*Por Miguel Deibert | New Lines Magazine
Qué noche fue la de la delegación de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en junio pasado mientras contemplaban la capital venezolana de Caracas desde el lujoso hotel de cinco estrellas Gran Meliá.
“Vista desde la pista de baile, es absolutamente hermoso aquí”, tuiteó la delegada Jen McKinney, mientras que su compañero delegado Tom Wojcik se contentó con las palabras “Caracas” e imágenes de la resplandeciente fachada del hotel, donde una habitación por una noche cuesta más de 70 veces lo que cuesta. Salario mensual venezolano.
Los asistentes aparentemente estaban en la ciudad para participar en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, establecido para conmemorar la victoria de 1821 de Simón Bolívar sobre las fuerzas realistas en la Batalla de Carabobo. Pero, de hecho, la reunión sirvió como una especie de imán para los partidarios de los diversos gobiernos autoritarios de la región. El viaje de DSA a Venezuela fue parte de una tendencia creciente de turismo revolucionario «antiimperialista» en América Latina, donde los forasteros adinerados llegan a la gloria en el esplendor necrótico de los líderes revolucionarios muertos o envejecidos mientras evitan cuidadosamente cualquier discusión sobre qué tipo de condiciones. los ciudadanos de dichos países viven bajo. Es una alianza inspirada no por la lealtad a los ideales y valores progresistas y de izquierda, sino por la lealtad a los gobernantes y al poder.
En el cargo desde la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, se describe a sí mismo y al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como vanguardias de un nexo antiimperialista y anticapitalista de potencias regionales que incluyen a Cuba, Nicaragua y Venezuela. bolivia
Sin embargo, como demostró la delegación de la DSA, el interés por el gobierno de Venezuela no se extiende a la curiosidad por la tumultuosa historia o el atormentado presente del país. Al visitar la tumba de Chávez, el miembro de DSA Sean Estelle tuiteó que el expresidente Carlos Andrés Pérez, el populista voluble que nacionalizó la industria petrolera y se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista durante 16 años, era un “extremo derecho”.
La falta de curiosidad se complementó con una intolerancia a la crítica o incluso a la discusión. El Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, un partido de izquierda inspirado en gran medida por el líder trotskista argentino Nahuel Moreno, escribió que la delegación de DSA “perdió la oportunidad de reunirse con activistas de los trabajadores, feministas, la comunidad LGBTQ, activistas indígenas, campesinos y jóvenes de la comunidad popular. sectores y la izquierda independiente”. Mientras los venezolanos rogaban a la DSA que adoptara un enfoque más matizado del país, el miembro de la DSA, Austin González, olfateó en Twitter: “Algo que agradecería más es que la gente no tratara de hablarme con desdén cuando se trata de Venezuela… Estoy completamente consciente de todo lo que sucede.” Más tarde, después de que DSA tuviera la oportunidad de conocer al propio Maduro (documentado amorosamente en las redes sociales de DSA y por la red estatal Telesur de Venezuela),
Entonces, si uno toma la DSA, una organización a la que al menos cuatro miembros del Congreso de EE. UU. (Jamaal Bowman, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib) afirman estar afiliados, en su palabra, que de hecho eran “plenamente conscientes de lo que estaba pasando”, ¿exactamente a qué tipo de régimen estaban dando su respaldo total? Y más allá de las puertas del Gran Meliá y los salones de conferencias del Congreso, ¿a qué tipo de realidad se enfrentan los venezolanos todos los días?
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, muchos viviendo en condiciones extremadamente precarias en países vecinos como Brasil y Colombia. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2020-21 de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas encontró que el 76,6% de los 28 millones de habitantes de Venezuela vive en la pobreza extrema. Un informe del Programa Mundial de Alimentos de 2020 clasificó a Venezuela entre los cuatro principales países del mundo que sufren inseguridad alimentaria, solo detrás de Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán. En un boletín de 2020, Caritas Venezuela señaló que durante el último año hubo un aumento del 73% en los niveles de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Siendo así,
Cuando uno señala estadísticas que confirman la indigencia, la respuesta automática entre los tipos de DSA, casi un catecismo en este punto, es que las sanciones de Estados Unidos son las culpables de los problemas de Venezuela. Eso, en pocas palabras, es una mentira, pero una mentira cuya eterna repetición algunos aparentemente creen que la transformará en verdad.
