Destacados / Nacionales · 27/02/2023

Exigen una prueba de vida del preso político Fanor Ramos

Familiares del preso político Fanor Alejandro Ramos de 51 años de edad, denunciaron ante el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), no saber el paradero ni estado de salud de este ciudadano, por lo que exigen al régimen en Nicaragua, una prueba de vida.

¿Dónde está y cómo se encuentra FANOR RAMOS? Los familiares del señor Ramos han informado a CALIDH que Nicaragua no da información de su paradero, ni de su estado de salud. Tememos que esté gravemente torturado o desparecido. EXIGIMOS YA UNA PRUEBA DE VIDA AL ESTADO”, denunció en su cuenta de Twitter, Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de CALIDH.

Ramos, es el preso político que –según el dictador Daniel Ortega–, junto al obispo Rolando Álvarez se negó a abordar el avión que llevó desterrados hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero a 222 excarcelados.

Hubieron (sic) dos que se negaron a subir las gradas del avión, uno de ellos Fanor Alejandro Ramos, ¿por qué no aceptó? Seguramente tuvo temor que ya estando en Estados Unidos y con ese record le abrieran procesos, lo investigaran y terminara con cadena perpetua, o en la silla eléctrica o con la pena de muerte. Él prefirió no montarse en el avión”, declaró Ortega, quien acusó al hombre de narcotráfico.

Ramos, antes de ser detenido en 2019, estuvo 25 años al servicio policial. Fue oficial de brigada especial y exjefe de la tercera sección del departamento de tácticas y armas policiales de instrucción de rescate de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), reconocido por su especialidad de francotirador y le dieron “baja por falta de idoneidad” en el 2010, pero en el 2018 la policía sandinista pretendió reclutarlo para reprimir y prefirió exiliarse en Costa Rica con su familia.

Ramos regresa del exilio en el 2019 y en diciembre de ese mismo año lo capturan y acusan por supuesto almacenamiento de droga. Fue condenado a 8 años de prisión y a pagar una multa de 34.000 córdobas.

El preso político es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).