A juicio del excanciller y analista político Francisco Aguirre Sacasa, el hecho de que Nicaragua aparezca como uno de los países más corruptos de la región en el informe de Transparencia Internacional (TI) denominado “Índice de Percepción de Corrupción”, se debe a que el régimen orteguista recibía cooperación venezolana que manejaba sin los controles adecuados.
“En algunos años, hasta 600 y 500 millones de dólares entraban a anualmente a Nicaragua desde Venezuela, y la población en general tiene la impresión de que ese dinero no era para ayudar al pueblo si no para beneficiar al gobierno del comandante (Daniel) Ortega”, dijo Sacasa, al medio Voz de América.
Al resultado de «corrupción» se suma a que “en Nicaragua está aumentando el descontento social y las violaciones de los derechos humanos. Los servicios públicos y los procesos consultivos en la toma de decisiones son deficientes en este país”, agregó.
El exprocurador Alberto Novoa coincide con Sacasa, al declarar que en Nicaragua «no hay control de nada», pues «la Contraloría General de la República es una entidad nula que no investiga los casos de corrupción».
“Aquí no hay control de nada, la Contraloría no hace su papel, la policía económica no hace su papel el sistema de control de Nicaragua ha desaparecido”, expresó.
Consultado al respecto, el diputado ortegusita Luis Barbosa se negó a aceptar los resultados de TI, y argumentó que “hay organismos que sabemos que están jugando un rol del lado de Estados Unidos, que es desacreditando a los gobiernos”.
La coordinadora regional para las Américas de TI, Teresita Chávez, lamentó en una entrevista con la agencia Efe que América Latina lleve cuatro años «atascada», sin registrar mejoras. «Esto demuestra que la región fracasa en la lucha contra la corrupción», argumentó la experta, que relacionó esta lacra con las protestas en Chile y Panamá.
Chávez agregó que Nicaragua y Venezuela tienen «mucho en común»: «muchas grandes violaciones de los Derechos Humanos», «opresión de la oposición», «servicios públicos deficientes» y «acción de gobierno sin consultar a los ciudadanos». En Venezuela el «quebranto de la democracia» se acerca al punto de «Estado fallido», añadió.
A su juicio, la región latinoamericana afronta «retos significativos de líderes políticos que actúan en sus propios intereses a expensas de los ciudadanos» e hizo hincapié en los problemas del financiamiento partidario, las consultas públicas de la acción de gobierno y la integridad electoral. La corrupción, agregó, acaba «desgastando» a la democracia.
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