Durante la huelga de 2002-03 en Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) —la empresa petrolera estatal que Carlos Andrés Pérez había nacionalizado— el gobierno de Chávez despidió a 19.000 empleados de carrera, reemplazándolos con lacayos políticos, incumpliendo acuerdos con empresas petroleras, robando activos y no reinvertir en la industria. Era una receta para el desastre. Sin embargo, en 2013, justo antes de que la economía de Venezuela comenzara su aterradora espiral descendente, el codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), Mark Weisbrot, un acólito del régimen desde hace mucho tiempo y ciertamente un candidato para el peor economista del mundo, escribió en The Guardian que las advertencias sobre el colapso inminente del país fueron obra de los «enemigos de Venezuela» y «los medios venezolanos e internacionales» responsables de vender una falsa «visión catastrófica» de la economía del país,
Unos seis años después, en un informe de 2019 en coautoría con Jeffrey Sachs (un economista cuya terapia de choque creó el caos en Rusia en la década de 1990), Weisbrot intentó argumentar que las sanciones causaron 40.000 muertes entre 2017 y 2018, utilizando la extraña métrica de comparar Producción petrolera venezolana y colombiana antes y después de una ronda de sanciones de Estados Unidos contra el régimen en 2017. Un análisis del estudio de CEPR realizado por el Instituto Brookings publicado unas semanas después concluyó que “la mayor parte del deterioro en los niveles de vida ocurrió mucho antes de que se promulgaran las sanciones en 2017”, con “tendencias de empeoramiento en todos los indicadores socioeconómicos… bueno antes de que se impusieran las sanciones”.
Salió a la palestra una cultura de barones ladrones, los famosos “boligarcas” que predicaban la revolución socialista pero practicaban el capitalismo salvaje. Solo un funcionario, el ex zar de la energía de Chávez, Javier Alvarado, está acusado en varios desafíos legales de desviar $ 15 millones de PDVSA mientras vivía lujosamente y adquiría casas en Madrid, Cartagena y Miami. El año pasado, el periódico suizo 24 heures informó cómo la policía de Zúrich identificó miles de millones cuestionables vinculados al estado venezolano en cientos de cuentas bancarias en Suiza. En junio pasado, El País de España informó sobre una vasta red que eludía las sanciones de EE. UU. a Venezuela que viajaba a través de 30 países y movía dinero entre varios paraísos fiscales para crear negocios multimillonarios opacos.
Un informe de Human Rights Watch sobre una serie de agitadas protestas contra el gobierno en abril de 2017 concluyó que “las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales atacaron a los manifestantes en las calles, utilizando una fuerza extrema y, en ocasiones, letal, causando decenas de muertos y cientos de heridos. ” El informe pasó a detallar la tortura a la que estaban sujetos los detenidos: descargas eléctricas, fuertes palizas, asfixia y abuso sexual, incluida la violación. Ese mismo año, matones progubernamentales irrumpieron en una reunión de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, atacaron salvajemente a los legisladores y su personal y los dejaron ensangrentados y heridos. Un informe posterior de Human Rights Watch de 2019 caracterizó las acciones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) del gobierno —una rama de la Policía Nacional Bolivariana que muchos venezolanos consideran poco más que un escuadrón de la muerte— como cometiendo “graves violaciones a los derechos humanos [y ] prácticas policiales abusivas en comunidades de bajos ingresos”. Solo entre 2016 y 2019, la policía y las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a casi 18.000 personas por supuesta “resistencia a la autoridad”. Una declaración de julio de 2019 de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) denunció lo que dijo se había convertido en “una fábrica de ejecuciones” en barrios pobres donde las fuerzas de seguridad irrumpían a altas horas de la noche. secuestran a los sospechosos (a menudo los que presuntamente han participado en manifestaciones políticas) y luego los matan sumariamente. Otro informe de PROVEA detalló cómo, en el estado Lara, las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales solo en los primeros seis meses de 2020. Un reportaje de El Comercio de Perú detalló cómo, en el barrio pobre de José Félix Ribas en Caracas (a 20 minutos en auto desde el Gran Meliá donde se hospedó la delegación del DSA), las FAES asesinaron al menos a 10 personas en enero de 2019 después de que los residentes se unieran a una Protesta masiva contra Maduro. Un informe de 2020 de 411 páginas elaborado por investigadores de las Naciones Unidas implicó a Maduro y otros funcionarios de alto rango en abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales solo en los primeros seis meses de 2020. Un reportaje de El Comercio de Perú detalló cómo, en el barrio pobre de José Félix Ribas en Caracas (a 20 minutos en auto desde el Gran Meliá donde se hospedó la delegación del DSA), las FAES asesinaron al menos a 10 personas en enero de 2019 después de que los residentes se unieran a una Protesta masiva contra Maduro. Un informe de 2020 de 411 páginas elaborado por investigadores de las Naciones Unidas implicó a Maduro y otros funcionarios de alto rango en abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales solo en los primeros seis meses de 2020. Un reportaje de El Comercio de Perú detalló cómo, en el barrio pobre de José Félix Ribas en Caracas (a 20 minutos en auto desde el Gran Meliá donde se