Organizaciones que representan a los presos políticos en Nicaragua señalaron el jueves que la propuesta de imponer la cadena perpetua para “crímenes de odio” en el país es una muestra de “debilidad” del régimen orteguista, en su intento por callar a la oposición.
“Es una medida desesperada para tratar de callarnos, pero solo expone su debilidad, porque no logra que dejemos de denunciar”, dijo a la agencia EFE Grethel Gómez, integrante de la directiva de grupos que velan por los opositores convictos, como la Organización de Víctimas de Abril (OVA), la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Asociación de Presos Políticos Nicaragüenses (APPN) y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
Según Gómez, Daniel Ortega pretende encerrar “para siempre” a los opositores porque, a su juicio, aparentemente las medidas tomadas hasta ahora, entre ellas las sentencias por delitos comunes, no logran intimidar a la disidencia que se mantiene en resistencia contra el régimen.
“Independientemente de que quieran callarnos, no lo van a lograr, porque vamos a alzar la voz siempre, porque ellos (presos políticos) son los que nos inspiran. Los Ortega Murillo no están logrando lo que quieren, por eso amenazan con cadena perpetua”, insistió Gómez.
Datos del grupo Monitoreo Azul y Blanco, un grupo que da seguimiento a las incidencias relacionadas con ese conflicto, indican que más de un millar de opositores han pasado por las cárceles de Nicaragua desde el estallido de la crisis, de los cuales 94 se mantienen en prisión.
Ortega afirmó esta semana que, tras haber emitido una amnistía para la excarcelación de más de 600 opositores en 2019, una vez instaurada la cadena perpetua no haría tal concesión.
Aunque el establecimiento de la cadena perpetua en Nicaragua requiere un proceso lento, que incluye la mencionada reforma a la Constitución, consultas y la aprobación del 70 % de dos legislaturas en la Asamblea Nacional, varios sectores lo dan por hecho, debido a que los orteguistas controlan todos los poderes del Estado.