La reforma a la “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, entró en vigor este martes al ser publicada en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, lo que obligaría a los bancos nicaragüenses a reabrir las cuentas a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por señalamientos de violación a los derechos humanos, narcotráfico y lavado de dinero.
La enmienda prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios orteguistas por corrupción o violación de los derechos humanos.
Si la banca nicaragüense acoge la normativa, tendría que desconocer las resoluciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que bloquea a los sancionados las propiedades o activos que tengan en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.
La banca que opera en Nicaragua, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de aquellas personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro.
Economistas han advertido que, la aprobación de esta reforma a la ley pone en peligro que Nicaragua pase de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha dicho que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
Mientras que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ha advertido que Nicaragua está en riesgo de quedar aislada económica y financieramente por esa ley.