hospedó la delegación del DSA), las FAES asesinaron al menos a 10 personas en enero de 2019 después de que los residentes se unieran a una Protesta masiva contra Maduro. Un informe de 2020 de 411 páginas elaborado por investigadores de las Naciones Unidas implicó a Maduro y otros funcionarios de alto rango en abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de lesa humanidad. en el barrio pobre caraqueño de José Félix Ribas (a 20 minutos en auto desde el Gran Meliá donde se hospedó la delegación de DSA), las FAES asesinaron al menos a 10 personas en enero de 2019 después de que los residentes se unieran a una protesta masiva contra Maduro. Un informe de 2020 de 411 páginas elaborado por investigadores de las Naciones Unidas implicó a Maduro y otros funcionarios de alto rango en abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de lesa humanidad. en el barrio pobre caraqueño de José Félix Ribas (a 20 minutos en auto desde el Gran Meliá donde se hospedó la delegación de DSA), las FAES asesinaron al menos a 10 personas en enero de 2019 después de que los residentes se unieran a una protesta masiva contra Maduro. Un informe de 2020 de 411 páginas elaborado por investigadores de las Naciones Unidas implicó a Maduro y otros funcionarios de alto rango en abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Con solo ocho minutos en automóvil desde su hotel, la delegación de DSA podría haber hablado con los empleados del Hospital Clínico Universitario de Caracas, donde el régimen paga a la mayoría de los empleados menos de $ 1 por mes; médicos y enfermeras se ven obligados a traer cloro de casa para limpiar las instalaciones y buscan desesperadamente suturas, guantes o mascarillas a través de donaciones privadas; y los empleados admiten libremente (como lo hicieron en un artículo de junio de 2021 en el diario El Nacional) que el gobierno había “destruido” la institución.
Los miembros de DSA estaban lejos de ser los únicos arribistas de la ciudad. También en Caracas para el Congreso estuvo Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales y Manolo De Los Santos, descrito como “investigador” del Tricontinental y codirector del Foro de los Pueblos. Durante su visita, Prashad posó para un retrato con un miembro de los servicios de seguridad que aterrorizaba a Venezuela mientras De Los Santos deliraba en Twitter sobre la “inolvidable velada con un querido camarada” de la pareja (Maduro). El Foro de los Pueblos recientemente comenzó a impulsar una organización llamada BreakThrough News, que también tenía corresponsales en Venezuela en ese momento. BreakThrough News incluye entre sus comentaristas a quienes trabajaron anteriormente con los canales de video In the NOW y Soapbox, producidos por Maffick LLC,
En la cercana Bolivia, la perspectiva de espejo de gran parte de la izquierda internacional ha sido similar, ya que trata de borrar una toma de poder autoritaria bien documentada que terminó en calamidad.
En un referéndum constitucional de 2016, Evo Morales, quien se había desempeñado como presidente desde 2006, buscó la aprobación de los votantes para permitir que el presidente y el vicepresidente se postularan por un período consecutivo adicional. Cuando la medida fue derrotada por una mayoría del 51,3%, Morales apeló a la Corte Suprema de Bolivia (llena de leales al régimen), que anuló la votación -la expresión democrática del pueblo boliviano- alegando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Bolivia es partido, garantizó a Morales el derecho a postularse como un “derecho humano”. En respuesta, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), responsable de hacer cumplir el tratado, dijo que el documento “no significa el derecho al poder perpetuo”.
En las posteriores elecciones generales de octubre de 2019 en Bolivia (donde una cantidad sustancial de encuestas preelectorales mostraron que la mayoría creía que la reelección de Morales sería ilegal), la información generalizada sobre irregularidades y acusaciones de que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales infló artificialmente su conteo para evitar ir a una segunda vuelta fueron confirmadas por un informe de la OEA que recomendaba nuevas elecciones. Aquí, también, el CEPR emitió su propio informe, como era de esperar, poniéndose del lado del gobierno de Morales y sin comprometerse con muchas críticas a las irregularidades identificadas por la OEA, la Unión Europea y los observadores locales. La integridad de la elección se vio aún más erosionada por la presencia de una gran cantidad de funcionarios electorales partidistas, así como por problemas relacionados con el servidor informático y la cadena de custodia.
Después de un levantamiento de noviembre de 2019 (durante el cual tanto las fuerzas a favor como en contra del MAS cometieron actos de violencia) expulsó a Morales del poder, se afianzó una teoría de la conspiración centrada en las reservas de litio de Bolivia, en gran parte basada en un tuit de julio de 2020 del excéntrico fundador de Tesla, Elon. Musk, donde se jactó: “¡Golpearemos a quien queramos! Tratar con él.» Esta teoría fue fuertemente socavada por las observaciones de personas como Pablo Solón Romero, quien se había desempeñado como embajador de Bolivia ante la ONU bajo Morales. Señaló que fue el mismo Morales quien abrió el país a los especuladores del litio y que en el suroccidental departamento de Potosí, por ejemplo, “la oposición al gobierno se radicalizó antes de las elecciones por la firma de un contrato de 70 años sin pago”. de regalías por la producción de hidróxido de litio en el salar de Uyuni.
