Un informe mensual del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua indicó este jueves que el número de opositores encarcelados en el país por razones políticas aumentó a 182 hasta el 30 de abril pasado.
“La cifra de presos y presas políticas para el mes de marzo del 2022 era de 181. En el mes de abril del 2022 fue agregada a la lista 1 persona, cuya detención tuvo lugar de forma arbitraria durante el mes de noviembre de 2021. Para un total de 182 presos y presas políticas en Nicaragua (incluyendo 10 personas presas políticas capturadas previo al contexto de 2018)”, indicó el Mecanismo en su informe publicado hoy.
El informe señala que del total de 172 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 129 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), 29 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como ‘El Chipote’ en Managua. Adicionalmente 6 personas están en delegaciones municipales de la policía y 8 en arresto domiciliar.
En el mes de abril pasado, se documentaron 18 detenciones, 15 personas ya fueron liberadas entre ellas 4 personas fueron “ilegalmente desterradas del país”.
‘EL CHIPOTE’ OPERA DE FACTO COMO CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD
El Mecanismo consideró que El Chipote está operando de facto como una cárcel de máxima seguridad dada las similitudes con condiciones de reclusión diferenciada usadas en el SPN.
“De acuerdo a la legislación de Nicaragua las personas privadas de libertad que han sido puestas ante la orden de un juez o que hayan sido condenadas, deberán ser trasladadas a un centro del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Sin embargo, 29 personas quienes ya fueron condenadas han permanecido por más de 10 meses en el complejo policial Evaristo Vásquez de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ubicado en Managua y conocido como ‘el nuevo chipote’. Por ser un centro de detención temporal de la Policía Nacional, el ‘Nuevo Chipote’ no cuenta con las condiciones adecuadas para albergar a personas por largos periodos de tiempo. Esto en términos de las dimensiones y condiciones de sus celdas, así como infraestructura necesaria para garantizar derechos a las visitas familiares, conyugales entre otras. Por esta misma razón, este complejo policial tampoco está regido por la normativa del Sistema Penitenciario Nacional, que garantizar el cumplimiento de ciertos derechos a personas privadas de libertad”, indicó el observatorio.
DEPORTACIONES Y DESTIERROS DE PERSONAS
El Mecanismo documentó que en el mes de abril, cuatro personas pertenecientes al gremio artístico y musical fueron detenidas de forma arbitraria y violenta, entre ellas tres hombres y una mujer.
Detalló que mientras estas personas se encontraban detenidas, “fueron extraídas de las celdas en las que permanecían y sin ningún trámite de las autoridades competentes fueron desterradas del país”.
Según relato de la familia de dos de estas personas, la Policía llegó a sus viviendas a retirar sus pasaportes y le exigieron a la familia comprarles un boleto de salida del país, indicó.
“El destierro es una práctica prohibida de manera expresa en la Constitución Política vigente del país. Ante este grave antecedente de violación a los derechos humanos, cabe mencionar que estas personas no fueron puestas en libertad, ya que fueron llevadas de El Chipote y trasladadas inmediatamente hacia el aeropuerto sin permitirles tan siquiera tener la oportunidad de empacar sus pertenencias”, apuntó el texto.
RESTRICCIONES MIGRATORIAS
El Observatorio también señaló que a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, “en múltiples ocasiones se le ha negado el ingreso o salida a familiares de personas presas políticas y personas opositoras. Ya sea en fronteras como Peñas Blancas o en el aeropuerto internacional tal como le sucedió al papá de un preso político en julio de 2021 a quien le impidieron ingresar al país”.
“Así como también a otros familiares de presos y presas políticas las autoridades migratorias les han retenido su pasaporte y les han comunicado verbalmente que tienen restricción migratoria. Aunque la restricción se da sin fundamentación legal alguna ni proceso claro bajo el que se ordene, solamente haciendo referencia el ser familiar de una persona presa”, expresa el Mecanismo.
También mencionó de personas excarceladas políticas y sus familias a quienes las autoridades migratorias les han negado su derecho de contar con un pasaporte.