Estudiantes nicaragüenses expulsados de universidades públicas denuncian ante la CIDH al Estado de Nicaragua

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “van prosperando” cuatro denuncias contra el Estado de Nicaragua, interpuestas por al menos 12 estudiantes nicaragüenses que fueron expulsados de diferentes universidades públicas en 2018, en el marco de la crisis sociopolítica del país.

El Dr. Danny Ramírez Ayérdiz, coordinador del Programa de Litigio Internacional del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) ubicada en Argentina, dijo en entrevista con La Mesa Redonda que la CIDH ya les ha asignado números de asuntos por casos de estudiantes expulsados, que esperan se haga justicia.

Hemos enviado desde CALIDH, un aproximado de cuatro denuncias que abarcan a 12 personas, la gran mayoría estudiantes o egresados, o ya profesionales de universidades. Todas las denuncias que hemos enviado han prosperado y van prosperando rápido porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha asignado números de asuntos en cuestión de días”, aseguró Ramírez Ayérdiz.

Agregó que está seguro que la CIDH “sigue estando interesada en la situación de Nicaragua”, al mismo tiempo adelantó que están preparando dos denuncias más a las que denominó ‘estudiantes presos políticos’.

Los estudiantes vivieron toda clase de violación de derechos humanos y tienen un signo común que es el exilio, y con esa comunidad de estudiantes exiliados es con la que CALIDH está trabajando en este momento”, señaló.

Ramírez Ayérdiz indicó que al menos 45 estudiantes nicaragüenses se han acercado a CALIDH para denunciar su expulsión universitaria en Nicaragua “sin un proceso previo”.

También atienden a estudiantes que tras ser expulsados de universidades públicas y retomar sus estudios en centros privados, vieron una vez más destruido sus esfuerzos debido al cierre y confiscación de estos por el régimen de Daniel Ortega. “Otra violación de derechos humanos”, zanjó.

Estos estudiantes primero fueron expulsados de la UNAN-Managua y se les violó doblemente el derecho a la educación porque después cancelaron la personalidad jurídica de la universidad privada donde ellos habían ido a estudiar”, lamentó.

La mayoría de los estudiantes de los casos que documenta CALIDH no han logrado incorporarse a universidades en el exterior, debido a la falta de recursos y a las barreras idiomáticas.

Ramírez Ayérdiz explicó que buscan que la CIDH –como paso previo antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos— “declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua, respecto de la violación del derecho a la educación de estas personas”.

Nicaragua puede ser condenada por estos actos de atropellos múltiples y aspiramos que, una vez que la Comisión llegue al fondo del asunto, ella decida enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso y la Corte condene al Estado de Nicaragua”, insistió.

Los estudiantes, las víctimas en este caso aspiran a justicia… el hecho de que exista una condena contra el Estado de Nicaragua va a sentar precedentes, representa una medida de reparación para los estudiantes”, aseveró Ramírez Ayérdiz.

Las universidades públicas en Nicaragua expulsaron oficialmente a 144 estudiantes, como parte de la ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que pedían su renuncia a partir de abril de 2018.

Todos ellos quedaron en un “limbo académico”. Después de más de tres años no pueden reingresar a sus universidades ni pueden aplicar a otras universidades de Nicaragua o el extranjero porque, junto con la expulsión, a la mayoría le borraron sus expedientes y se le niega el certificado de notas necesario para refundar sus carreras.

Las razones para sus expulsiones fueron diversas, pero una de las principales fue “terrorismo y destrucción de bienes públicos”.

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