Pero estos hechos interesan poco a algunos comentaristas extranjeros como el exlíder laborista británico Jeremey Corbyn (cuya política marginal y gusto por el fanatismo lograron asestar al partido su peor derrota electoral desde 1935 hace dos años), quien el pasado octubre escribió un artículo afirmando que en las elecciones de 2019 “el resultado final le daría a Morales una clara victoria en la primera vuelta con los votos de las áreas rurales, de población indígena y que apoyan a Morales”, una opinión de ninguna manera universal entre la gente de Bolivia.
“El gobierno del MAS ha sido muy hábil en construir una falsa narrativa local e internacional de cuidado y protección a la Madre Tierra (Pachamama) y respeto a los derechos humanos e indígenas, que en la práctica no existe”, dijo Alex Villca Limaco, activista de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Coordinadora Nacional para la Defensa de los Territorios Indígenas Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia o CONTIOCAP). “Esto solo ha servido para distraer y ocultar su ambición de poder económico meramente extractivo y de poder político hegemónico y totalitario… [Han] solo servido para continuar con una política de saqueo, despojo y destrucción de territorios indígenas y áreas protegidas”.
La situación es mucho más grave en Nicaragua, donde desde 2007 Daniel Ortega, del aparentemente izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha gobernado como presidente. Desde 2017, su esposa, Rosario Murillo, una poeta fracasada con más que un tufillo a Lady Macbeth, se ha desempeñado como vicepresidenta. Una vez reverenciado como el grupo rebelde que ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza del poder en 1979, el FSLN se ha vuelto cada vez más dictatorial, extractivo y represivo durante su reinado actual.
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), desde 2015, los colonos del noreste del país, fuertemente indígena, a quienes muchos consideran respaldados por el gobierno, han asesinado a más de 60 indígenas. (El FSLN tiene una historia de hostilidad violenta contra las comunidades indígenas de Nicaragua, bien documentada en la década de 1980 por el geógrafo Bernard O. Nietschmann). superficie disponible para grandes inversionistas internacionales para concesiones mineras. Un estudio, basado en encuestas de exceso de mortalidad, publicado el mes pasado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción concluyó que el régimen había subestimado deliberadamente las muertes por COVID-19 en el país entre 6.000 y 9.000.
En abril de 2018, el régimen finalmente se deshizo de su apariencia de democracia después de que la propuesta del gobierno de aumentar los impuestos y recortar los beneficios de la seguridad social encendiera agravios de larga data. Las protestas estallaron en todo el país. El gobierno respondió con una brutalidad inmensa que ha continuado desde entonces. Un informe de mayo de 2018 de Amnistía Internacional encontró que en respuesta a las protestas, “el gobierno de Nicaragua adoptó una estrategia de represión violenta que no se había visto en el país durante años. Según los informes, el estado mató a más de 70 personas y cientos resultaron gravemente heridas”. En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un conjunto de analistas independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Pero entre muchos autodenominados izquierdistas, uno escucha poco de esto. Mientras Nicaragua celebraba elecciones ridículas el mes pasado con todos los principales contendientes a la presidencia, pero Ortega encarcelado junto con más de cien presos políticos más (se cree que el más joven es la activista feminista y estudiantil de 21 años Samantha Jirón), el Congreso Norteamericano sobre Asuntos Latinoamericanos América (NACLA) publicó un artículo elogiando al régimen. Fue escrito por John Perry, un británico expatriado que vive en Nicaragua quien, bajo el seudónimo de Charles Redvers, difundió una «confesión» de la manifestante estudiantil Valeska Sandoval hecha cuando agentes del gobierno le apuntaron con un arma en la cabeza y no tuvo más remedio que cumplir. con sus captores.
Durante las propias elecciones, donde la tasa de abstención fue del 81,5%, según la organización de vigilancia ciudadana Urnas Abiertas, un carnaval de figuras descendió sobre el país para ser agasajado por un régimen más conocido por matar, encarcelar y exiliar a periodistas que por acreditarlos. Entre ellos estaba Craig «Pasta» Jardula, un podcaster estadounidense sin experiencia en el país que le dijo a Business Insider que Caleb Maupin, un comentarista político en el órgano de propaganda estatal RT de Rusia, lo había invitado a bajar. Aunque Jardula había pagado su vuelo desde EE. UU., el gobierno de Nicaragua había “cubierto nuestras habitaciones y comida y ese tipo de cosas”, así como el costo de su vuelo desde Managua a un colegio electoral en el noreste del país. (En términos de prioridades de gasto público, por el contrario, en algunas regiones del país, casi el 30% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica). Más tarde, Jardula tuiteó que Nicaragua era “un verdadero país democrático [sic]”. También omnipresente fue el periodista estadounidense Ben Norton, afiliado al sitio web The Grayzone, que se ha convertido en una especie de industria artesanal de la defensa de los dictadores y sus crímenes. Norton, un confiable impulsor del gobierno que, sin embargo, se vio obligado a admitir en la televisión estatal que no había filas en las cabinas de votación, fue satirizado por el blog nicaragüense Bacanalnica como una «caricatura… que anda con los gobiernos más nefastos del planeta». El sitio continuó preguntando: “¿Dónde estabas cuando encarcelaron a los integrantes de 100% Noticias y cerraron sus oficinas? ¿Pidió justicia cuando allanaron y cerraron Confidencial? ¿Se quejó cuando el periódico de La Prensa fue retenido en la aduana?
