A juicio del analista político y economista Óscar René Vargas, las recientes declaraciones del empresario César Zamora sobre los “canales de comunicación” y “diálogos” entre las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el régimen de Daniel Ortega, significa que “hay una negociación” para volver al “modelo de diálogo y consenso” entre la patronal y la dictadura que había antes de abril de 2018.
“Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades y están en su agenda ir resolviendo esos temas (económicos), y parte de la discusión con el BCIE si es ver esas temas de manera corporativa. El COSEP todavía no nos hemos sentado (con el régimen), pero vamos a ver qué decide el Consejo del COSEP sobre ese tema, pero ya hay establecido canales de comunicación entre las cámaras y el gobierno para ir resolviendo los temas que afectan el qué hacer de las empresas en cada una de las cámaras del COSEP”, declaró Zamora ayer en entrevista con Canal 12.
Sin embargo, Vargas afirmó a La Mesa Redonda, que no solo el tema económico se está negociando, pues asegura que según la información que ha obtenido, la empresa privada y el régimen de Ortega están hablando también sobre los empresarios presos, las elecciones municipales de este año, la elección de cinco magistrados vacantes en la Corte Suprema de Justicia y evitar una sanción por parte de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA.
“Hay una negociación y lo que Zamora está proponiendo es volver a la misma situación de antes de 2018”, aseguró Vargas a La Mesa Redonda.
El “modelo de diálogo y consenso”, entre Ortega y la empresa privada se rompió en abril de 2018 en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua.
“La negociación ya está en curso, se había iniciado cuando se instauró el edificio del BCIE y que estaba debajo de la mesa y que muy pocas personas sabíamos que se estaba negociando… Ahora se hace público la negociación, pero no se hace público lo que se está negociando”, apuntó.
EMPRESARIOS PRESOS
Para el analista, Zamora junto a otros grandes empresarios del país, pretende conseguir que Michael Healy y demás empresarios presos, puedan ser cambiados al régimen de “casa por cárcel” o “que los expulsen del país”.
Healy, expresidente del COSEP fue condenado a 13 años de prisión, por el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua, por el supuesto delito de “cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El 2 de junio pasado La Mesa Redonda supo que la Fiscalía solicitó a la Justicia orteguista quitar la nacionalidad nicaragüense a Healy, que tiene doble nacionalidad: nicaragüense y estadounidense. Con ello, podría expulsarlo del país.
Otros empresarios presos ligados al COSEP son: José Adán Aguerri, Álvaro Vargas, Luis Rivas Anduray, Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; a este último también pretenden quitarle la nacionalidad nicaragüense, pues también es alemán.
ELECCIONES MUNICIPALES
“Se está negociando a mi criterio y por la información que tengo, el tema de las elecciones municipales, por esa razón no se ha publicado la convocatoria a las elecciones”, señaló Vargas.
En efecto, el Consejo Supremo Electoral (CSE), no ha publicado el calendario de cara a las elecciones municipales, previstas para el 6 de noviembre próximo.
El observatorio Urnas Abiertas, señaló el 23 de mayo que hay una demora en la publicación del Calendario Electoral, “la divulgación de este documento ha venido realizándose a más tardar el 11 de mayo del año respectivo, después de anunciada la convocatoria”.
Urnas Abiertas denunció que el CSE, controlado por el régimen de Daniel Ortega “continúa comprometiendo la integridad electoral” de Nicaragua y refirió que desde el año 2000 la convocatoria oficial para las elecciones municipales se ha realizado más tardar el 5 de mayo del año respectivo.
Sin embargo, en esta ocasión “dichos comicios no han sido convocados y se desconocen las posibles razones que provocan el retraso, más bien permanece un estado de hermetismo y completo silencio”.
MAGISTRADOS DE LA CSJ
“Entre las negociaciones está también los magistrados de la Corte Suprema, hay que recordar que solo se eligieron a 11 y faltan cinco por nombrar, eso es parte también de la negociación”, manifestó Vargas.
“No es casual que solo nombren a 11 magistrados a la Corte y dejen a cinco vacantes, porque es parte de la negociación”, insistió.
El 3 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reeligió a 11 magistrados de los 16 que conforman el Poder Judicial, entre ellos a Alba Luz Ramos y a Marvin Aguilar, presidenta y vicepresidente, respectivamente; y ambos sancionados por la comunidad internacional.
La CSJ tiene cinco vacantes en su cúpula desde 2021, cuando murió el magistrado Francisco Rosales. Esos cinco nombramientos, que debe realizar la Asamblea Nacional, aún siguen pendientes por desacuerdos de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, informaron fuentes del Poder Judicial al portal Confidencial, sin brindar los detalles de la pugna.
Tras el fallecimiento del magistrado Francisco Rosales, la Corte Plena quedó integrada por 11 magistrados. Existen cinco vacantes: dos por fallecimientos (Rosales y Ligia Molina) y tres por renuncias (Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado y José Adán Guerra en 2019).
EVITAR LA EXCLUSIÓN DE NICARAGUA EN EL CAFTA
Por otro lado, Vargas aseveró que con las negociaciones entre los empresarios y el régimen, el dictador Ortega “quiere mostrar a Estados Unidos que la empresa privada está de acuerdo con él y evitar que apliquen el tema del CAFTA”.
“Ortega gana legitimidad en el sentido que muestra que la empresa privada está con él y hacer que Estados Unidos no aplique el tema del Cafta como sanción”, refirió.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que Nicaragua “se está excluyendo” a si misma del CAFTA, a causa de que el régimen de Daniel Ortega “no respeta los principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho, que los inversionistas encuentran cruciales”.
Senadores estadounidenses han solicitado al presidente Joe Biden, reconsiderar la membresía de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. “La membresía de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (CAFTA-DR FTA) debe ser reconsiderada para que Ortega, Murillo y su red no puedan cosechar los beneficios comerciales con los Estados Unidos y los otros estados miembros. Instamos a la administración a hacer cumplir todas las herramientas diplomáticas para negar el acceso del régimen de Ortega al mercado estadounidense”, expresaron el 9 de junio los senadores Marco Rubio y Bill Cassidy.
“‘PERDONAR’ SIGNIFICA QUE NOS OLVIDEMOS DE TODO”
Asimismo, Vargas reprochó que Zamora expresara que había que “sabernos perdonar” como si se tratara de un “borrón y cuenta nueva”, olvidando a las víctimas de la represión orteguista.
“Entendamos que no podemos vivir en confrontación, para el tema económico requerimos de honestidad, y de sabernos perdonar y de saber enfrentar el futuro con conocimiento de causa”, comentó Zamora.
Al respecto, el analista comentó: “Quiere descalificar a la oposición, a las madres de abril, a las madres de los presos políticos. ‘Perdonar’ significa que nos olvidemos de todo y que sigamos a como estábamos antes, eso es lo que quiere decir él. Es decir, volver a la alianza de 2017”.
Según Vargas, la oferta que Ortega les hace a los empresarios es la relación entre Nicaragua y China. “(Está) diciéndoles que los chinos van a invertir, pero han pasado seis meses después del reconocimiento de la República de China y los chinos no han invertido un solo centavo”, zanjó.
“El gobierno les vende la idea a estos, la ilusión. Están creando una fantasía, la fantasía es China. Eso es una mentira más, no pueden sacar de viaje la cara, están sacando parte por parte, sacan el pie, después la mano, no pueden decir ‘estamos negociando’, tienen que hacerla difícil, pero están negociando”, concluyó.