El Ministerio Público de Daniel Ortega informó el miércoles que ha encontrado “serias inconsistencias financieras” en un caso de supuesto “lavado de dinero” por el que se investiga a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios.
En una declaración, la Fiscalía indicó que han encontrado esas “inconsistencias” entre los reportes presentados al Ministerio de Gobernación y los montos recibidos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, “razón por la cual se procedió a iniciar el proceso investigativo para esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero”.
El Ministerio Público dijo que ha iniciado una investigación en contra de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia por el presunto delito de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”, a solicitud del Ministerio de Gobernación, que interpuso la denuncia.
“Una vez recibida la denuncia procedió a realizar el análisis de la misma junto con la documentación que le fue entregada por parte de Gobernación, se realizó el estudio de los mismos, encontrando serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos en la Fundación”, reza el documento.
La Fiscalía ha entrevistado a Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente.
“Estos fueron citados en calidad de investigados para que respondieran por los hechos arriba mencionados y esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero, por el cual el Ministerio de Gobernación los denunció. Cada investigado se presentó con su abogado, respetando sus derechos constitucionales en todo momento”, sostuvo esa cartera.
También citaron, como testigos, a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, excolaboradores de la ONG, así como a la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.
“Estas personas en todo momento se negaron a declarar y colaborar”, aseguró el Ministerio Público.
Los aludidos explicaron, que se abstuvieron de brindar su declaración amparados en el artículo 34 de la Constitución Política, bajo el argumento de que los fiscales les impidieron ser asistidos por sus abogados.
Según la versión de los periodistas, los fiscales les explicaron que estaban citados en calidad de testigos y no requerían abogados, y como insistieron en ser asistidos legalmente, los amenazaron con investigarlos como imputados.
La Fiscalía también ha llamado a otros periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez.
El Ministerio Público dijo que “va a continuar realizando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos”.
Hasta ahora, la Fiscalía ha citado a 16 periodistas por ese caso.