A diferencia de los estadounidenses visitantes, la farsa fue demasiado para muchos líderes regionales, y el gobierno de izquierda de Perú dijo que la votación “no cumplió con los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes” y merecía “el rechazo de la comunidad internacional”. Carlos Alvarado Quesada, el presidente de izquierda de la vecina Costa Rica, escribió que “por su falta de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua” y llamó al gobierno a liberar a sus presos políticos.
Los propios nicaragüenses creen ver el verdadero rostro del régimen tal como es.
“Ortega está más dispuesto a vender el patrimonio nacional que incluso Somoza”, dijo Bianca Jagger, la activista de derechos humanos y justicia social nacida en Nicaragua. “Cuando hablamos de lo que la gente piensa de esta idea de una revolución de izquierda, es mejor que lo piensen dos veces. Si alguien traicionó los principios que inspiraron esta revolución fue Daniel Ortega. La izquierda necesita aceptar que sus sueños utópicos de lo que estas revoluciones han traído a estos países son completa y totalmente ficticios. Estas revoluciones han traicionado los mismos ideales por los que comenzaron a luchar”.
Todo esto finalmente nos lleva a Cuba, el sitio de la dictadura más antigua del hemisferio y la nación donde la tiranía sanguinaria comercializada con una camiseta y una boina ha seducido a más personas a la apología dictatorial que cualquier otra. Cuando estallaron las protestas en la isla en julio pasado, muchos actuaron como si el evento fuera inesperado. Pero, de hecho, la presión había aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada tanto por una élite política y militar intolerante y blanca como el lirio como por el control cada vez más estricto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, teóricamente para presionar al régimen, pero en realidad castigando a los ciudadanos comunes. los ciudadanos.
Gobernada por la familia Castro y sus aliados desde 1959 y sin haber visto una elección democrática desde 1948, Cuba es un caso de estudio en la óptica versus la realidad. Durante más de 60 años, el país ha sido dirigido por Fidel Castro (1959 a 2008), Raúl Castro (2008 a 2019) y Miguel Díaz-Canel (2019 al presente), tres hombres blancos, ya que han presidido un estado policial. que en su primera era acorraló y torturó a hombres homosexuales en campos de concentración (una experiencia documentada de manera mordaz en el libro “Antes que anochezca” del escritor cubano Reinaldo Arenas), ha ayudado a las luchas de liberación en otras partes de América Latina y África mientras niega a sus propios ciudadanos la capacidad de elegir el sistema político o económico por el cual deseaban ser gobernados, y ha permanecido apasionadamente hostil a las expresiones independientes de identidad afrocubana y LGBTQ. El gobierno envió cuadros de médicos al exterior, pero luego los utilizó como fuente de divisas, engullendo la mayor parte de sus salarios e imponiendo severas restricciones a su libertad de expresión y libertad de asociación. A Venezuela envió personal de seguridad y torturadores. Memorablemente descrito por su antiguo aliado cercano Carlos Franqui como un par de paletos puritanos e intolerantes del remanso rural de Birán horrorizados por la cultura afrocubana «decadente» que encontraron en ciudades como Santiago de Cuba y La Habana, los hermanos Castro pusieron en marcha una cultura militar cuadrada y machista en la isla que sigue siendo en gran medida la estética dominante en la actualidad. envió personal de seguridad y torturadores. Memorablemente descrito por su antiguo aliado cercano Carlos Franqui como un par de paletos puritanos e intolerantes del remanso rural de Birán horrorizados por la cultura afrocubana «decadente» que encontraron en ciudades como Santiago de Cuba y La Habana, los hermanos Castro pusieron en marcha una cultura militar cuadrada y machista en la isla que sigue siendo en gran medida la estética dominante en la actualidad. envió personal de seguridad y torturadores. Memorablemente descrito por su antiguo aliado cercano Carlos Franqui como un par de paletos puritanos e intolerantes del remanso rural de Birán horrorizados por la cultura afrocubana «decadente» que encontraron en ciudades como Santiago de Cuba y La Habana, los hermanos Castro pusieron en marcha una cultura militar cuadrada y machista en la isla que sigue siendo en gran medida la estética dominante en la actualidad.
