El observatorio Urnas Abiertas presentó este miércoles el informe ‘Nicaragua Observa’ en el cual concluye que la pasada farsa electoral municipal en la cual el FSLN, partido del dictador Daniel Ortega se auto adjudicó el 100% de las Alcaldías de Nicaragua, estuvo marcada por 1.871 reportes ciudadanos vinculados a 5.821 anomalías.
Los 1.871 reportes mencionados tuvieron lugar en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas. Asimismo, Urnas Abiertas recibió reportes procedentes de 151 de los 153 municipios de Nicaragua, lo que representa una cobertura del 99%. Los dos municipios donde no se obtuvieron reportes fueron Niquinohomo y Esquipulas, detalló.
Las 5.821 anomalías identificadas por las redes ciudadanas responden a irregularidades en el uso de vehículos del Estado, coacción del voto, indicios de fraude electoral, presencia de votantes de otras localidades en los CV, propaganda electoral al interior de los CV, padrón no visible en los CV y hechos de violencia política. Entre estos últimos destaca la detención de 50 personas entre el 1 y el 12 de noviembre en seis departamentos, las dos regiones autónomas y 20 municipios, precisó el observatorio.
Además, la violencia política se manifestó a través de capturas arbitrarias, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de los CV, control en carreteras, presencia policial desproporcionada y presencia de paramilitares en los CV.
Metodología de la participación ciudadana
El porcentaje promedio de participación ciudadana presentado por Urnas Abiertas es una aproximación, como resultado de la observación a partir del diseño de una muestra estadística representativa a nivel nacional, explicó.
Se utilizó como universo de estudio el padrón electoral de 2017, publicado por el CSE antes de la eliminación de más de 1 millón 300 mil personas. Se diseñó una muestra nacional probabilística con un nivel de confianza de 95 % y un grado de error estadístico del 5 % utilizando desviación estándar.
El tamaño de la muestra fue de 366 centros de votación. “Al igual que en 2021, se observó la afluencia de votantes en diferentes períodos de tiempo, a fin de comparar posteriormente la participación con la cantidad de votantes esperados”, indicó el observatorio.
Urnas Abiertas desplegó una red ciudadana de más de 1.700 personas que observaron el desarrollo de la jornada de votaciones en 15 municipios de los 17 departamentos y regiones. “A través de la observación ciudadana se registraron irregularidades, anomalías y violencia política. Asimismo, se recibieron denuncias en las líneas de comunicación directas de Urnas Abiertas desde 51 municipios en los 17 departamentos y regiones”, apuntó.
Esto permitió concluir que la participación de este año fue de un 17,33% y el nivel de abstencionismo ascendió a un 82,67%.
La metodología implementada y la observación de la red ciudadana ejecuta por Urnas Abiertas durante el 6 de noviembre confirma que el 94% de estos reportes provino de personas observadoras en terreno, mientras que el restante 6% se recibió a través de las líneas de comunicación habilitadas por Urnas Abiertas.
Resultados: mortal estocada a la Ley de Autonomía Municipal
Los resultados de la farsa electoral del 6 de noviembre de 2022 “han propinado una mortal estocada a la democracia en general y al Desarrollo Local y la Autonomía Municipal en particular”, afirmó Urnas Abiertas.
“Lo que se observó en las elecciones de Nicaragua fue un encadenamiento de acciones antidemocráticas de carácter violento y represivo, que tuvo como objetivo que el FSLN se adjudicara todos los espacios locales, incluso aquellos en los que tradicionalmente participaban algunos partidos políticos residuales y/o colaboracionistas”, continuó.
Para el observatorio estos resultados “trastocan principios democráticos como el pluralismo político, el equilibrio de poderes y la legalidad del debido proceso”.
“El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha creado las condiciones para eliminar toda oposición política y las últimas expresiones de democracia fueron aniquiladas en estos comicios. Las ideologías de territorios históricamente liberales o las apuestas políticas de organizaciones indígenas y afrodescendientes han quedado excluidas de la administración pública”, sostuvo el informe.
“Lo que resulta del control autoritario del régimen sobre las 153 alcaldías del país es el uso de los gobiernos locales como un mecanismo directo para imponer las órdenes que emanan del Ejecutivo, la instrumentalización del poder local para perseguir y violentar a la ciudadanía opositora y la desaparición de autoridades que en teoría deberían ser elegidas para resolver los problemas de la población. Para el Desarrollo Local y la Autonomía Municipal esto representa un grave retroceso en los avances que se habían logrado durante las décadas de 1980 y 1990, y que habían permitido trasladar funciones, responsabilidades, recursos y competencias a los territorios municipales para identificar y resolver mejor los problemas locales”, concluyó Urnas Abiertas.