Por más de 16 millones de córdobas una jueza orteguista embargó a la Alcaldía de Wiwilí en el departamento de Jinotega que administra el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para pagar la liquidación a 36 exempleados orteguistas supuestamente “despedidos injustificadamente”.
La judicial Aída López Henríquez actuó al servicio del régimen orteguista para cumplir con los “derechos humanos y acceso a la justicia” de los extrabajadores, y para ello ordenó el embargo ejecutivo de los bienes particulares de la municipalidad por el monto de C$16.538,128.93.
El medio local Mosaico reportó que la alcaldesa liberal Reyna Hernández Mairena dijo que el embargo edilicio significa “el cierre de la Alcaldía”.
La jueza ordenó el embargo ejecutivo de bienes considerados como “particulares” de la municipalidad, incluyendo la camioneta doble cabina con placa JI 6406, que es la que tiene asignada la alcaldesa Hernández.
También embargó los “bienes particulares” del edificio, asimismo giró oficio al departamento de Registro Vehicular de la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía, a la Dirección General de Ingresos, instituciones financieras y bancarias, así como a una cooperativa tanto en Matagalpa como en Jinotega, para averiguar sobre los bienes pertenecientes a la Alcaldía de Wiwilí, dándoles un plazo de cinco días para informarle, detalló Mosaico.
A esto se suma que, la judicial ordenó a los bancos levantar el sigilo bancario para conocer sobre los montos de las cuentas que tenga la municipalidad y giró oficio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para que “retenga las transferencias municipales para gastos corrientes” de la Alcaldía de Wiwilí.
Los 36 trabajadores recibirían montos distintos. Dos fontaneros recibirían las liquidaciones más altas: Marvin Olivas Mercado, por un monto de 1,547,644.96 córdobas, y José Alberto Pravia Navarrete, por 1,354,704.08 córdobas.
Mientras que cuatro vigilantes aparecen con montos cercanos al millón de córdobas: Gerónimo Peralta Palacios, recibiría 954,953.81 córdobas; Domingo Iván Tercero Valdivia, 926,832.56 córdobas; Francisco Caraciola Alvarado Amador, 935,144.69 córdobas y Santos Marín Rivera, 937,388.08 córdobas.
La Alcaldesa, aclaró al medio local que ya hay asesores legales trabajando en el caso, porque a algunos exempleados orteguistas ya les cancelaron.
“El año pasado pagamos 700,000 córdobas y para este año el Concejo aprobó (un monto en el Presupuesto Municipal de) 800,000 córdobas, que de estos ya se pagaron varios cheques. Entonces significa que no hemos incumplido”, expresó.
Hasta antes del 2017, la Alcaldía de Wiwilí estaba en manos del régimen orteguista y era favorecida con transferencias millonarias.
“El presupuesto que ellos tenían era de 96 millones de córdobas, pero a nosotros nos vinieron reduciendo hasta que nos dejaron en 736,000 con un poquito allí… qué significa, que no tenemos nada”, subrayó la Alcaldesa.
Incluso, en algunos casos es la población la que apoya a la municipalidad con combustible y comida para los operarios que trabajan en reparaciones de caminos.
“Estamos con las uñas y así como nos dejan ahorita vamos a tener que quedar con solo unas dos áreas abiertas, lo que es Cartas de venta, Registro Civil, con lo que podamos, de hecho que no nos vamos a correr, porque el mismo campesinado nos está diciendo ‘no se corran, si se quedan sin nada, por lo menos la comida les vamos a ayudar’, pero vamos a ver hasta a dónde llega esta situación”, agregó Hernández.