Para el próximo 4 de abril se espera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renueve el mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, lo que permitirá que estos profundicen líneas de investigación para “identificar” a más responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, de cara a una futura rendición de cuentas.
Durante una conferencia de prensa el fin de semana Jan-Michael Simon y Ángela María Buitrago, miembros del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), explicaron que les interesa profundizar en asuntos como corrupción, violaciones a los derechos de los indígenas, afrodescendientes y los campesinos, así como “ver la cadena de mandos medios implicados en las violaciones” de derechos humanos.
“La renovación del mandato significaría la posibilidad de continuar con un mandato que es particularmente amplio en comparación con otros mandatos que se nos han otorgado y vamos a profundizar nuestras líneas de investigación”, sostuvo Simon, quien agregó que la posibilidad de la renovación es “alta” dada a que la situación de Nicaragua “lo amerita”.
El experto señaló “cualquier país” que sea parte de la Convención Contra la Tortura puede demandar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia”, y aunque el país no es firmante del Estatuto de Roma, de modo que se pueda determinar la responsabilidad penal de los individuos señalados.
Añadió que, “una vez que haya un cambio de Gobierno en Nicaragua, se puede remitir el caso a la Corte (Penal Internacional), y eso es algo que todos los violadores de los derechos humanos que están en funciones como jefes de Estado, deben tomar en cuenta”.
La jurista colombiana Ángela María Buitrago, miembro del Grupo de Expertos, explicó que dentro del mismo informe que presentaron en Ginebra, se hace relación a dos mecanismos para acceder a la Justicia universal para las víctimas o familiares de víctimas del régimen Ortega-Murillo.
El primero es “la activación de la jurisdicción universal, mecanismo que tienen muchos países de la región, que permite hacer investigación frente a la vulneración de derechos en otros países”.
El otro, “un mecanismo por pasiva, que significa que las personas que tienen doble nacionalidad puedan acudir al país (de su otra nacionalidad), para denunciar estos hechos”.
“También estamos viendo que también se pueden activar las jurisdicciones donde hay nicaragüenses que están siendo afectados a través de decisiones que se constituyen en delitos transnacionales y que permiten iniciar acciones legales en los países correspondientes”, añadió.
En el informe presentado en Ginebra el pasado 6 de marzo, se señaló a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y altos mandos de la Policía de cometer crímenes de lesa humanidad “como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática” contra parte de la población del país por motivos políticos.
El informe, investigó 159 casos y se realizó entrevistas a 291 víctimas y testigos. Documenta violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.