Podría decirse que la última ronda de protestas se remonta a 2018, cuando muchos artistas e intelectuales jóvenes comenzaron a protestar contra el Decreto 349, un edicto draconiano que prohíbe a los músicos, artistas, escritores y otros artistas intérpretes o ejecutantes operar en público o en privado sin la aprobación previa del Ministerio de Educación de Cuba. Cultura. Esto eventualmente conduciría a la formación del Movimiento San Isidro, un colectivo que lleva el nombre de un barrio pobre e históricamente marginado de La Habana y que abarca una amplia gama de artistas, escritores y músicos. Dirigidas por personas como la historiadora de arte y galerista Yanelys Núñez Leyva, el poeta afrocubano Amuary Pacacecho y el artista de performance Luis Manuel Otero Alcántara, las protestas encajarían en mayo de 2019 con lo que muchos ven como el “momento Stonewall” de Cuba. Cientos de activistas LGBTQ intentaron un desfile de conga por La Habana Vieja, un evento no autorizado que estaba separado de los eventos LGBTQ “oficiales” del régimen afiliados al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX, fundado por la hija de Raúl Castro, Mariela Castro). La marcha fue atacada de inmediato por las fuerzas de seguridad, sus líderes fueron golpeados y arrestados. A esto, a su vez, le siguió una manifestación en noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura de Cuba, vista por muchos como un punto de inflexión con la expresión pública de descontento con el régimen, cuando cientos de manifestantes (muchos de ellos jóvenes, afrocubanos, queer o de otro modo marginado) pidió al régimen que liberara al rapero encarcelado Denis Solís. un evento no autorizado y separado de los eventos LGBTQ “oficiales” del régimen afiliados al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX, fundado por la hija de Raúl Castro, Mariela Castro). La marcha fue atacada de inmediato por las fuerzas de seguridad, sus líderes fueron golpeados y arrestados. A esto, a su vez, le siguió una manifestación en noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura de Cuba, vista por muchos como un punto de inflexión con la expresión pública de descontento con el régimen, cuando cientos de manifestantes (muchos de ellos jóvenes, afrocubanos, queer o de otro modo marginado) pidió al régimen que liberara al rapero encarcelado Denis Solís. un evento no autorizado y separado de los eventos LGBTQ “oficiales” del régimen afiliados al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX, fundado por la hija de Raúl Castro, Mariela Castro). La marcha fue atacada de inmediato por las fuerzas de seguridad, sus líderes fueron golpeados y arrestados. A esto, a su vez, le siguió una manifestación en noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura de Cuba, vista por muchos como un punto de inflexión con la expresión pública de descontento con el régimen, cuando cientos de manifestantes (muchos de ellos jóvenes, afrocubanos, queer o de otro modo marginado) pidió al régimen que liberara al rapero encarcelado Denis Solís.
Luis Manuel Otero Alcántara creció en Cerro, uno de los barrios más pobres de La Habana con una rica tradición de cultura afrocubana. Cuando hablé con él a fines de 2020, antes de los recientes disturbios y antes de que desapareciera nuevamente en el gulag del régimen (antes había sido arrestado más de 30 veces), me dijo sin rodeos que “el régimen cubano está ponderado sobre la base de blancos hombres —machos, patriarcales, hombres blancos— con mujeres blancas y esposas también. La televisión cubana y todo el aparato cultural cubano siguen funcionando sobre bases racistas”.
Incluso hoy, los cubanos blancos tienen cinco veces más probabilidades que los cubanos negros de tener una cuenta bancaria y controlar el 98% de los negocios privados de la isla.
A principios del año pasado, una canción himno “Patria y Vida” (“Patria y Vida”, en sí misma una refutación del lema revolucionario cubano “Patria o Muerte”), una colaboración de Yotuel del grupo de rap Orishas, Descemer Bueno, el grupo Gente de Zona, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y DJ El Funky, se estrenó y se apoderó del imaginario popular. Su letra (“¡Basta de mentiras! / ¡Mi pueblo exige libertad! / ¡Basta de doctrinas! / Ya no clamaremos ‘Patria o muerte’ / ¡Sino ‘Patria y vida’”) parecía articular la lucha y la frustración en ebullición de los ciudadanos comunes. Cubans (la canción ganó el Grammy Latino a la canción del año el mes pasado).
El 11 de julio del año pasado comenzaron en la occidental ciudad de San Antonio de los Baños las protestas por la escasez de productos básicos, las dificultades económicas y el manejo del gobierno ante la pandemia del coronavirus. Las protestas pronto se extendieron por todo el país en una muestra sin precedentes de frustración y desobediencia civil. Desde La Habana en el oeste hasta Santiago de Cuba en el este, miles de ciudadanos cubanos salieron a las calles coreando tanto “patria y vida” como “cambio de sistema”. Tomadas inicialmente por sorpresa, las fuerzas de seguridad cubanas respondieron con brutalidad y arrestos masivos de manifestantes, y Díaz-Canel apareció en la televisión estatal para decir: “se ha dado la orden de combatir”. Cientos de personas (incluidos al menos 44 menores) fueron detenidas (14 de estos últimos siguen en prisión). El gobierno cortó el acceso a Internet en toda la isla, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes de las protestas y la respuesta despiadada de las fuerzas de seguridad del Estado rápidamente dieron la vuelta al mundo, así como mensajes como el del rapero afrocubano Roberto Álvarez, quien dijo: “Las calles de Cuba son de los cubanos. No al Partido Comunista. No a los militares cubanos. No a la familia Castro. A los cubanos”.
