadanos desde 2018, limitando el ejercicio de libertades fundamentales como la de manifestación y de movilización, la libertad de prensa, de expresión y organización. Además, mantiene amplios despliegues policiales para intimidar a los ciudadanos y una fuerte vigilancia sobre los principales líderes políticos en todo el país. De mantenerse, esas condiciones son inaceptables para la realización de las actividades de proselitismo político en una campaña electoral. Es indispensable restablecer los derechos y libertades ciudadanas, así como la seguridad para que los ciudadanos puedan votar con confianza.
Uno de los retos más importantes es la conformación de una alianza opositora amplia que aglutine una mayoría electoral. La iniciativa más importante en esa dirección es la creación de la Coalición Nacional, una plataforma que agrupa a varios partidos políticos y organizaciones sociales a raíz de las movilizaciones de 2018. Sin embargo, la Coalición no agrupa a todas las fuerzas de oposición y ha sufrido la marcha de dos actores: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), separado por decisión de los integrantes de la Coalición debido a sus vínculos actuales y pasados con el Gobierno de Ortega, así como a los actos de corrupción en los que se han visto involucrados algunos de sus líderes más connotados; y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el grupo integrado por representantes de diferentes sectores sociales, incluida la empresa privada, interlocutor del gobierno en las negociaciones de 2018 y 2019.
La ACJD se separó de la Coalición por decisión propia, provocando tensiones entre sus integrantes y una ola de críticas en la opinión pública. Las tensiones entre los distintos actores de la oposición no se han agotado y para algunos representan un factor de riesgo frente a la urgencia de conformar una alternativa electoral fuerte, legítima y que goce de la confianza ciudadana en las elecciones de 2021. Del lado de los ciudadanos hay una enorme presión social, mientras que los actores de la comunidad internacional también esperan avances en esa dirección.
Las distintas fuerzas de la oposición se enfrentarán en breve a los retos que representarán tres escenarios posibles. En el primero, Ortega puede optar por no convocar las elecciones, contraviniendo la ley tal y como ha hecho en otras ocasiones. En el segundo escenario, el presidente puede acceder a realizar reformas electorales que le favorezcan frente a la comunidad internacional, pero que en el fondo no aseguren las condiciones necesarias para una campaña competitiva y justa ni para unas votaciones transparentes. El tercero sería uno en el que la oposición se presenta dividida y, en consecuencia, se divide también el voto ciudadano. Los tres escenarios están sobre la mesa y son altamente probables.
Mientras tanto, el Gobierno de los Ortega-Murillo no ha dado ninguna muestra de voluntad política para encontrar una solución pacífica y democrática a esta crisis prolongada. Mantiene el respaldo del Ejército, la Policía y grupos de fanáticos que vigilan, intimidan y agreden a los opositores; no ha emitido señales frente a las demandas de la comunidad internacional y de la misma sociedad nicaragüense para que restablezca las libertades ciudadanas y acometa las reformas requeridas.
Aunque Ortega no parece tener prisa, ya se está preparando para el año electoral a punto de iniciarse. Ha dispuesto la organización de grupos de simpatizantes para que actúen en el aseguramiento de sus votos; mantiene un fuerte control sobre las organizaciones y líderes de la oposición en todo el país, impidiendo que se movilicen o se reúnan; y, más recientemente, ha aprobado tres leyes que restringen derechos fundamentales: la de Regulación de Agentes Extranjeros, que establece la obligatoriedad para las personas naturales u organizaciones de registrarse ante una oficina gubernamental en el caso de que reciban recursos del exterior, e informar detalladamente sobre esos recursos; la ley de cadena perpetua, que significa un retroceso en la jurisprudencia del país y en materia de derechos humanos, tiene como propósito castigar con cárcel a personas que, supuestamente, cometan crímenes de odio; y la Especial de Ciberdelitos, que tiene como propósito controlar a la Prensa independiente, las redes sociales y la libertad de expresión.
Más allá de las elecciones de 2021 y de sus resultados, la crisis socio-política que emergió en 2018 dinamizó un proceso en curso de re-democratización de la sociedad nicaragüense. Mientras Ortega des-democratizaba el Estado y el régimen político, en los cauces subterráneos de la sociedad nicaragüense transcurre un proceso de construcción de entretejidos y liderazgos sociales en todas las localidades del país y en diferentes sectores. Ese proceso, lento y la mayor parte del tiempo silencioso, ha venido cambiando la cultura y las prácticas políticas. Prueba de ello es la firme decisión de alcanzar el cambio político al que aspira la sociedad nicaragüense por medio de acciones cívicas y pacíficas; una práctica que se ha sostenido en el tiempo desde el 2018 hasta la actualidad a pesar de los altos niveles de violencia que el Gobierno de Ortega ha empleado en diferentes momentos contra las fuerzas y líderes de oposición. El repertorio de acciones sociales al que ha dado vida esta decisión es amplio y ha llegado a copar incluso las redes sociales.
Además, desde 2018 hasta la actualidad se han extendido y reforzado los tejidos de organización y los liderazgos sociales en todo el país. Sobre ellos descansan las acciones de oposición que tienen lugar todos los días, pero también numerosas actividades relacionadas con la prevención de la pandemia y la ayuda humanitaria para las personas afectadas por los huracanes recientes.
Algunos ejemplos son la conformación de un Comité Científico Multidisciplinario creado por médicos y especialistas independientes para informar y orientar a la población sobre la pandemia y las medidas de prevención necesarias cuando el Gobierno decidió no aplicar ninguna política sanitaria; la instalación del Observatorio Ciudadano Covid-19, que recopila datos sobre la evolución de los contagios y se ha convertido en una referencia incluso para las organizaciones sanitarias internacionales, mientras el Gobierno ha seguido una política de control restrictivo sobre la información estadística; la realización de campañas informativas y de prevención realizadas por numerosas organizaciones sociales; y los grupos de ciudadanos que se han organizado para brindar asistencia humanitaria para las personas enfermas, en condiciones de vulnerabilidad y, más recientemente, para las afectadas por los huracanes Eta e Iota, que asolaron al país en noviembre de 2020. El Gobierno ha intentado frenar por todos los medios este proceso de organización social, vigilando, persiguiendo e incluso encarcelando a algunos de sus líderes, porque es evidente el enorme potencial político que tiene no solamente para la coyuntura electoral que se avecina, sino también para la recuperación de la democracia en Nicaragua.
Investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua