Félix Maradiaga denuncia las confiscaciones en Nicaragua por el régimen orteguista
El excarcelado político Félix Maradiaga denunció ante el Foro Internacional “Propiedad Privada: Un Derecho Humano” que se realizó el martes en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) los procesos de confiscación en Nicaragua realizados por la dictadura de Daniel Ortega.
Maradiaga, fundador y presidente de Fundación Libertad, fue invitado en calidad de expositor principal en el panel de conclusiones políticas junto a otros expositores. El encuentro organizado por The Adam Smith Center for Economic Freedom, Interamerican Institute for Democracy y el medio de comunicación argentino Infobae.
El foro se centró en conocer las prácticas de toma de tierras, decretos confiscatorios y otras modalidades de usurpación de la propiedad privada en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y otros.
Maradiaga inició su exposición recordando que la Constitución de Nicaragua de 1893, conocida como “La Libérrima”, incluía disposiciones relacionadas con la propiedad privada. Esa constitución reconocía y protegía el derecho a la propiedad privada. Establecía que la propiedad era inviolable y que nadie podía ser privado de ella, excepto por causa de utilidad pública debidamente comprobada y previa indemnización.
No obstante, Maradiaga explicó que a lo largo de la historia de Nicaragua ha habido más de cinco procesos confiscatorios, “lo que demuestra la fragilidad de ese derecho humano”.
“Cuando analizamos los aspectos que más dotan a la persona de dignidad, libertad y felicidad, la propiedad privada se destaca como uno de los pilares fundamentales para alcanzar esa condición. La historia ha demostrado inequívocamente que de poco sirven los enunciados de derecho a la salud, a la participación ciudadana, a la seguridad social e incluso a la educación, si esos derechos no van acompañados de un verdadero respeto a la propiedad privada. Si la propiedad privada está bajo ataque y no existe el imperio de la ley que la proteja, las inversiones en capital humano dejan de tener suficiente efectividad porque se inhibe el surgimiento de una clase media estable, de propietarios y de personas libres que no caigan víctimas tan fácilmente de los populismos”, dijo Maradiaga.
Posteriormente explicó que la dictadura de Daniel Ortega “ha tenido desde sus orígenes una férrea oposición al derecho de la propiedad privada”. Al respecto, recordó que los atropellos a todas las otras libertades y el arrebato de derechos en materia de libertad de prensa, culto o asociación, incluido uno tan básico como el derecho a la nacionalidad, inicia con el ataque a la propiedad privada.
Maradiaga expuso, además, la historia de “la Piñata Sandinista” iniciada con el Decreto 3 del 20 de julio de 1979 que confiscaba las propiedades y bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977. Dijo que ese decreto después fue una “luz verde para que los sandinistas se apropiaran a su gusto y antojo de los bienes que hasta hoy siguen usufructuando”. También se refirió a la “Ley de los Ausentes”, aprobada el 19 de julio de 1981, como “otra forma aberrante de robo de propiedades”.
Maradiaga señaló que “en 1990, cuando el Frente Sandinista fue derrotado electoralmente por la UNO, los dirigentes sandinistas reconocieron que no podían vivir fuera del poder y por ello iniciaron un proceso de saqueo, conocido hoy como ‘La Piñata’.
Detalló que “dos meses previos a entregar el poder, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, para apropiarse de propiedades urbanas y rurales, además de cientos de empresas que habían estatizado, la Asamblea controlada por el FSLN aprobó tres leyes, 85, 86 y 88, para legalizar las propiedades robadas”.
Maradiaga calculó que a nivel nacional hubo unas 11 mil personas confiscadas, de las cuales la mayoría nunca recuperó lo robado.
Maradiaga recordó una frase de su abuelo que murió en el exilio con una buena parte de sus bienes expropiados por el sandinismo: “Todo lo que se construye sin garantías a la propiedad privada, se construye sobre arena movediza”.
También explicó que, con la derrota del FSLN en 1990, la recién electa presidenta Violeta Barrios de Chamorro se vio obligada a privatizar empresas estatales para iniciar a pagar una deuda que rondaba los 1,500 millones de dólares, lo que actualmente significa más del 16% del total de la deuda pública.
Maradiaga dijo que cuando regrese la democracia en Nicaragua, “es fundamental que todo lo robado regrese a sus legítimos dueños y que no sea el pueblo el que tenga que pagar esa deuda”.
“En una verdadera democracia, toda persona debería tener el sagrado derecho de poseer, utilizar y disponer de sus bienes de acuerdo con sus propios deseos y necesidades. Sin embargo, en este delicado equilibrio, el peligro del populismo amenaza como una sombra inquietante, debilitando los fundamentos que sustentan este derecho fundamental y poniendo en riesgo no solo el progreso económico, sino también la cohesión de nuestra convivencia en sociedad” concluyó.