Las protestas pusieron al descubierto el racismo a menudo apenas disfrazado en el discurso paternalista de la élite comunista de la isla, en este momento poco más que una casta gobernante miserable e inflada que vigila sus hoteles (el régimen cubano gasta 57 veces más en turismo que en atención médica) . En el punto álgido de las protestas de julio pasado, Aleida Guevara March, la hija del Che Guevara (cuyo propio racismo cáustico lo llevó a etiquetar a las personas afrodescendientes como “faltas de afinidad con el baño” además de ser “indolentes… gastando [ su] exiguo salario en frivolidad o bebida”) resopló que los manifestantes “mostraban un nivel muy bajo de cultura”. Cuando “Patria y Vida” ganó un Grammy en noviembre, José Carlos Rodríguez Ruiz, el anciano (y blanco) embajador de Cuba en Italia,
En un informe publicado en octubre pasado, Human Rights Watch descubrió que el gobierno cubano “participó sistemáticamente en detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y enjuiciamientos penales plagados de abusos en respuesta a las protestas antigubernamentales abrumadoramente pacíficas” en julio. Tanto Luis Manuel Otero Alcántara como Maykel Osorbo se encuentran entre los que están en prisión y se enteraron de que “Patria y Vida” ganó un Grammy tras las rejas. En noviembre, UNICEF expresó su preocupación por la continua detención de menores en relación con los hechos de julio.
“El gobierno cubano se vende como un gobierno progresista de izquierda, pero la realidad es todo lo contrario”, me dijo este mes Abraham Jiménez Enoa, un periodista afrocubano. “Históricamente, quienes ocupan los puestos más altos aquí son casi siempre blancos. … Es lo mismo con el tratamiento de la oposición. Luis Manuel Otero Alcántara está en la cárcel, Maykel Osorbo está en la cárcel, pero mientras tanto con [los opositores blancos] el gobierno negocia el exilio. … [Ellos] pueden subirse a un avión. Es racismo estructural y está claro cómo funciona en Cuba”.
El régimen de La Habana, después de más de seis décadas de poder total e ininterrumpido, todavía tiene sus apologistas. La profesora de la Universidad de Glasgow, Helen Yaffe, se burló en las páginas de The Guardian sobre las protestas “violentas” (aunque los manifestantes dañaron algunas propiedades, casi toda la violencia física provino del régimen). Argumentó que “el financiamiento y la coordinación de Estados Unidos” estaban detrás de las protestas, como si los cubanos fueran demasiado ignorantes y flojos para hartarse de ser empobrecidos y golpeados. Yaffe promueve con frecuencia contenido a favor del régimen de medios con vínculos con el gobierno ruso, como Redfish y otros como MintPress News, que en 2013 publicó un artículo que afirmaba falsamente que los rebeldes anti-Assad habían llevado a cabo un ataque con armas químicas en el suburbio de Ghouta en Damasco (que uno de los autores luego negó haber escrito).
La organización oficial Black Lives Matter (distinta del espíritu y movimiento del mismo nombre), que anteriormente había elogiado a Fidel Castro y cuya cofundadora Patrisse Khan-Cullors posee casas palaciegas en Los Ángeles y Atlanta, emitió un comunicado de prensa elogiando al régimen. , condenando el embargo pero evitando cualquier mención de los valientes cubanos negros y morenos siendo brutalizados y aterrorizados por el régimen. En una absurda carta abierta en noviembre pasado, antes de más protestas planificadas que el régimen evitó al convertir prácticamente toda la isla en un campamento armado, una letanía de firmantes que incluía tanto al criminal (el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, en el exilio y condenado por corrupción en casa) y los inútiles (Ignacio Ramonet, cronista de la familia Castro y exdirector de Le Monde Diplomatique) atacó a los disidentes como “irrelevantes dentro de Cuba pero elogiados por la prensa internacional con el propósito de dañar la imagen de la revolución. ” La carta los acusaba de “desobediencia civil, anarquía y caos, con el único fin de acabar con el actual sistema político”. Las palabras fueron ricamente irónicas, especialmente viniendo de signatarios como la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien alguna vez fue miembro del grupo guerrillero Vanguarda Armada Revolucionária en Brasil.
