El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) rechazó la aprobación en primera legislatura de la instauración de la cadena perpetua para castigar presuntos “delitos de odio” en Nicaragua.
El organismo calificó “una completa aberración” jurídica, la reforma al artículo 37 de la Constitución, que establecía la pena máxima de 30 años de prisión en el país.
“Desde el punto de vista jurídico es una completa aberración que no llena los requisitos necesarios para impulsar una reforma como la que se pretende, planteando más bien una contradicción entre el párrafo primero y segundo del Arto 37 Cn., no es clara y despierta muchas dudas: ¿cuál en verdad es la pena que debe prevalecer como pena máxima? ¿Los treinta años de prisión? o ¿La prisión perpetua revisable? Ahora: ¿Qué es una pena revisable? ¿Revisable por quién? ¿En qué momento procesal?”, cuestionó el CENIDH.
Para el organismo es evidente que la misma “es un manoseo formal a la Carta Magna, un retroceso en materia penal” y que su objetivo es “amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión”.
El CENIDH advirtió que la pretendida aplicación de esta reforma constitucional implicaría una reforma del Código Penal actual, con la tipificación de nuevos delitos y una lista de agravantes taxativos, “puesto que en lo penal no es permitido la interpretación extensiva de la ley”.
Añadió que, “no se puede confiar en la seriedad de normas jurídicas que llevarían implícitos nombres y apellidos para ser aplicadas en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial que ha perdido su independencia y actúa en función de los intereses del régimen Ortega Murillo”.
La reforma debe quedar aprobada definitivamente en una segunda legislatura en un próximo periodo parlamentario que iniciará el 9 de enero de 2021.
El CENIDH llamó a los diputados orteguistas a “rectificar en la próxima legislatura y exige al régimen Ortega Murillo el cese de estas modalidades de represión revestidas de supuesta legalidad pretendiendo vender la imagen de indignación frente a los hechos criminales cometidos en contra de dos niñas en Mulukukú, RACCN, con lo cual tratan de encubrir su confesado propósito de persecución y represión contra quienes les adversan, lo que fue confesado en el discurso del 15 de septiembre por el mandatario Daniel Ortega”.
“El CENIDH condena toda esta maniobra y llama a los nicaragüenses a no dejarse intimidar y fortalecer la lucha en la defensa por sus derechos humanos hasta conseguir la JUSTICIA y la DEMOCRACIA en Nicaragua”, concluyó.