La presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, la costarricense Catalina Crespo, exigió este viernes a la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua (PDDH) actuar en favor de los ciudadanos y “no ser cómplice” del régimen de Daniel Ortega.
“Hoy en día los hechos verificados en Nicaragua recuerdan el uso de la institucionalidad represiva en contra de la gente y de la sociedad civil organizada, rememorando en los agentes militares, policiales y judiciales, la represión y sus perpetradores que hubo en aquellos tiempos en que las dictaduras, y no las democracias, componían el paisaje político centroamericano”, expresó Crespo, defensora de los Habitantes de Costa Rica.
La Defensoría de los Habitantes explicó que Crespo, en su condición de presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, envió un oficio a la institución nacional de Derechos Humanos de Nicaragua en la que le exige “no ser cómplice” y “no guardar silencio” ante las violaciones que está sufriendo la población en ese país.
“La detención de líderes políticos opositores y de todo aquel que manifieste opiniones políticas disidentes al Régimen del Presidente Ortega constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las personas nicaragüenses, por lo que su Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del más sonoro silencio, no puede ni debe cohonestar tales actos”, indicó la defensora costarricense.
Además, instó a la institución nicaragüense a “adecuarse a los parámetros protectores de Derechos Humanos, en salvaguarda de los derechos e intereses de las personas y partidos políticos que hoy sufren, a cargo del Estado nicaragüense, prácticas represivas inhumanas y antidemocráticas”.
En el marco del proceso electoral, el régimen orteguista ha arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta “traición a la patria”.
Además, el CSE ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores, bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.
*Con EFE