El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras convocó ayer jueves a presentar propuestas para elegir a 10 magistrados electorales, siete propietarios y tres suplentes, de cara a los comicios presidenciales del 7 de noviembre próximo, además anunció la conformación de una “comisión especial” de carácter constitucional que se encargará de “revisar aspectos electorales” y de recibir las propuestas de magistrados electorales.
Al respecto, el experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez, señaló que la comisión especial anunciada por Porras es “atípica e incluso inconstitucional”, debido a que ese método para reformar la Ley Electoral no existe en la Constitución de Nicaragua.
“El procedimiento que están haciendo es atípico en este momento, puede ser incluso inconstitucional, lo que yo entiendo que se forme, ya veremos bien las próximas semanas, yo entiendo que se va a conformar una ‘comisión especial para asuntos electorales’ eso no existe, ni la Constitución lo señala, ni la ley de la Asamblea Nacional lo señala”, afirmó Álvarez a La Mesa Redonda.
El experto explicó que en lugar de esa “comisión especial”, se hubiera introducido “una iniciativa de reforma, la junta directiva (de la Asamblea Nacional) manda a plenario y se conforma una comisión especial para que dictamine la iniciativa de reforma a la ley electoral”.
“Entonces conformar una ‘comisión especial constitucional para asuntos electorales’ por si acaso hay una reforma electoral o cualquier otro cualquier otro asunto electoral, te va indicando la misma visión y tácticas marrulleras que implican seguir poniendo obstáculos y dificultades y hacer uso ventajista de los hilos del poder para que la oposición no sepa, sino hasta el último segundo realmente en qué consisten (las reformas electorales)”, advirtió.
Álvarez reiteró que es “marrullería” y “visión conspirativa” no haber introducido una iniciativa y a través se esta la conformación de una comisión especial dictaminadora.
Esta comisión anunciada por Porras estará integrada por los diputados orteguistas Edwin Castro, Jenny Martínez, María Auxiliadora Martínez, Wálmaro Gutiérrez, Irma de Jesús Dávila, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Rosa Argentina Navarro, y del Partido Liberal Independiente, Mario José Asensio Flores.
Esa comisión, explicó, deberá rendir un informe al plenario antes de someter a votación las candidaturas de los propuestos.
El experto constitucionalista, si bien aseguró que es “relativamente positivo” el inicio de los procesos parlamentarios “para deslucidar de una vez por todas si de una vez por todas si vamos a tener o no un chance pacífico y constitucional para salir de la crisis en la que vivimos”, esto “no significa que las reformas que se vayan a aprobar ni que los magistrados que vayan a nombrarse, sean las reformas y magistrados que demanda el pueblo nicaragüense para tener una transición democrática”.
Apuntó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murilo podría estarse viendo “obligados por la comunidad internacional” al convocar la elección de nuevos magistrados electorales, pero que también “puede ser que estén intentando gestionar una opción que les permita mantener sino el poder, altas cuotas de poder”.
“No esperemos que esto implique un cambio abrupto de mentalidad dictatorial a democrática, no creamos que esto significa que van a jugar con las herramientas propias de la democracia y las libertades institucionales, que van a construir los espacios que las democracias suelen otorgar a las oposiciones políticas”, indicó.
Porras no especificó la fecha en que la Asamblea Nacional llamará a los candidatos a magistrados, pero resaltó que una vez que la convocatoria entre en vigor, habrá 15 días para que Ortega y/o los diputados presenten sus propuestas.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha solicitado al régimen de Ortega garantizar unas elecciones “creíbles” el 7 de noviembre próximo.