La Mesa Redonda entrevistó a los abogados Gonzalo Carrión, María Asunción Moreno y Gabriel Álvarez, sobre si es posible una justicia transicional en Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega- Murillo, lo que tiene que ver con un proceso de transición de una dictadura a una democracia en un país. Y que se resume en conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas.
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI) “verificaron in situ” las violaciones a los derechos humanos que el pueblo de Nicaragua ha vivido desde hace tres años por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Explicó que la comisión de crímenes de lesa humanidad que de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos se puede apreciar en esa persecución y graves violaciones a derechos humanos, con las detenciones ilegales, con las torturas, con el desplazamiento forzado, entre otras.
Carrión apuntó que está pendiente en Nicaragua el derecho a la verdad y la justicia, “es lago innegociable”.
María Asunción Moreno, también miembro de la Alianza Cívica, destacó la importancia de conocer qué es un crimen de lesa humanidad.
“Es un concepto que nace a partir de un momento histórico de la primer y segunda Guerra Mundial, el concepto a sido incorporado a los Estatutos de Roma, y son todos aquellos actos que realiza un Estado contra su población y que lo hace de una forma sistemática, generalizada, con una estrategia definida de atacar a un grupo que manifestaba su oposición al gobierno”, explicó.
La abogada señaló que la población nicaragüense ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad “por quienes hoy ejercen el gobierno”. Y que en la ejecución de estos está involucrado “todo el sistema de Justicia Penal, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial”, que cometieron delitos contra la población nicaragüense, por órdenes del Poder Ejecutivo, en este caso los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Estos delitos son imprescriptibles, a diferencia de los otros delitos que conocemos, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, esto quiere decir que en cualquier momento se puede solicitar justicia. Son delitos que no admiten ningún tipo de eximente. No los cubre ningún tipo de amnistía”, aclaró.
En esa línea, destacó que deben responder ante la justicia los ejecutores y el autor intelectual de dichos crímenes.
Moreno aclaró que la justicia puede lograrse a nivel nacional e internacional. En la primera, puede darse con un nuevo gobierno, y que este modifique todo el sistema de justicia del país, para que las víctimas tengan acceso a la justicia, ya que en las condiciones actuales “no permiten a las víctimas acceder a la justicia, porque todo el sistema son parte de esos delitos de lesa humanidad”.
Un nuevo gobierno, tendrá que investigar para determinar la cadena de mando de los crímenes y quiénes son los responsables de estos.
Por la vía internacional, la opción es acudir a la Corte Penal Internacional, algo que la experta ve “un poco complicado” tomando en cuenta que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma.
“Por temas de procedibilidad, en materia penal hay muchos formalismos y requisitos para poder actuar ante la Corte Penal Internacional. Tiene que haber una vía acceso, nosotros no somos signatarios del Estatuto de Roma, y la vía que podría haber para ir a la jurisdicción internacional de la Corte es que un nuevo gobierno realice una manifestación de voluntad de ceder la jurisdicción a la Corte, decir que en Nicaragua no se tienen las condiciones y que por lo tanto se cede esa competencia a la Corte Penal Internacional”, expuso.
Otra vía a nivel internacional, pero “un poco difícil”, es que el caso lo tomen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “es un camino más largo, con mucho más retraso, por los vetos de las naciones”, agregó.
Por su parte, Gabriel Álvarez, también integrante del Movimiento por Nicaragua, manifestó que no observa “muchas posibilidades de que en plazos cortos se empiecen a ver las condiciones para hacer efectivo el derecho de las víctimas”.
“No va a ser posible aún, en el caso de la transición democrática con un próximo gobierno, aún así no van haber las condiciones, los líderes políticos deben tener la firmeza de comprometerse con la justicia, pero también para que esta sea posible creo que deberá ir tomando los pasos graduales sobre todo en el ámbito de las modificaciones institucionales que permitan acceder a la justicia”, expresó.
“Un elemento fundamental para emprender este camino pasa por una vía electoral, elecciones legítimas. Si se presentara un fraude electoral en noviembre pues no estarán dándose las condiciones para buscar y producir justicia, verdad, no repetición y resarcimiento”, añadió.
La única posibilidad de que haya justicia de verdad, pasa por un cambio de gobierno, concluyó.