Pero en muchos sentidos, las protestas de julio marcaron una seria ruptura con la antigua buena prensa del régimen entre la izquierda. René Pérez, mejor conocido como Residente, integrante del grupo musical puertorriqueño Calle 13 y con impecables credenciales antiimperialistas, publicó en Instagram un mensaje de apoyo a los manifestantes “para que se manifiesten con toda la fuerza. … Manifestarse es un derecho humano en cualquier parte del mundo”. Agregó su convicción de que “esta manifestación nació de un pueblo cansado… que despertó”. El cantante puertorriqueño Ricky Martin, el reguetonero Daddy Yankee, la cantante mexicana Julieta Venegas y el cantante español Alejandro Sanz también expresaron su apoyo a los manifestantes. En diciembre, más de 300 figuras destacadas, entre ellas Isabel Allende, Paul Auster,
Hay implicaciones del mundo real para esta rigidez ideológica.
En noviembre pasado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER). Pide nuevas iniciativas para monitorear y abordar la corrupción del gobierno de Nicaragua y los abusos de su fuerza de seguridad, así como la expansión de las sanciones contra funcionarios clave. También ordena una revisión formal para determinar si se debe permitir que Nicaragua continúe participando en el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Sin embargo, cuando el proyecto de ley se sometió a votación en la Cámara de Representantes a principios de ese mes, muchos miembros de la izquierda del cuerpo (incluidos los representantes de Nueva York Bowman y Ocasio-Cortez, el representante de Missouri Bush, los representantes de Michigan Andy Levin y Tlaib y La representante de Minnesota Ilhan Omar) se unió a miembros de la extrema derecha como el representante de Florida Matt Gaetz, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene y el representante de Kentucky.
Siguió una votación más partidista para la Resolución 760 de la Cámara, una medida que “expresa solidaridad con los ciudadanos cubanos que se manifiestan pacíficamente por las libertades fundamentales, condena los actos de represión del régimen cubano y pide la liberación inmediata de los ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente”. También instó al gobierno de EE. UU. a “evaluar si Estados Unidos puede desarrollar métodos para permitir que las remesas, los suministros médicos y otras formas de apoyo de Estados Unidos beneficien directamente al pueblo cubano de manera que alivie el sufrimiento humanitario sin proporcionar dólares estadounidenses”. a los militares cubanos”. Si bien ningún republicano se opuso a la medida, 40 demócratas votaron no, entre ellos todos los demócratas antes mencionados, así como la representante de California Maxine Waters, la representante de Nueva York Nydia M. Velázquez y el representante de Arizona Raúl Grijalva. “Ambos proyectos de ley contenían serias preocupaciones de política económica y humanitaria que no se tuvieron en cuenta cuando estas leyes se llevaron rápidamente al pleno de la Cámara. La legislación perpetúa una política exterior contraproducente que dañaría a millones de civiles inocentes en lugar de a los regímenes en el poder”. No está claro cómo cualquiera de los dos proyectos de ley, ninguno de los cuales proponía amplias sanciones económicas generales, habría hecho esto. “Ambos proyectos de ley contenían serias preocupaciones de política económica y humanitaria que no se tuvieron en cuenta cuando estas leyes se llevaron rápidamente al pleno de la Cámara. La legislación perpetúa una política exterior contraproducente que dañaría a millones de civiles inocentes en lugar de a los regímenes en el poder”. No está claro cómo cualquiera de los dos proyectos de ley, ninguno de los cuales proponía amplias sanciones económicas generales, habría hecho esto.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para aquellos en la izquierda de principios que quieren solidarizarse con las personas privadas de sus derechos en lugar de regímenes compuestos por sus torturadores y opresores?
Hay un sector de la izquierda occidental eternamente enamorado de banderas, consignas e incesantes homenajes a los líderes muertos que es tan antiliberal como la derecha cáustica y cuyo apoyo parece tener menos que ver con cualquier tipo de perspectiva política humanitaria coherente y más con ver con el antiamericanismo fácil y un impulso para la adoración del dictador, como si defender las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad en Venezuela fuera mejor que defenderlas en Colombia, o defender las políticas extractivas de un gobierno de izquierda en Bolivia fuera de alguna manera más apropiado que defendiendo las mismas políticas cuando las hace el gobierno derechista de Brasil.
Tiene que haber un realineamiento internacional entre las fuerzas de izquierda y una mayor disposición a escuchar a los movimientos sobre el terreno en lugar de solo a los gobiernos. En la reciente victoria del izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile, un hombre cuya buena fe sólidamente progresista no le impidió calificar las recientes elecciones de Nicaragua como una «farsa» y declarar «solidaridad con el pueblo que se levanta en Cuba y no con Díaz-Canel». gobierno”: es posible que estemos viendo los comienzos de una tercera vía regional.
En toda América Latina existen heroicas fuerzas progresistas que dan su vida al servicio de los más vulnerables cada día, luchando por defender el medio ambiente, los afrodescendientes e indígenas, los marginados y la comunidad LGBTQ. A ellos debemos brindar nuestra lealtad y apoyo los que formamos parte de la izquierda internacional, no sus carceleros y verdugos.