La familia de Juan Sebastián Chamorro informó este jueves recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de reparo fiscal de más de 9 millones de córdobas, y la confiscación de varias propiedades de su esposa Victoria Cárdenas y de su suegra.
“Como los tribunales no nos han amparado y más bien pretenden subastar los bienes de mi mamá, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de quejas y denuncias CIDH. El juez octavo de distrito es la autoridad encargada de subastar estos bienes, nos restringen nuestra libertad individual, nos quieren prácticamente confiscar todos los bienes y tienen un doble estándar, valoraron una propiedad en 18 millones de córdobas, más del doble de lo que reclaman y ahora la quieren subvaluar con un perito que no es idóneo por falta de imparcialidad” denunció Cárdenas, esposa del precandidato presidencial.
Victoria Cárdenas sostuvo que buscarán reparación ante la justicia internacional, pues en Nicaragua las autoridades les han rechazado varios recursos de apelación, por “razones políticas y económicas”.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro afirmó que la acción de la Alcaldía de Managua “tiene un trasfondo político” y refleja “la voracidad recaudatoria” de la comuna.
“Esta es una violación a los derechos, a los derechos de propiedad, a la libertad, al derecho del debido proceso (…) Se han introducido más de 14 escritos, recursos y hemos dejado en evidencia clarísima el interés político del sistema judicial que obedece a la dictadura de Daniel Ortega de no admitir recursos, de no admitir evidencias… Hay un claro interés confiscatorio, de robarse las propiedades”, declaró Chamorro.
Victoria Lacayo, suegra de Chamorro dijo que le están violando sus derechos humanos, ya que la Alcaldía de Managua la quiere despojar de su casa y varios terrenos, por unos impuestos que no debe.
“Hay una persona detrás de esto que tiene interés en mis propiedades ¿Quién es el que manda en la Alcaldía de Managua? todos los sabemos”, apuntó.
El abogado Tony López, explicó que las autoridades judiciales no admitieron el recurso de casación en el caso y han dejado “en la indefensión” a la familia.
“No hay respeto por las leyes ni por el debido proceso, las cosas se hacen por razones políticas. Quieren perjudicar a una familia opositora y se quieren lucrar de manera ilícita con propiedades”, manifestó.