El Gobierno de España advirtió este lunes de que las elecciones generales en Nicaragua no tendrán “credibilidad” luego que el régimen de Daniel Ortega a través del Poder Electoral cancelara la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)a tres meses de los comicios.
Por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Gobierno español consideró que esta medida, junto a otras adoptadas recientemente por el régimen, “impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.
España recordó la aprobación de una reforma electoral no consensuada y “muy alejada” de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), la promulgación de abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición como hechos que ponen en duda el valor de las elecciones.
Para el Gobierno español, “solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua”.
Por ello, urgió a que “el país se dote de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido” del dictador Daniel Ortega.
España subrayó la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos.
Al respecto, instó al Gobierno de Ortega a que “libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición y permita su libre participación en las elecciones”.
Además, destacó la importancia de que se “detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes”.
España se suma así a las denuncias de otros países como Estados Unidos y de organismos como Naciones Unidas y la UE sobre la falta de credibilidad de los comicios en el país.