Nacionales · 10/03/2022

Fiscalía orteguista usa entrevistas de La Mesa Redonda como “pruebas” en juicio político contra Edgard Parrales

El pasado 4 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial contra el exembajador Edgard Parrales de 79 años de edad, acusado del falso delito de “conspiración para cometer menoscabo y de “propagación de noticias falsas”, por sus opiniones y análisis políticos contra el régimen de Daniel Ortega en medios de comunicación independientes, uno de ellos La Mesa Redonda.

La audiencia inicial contra Parrales se realizó en el Juzgado Quinto Penal de Audiencia de Managua, mientras que la audiencia preliminar ocurrió el 17 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como ‘El Chipote’.

Se prevé que el final del juicio político contra el exdiplomático sea a finales de abril.

Según la acusación de la Fiscalía en poder de La Mesa Redonda, esta institución usa como “pruebas” tres de las entrevistas que Parrales brindó a este medio de comunicación en los meses de abril, mayo y junio de 2021; y una al Canal 10 de televisión en agosto del año pasado.

El texto destaca que el 20 de abril de 2021, “mediante una entrevista brindada al programa La Mesa Redonda, el acusado Edgard Parrales ante las preguntas del periodista Sergio Marín Cornavaca, respecto a la imposición de sanciones en contra de todos los funcionarios gubernamentales, expresó lo siguiente: ‘Renacer ahí está en proceso interno y Renacer puede ser, digamos el gran impacto sancionatorio que se le dé a Ortega y a su gente, que puede ser seguido después por la Unión Europea”.

La segunda entrevista mencionada por la Fiscalía, es la del 11 de mayo de 2021, “en entrevista realizada por Sergio Marín, el acusado Edgard Parrales, en clara alusión a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país, poniendo en peligro la autodeterminación del pueblo de Nicaragua, manifestó lo siguiente: ciertamente la OEA tiene una papa caliente en la mano, en octubre del año pasado emitió una resolución verdaderamente fuerte, que rescataba y coincidía con los acuerdos que se habían dado en marzo de 2019, entre la dictadura sandinista y la Alianza Cívica, que nunca la cumplió el Frente, que eran varios puntos”. “Yo tengo una expectativa, no te diría que es ilusa, pero sí una expectativa con cierto sentido realista de la OEA, puede salir con una resolución fuerte a como va a salir con la Ley Renacer, con la posición de Canadá y la Unión Europea”, agrega el texto.

La tercer entrevista a la que la Fiscalía hace referencia, es la del 8 de junio de de 2021, “el acusado Edgard Parrales, brindó una entrevista en el programa transmitido en YouTube, Mesa Redonda, dirigido por el periodista Sergio Marín Cornavaca, donde el acusado expresó lo siguiente: Estamos ante un Estado de hecho, que ha violentado el estado de derecho, los nicaragüenses tenemos que luchar, la Corte es uno de los principales criminales, no ha dado pase a los recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes espurias como la Ley de agentes extranjeros, la Ley de soberanía, todas ilegales. La Corte omite esta responsabilidad y tiene una inmensa responsabilidad con la historia de Nicaragua… mediante esta entrevista el acusado difundió información falsa y tergiversada relacionada con la legalidad e institucionalidad de Nicaragua, con el propósito ilícito de provocar desobediencia, poniendo en peligro la estabilidad del país, el orden público y la seguridad soberana, así como difundir miedo entre los servidores y funcionarios del Estado de Nicaragua”.

La cuarta entrevista usada como “prueba” contra Parrales, es una brindada al Canal 10, el 9 de agosto de 2021. “Mediante una entrevista realizada en Canal 10 y publicada a través de Facebook, el acusado Edgard Parrales, con el fin de desinformar y tergiversar la información expresó: un gobierno que dice tener legitimidad y no tiene ninguna legitimidad, un gobierno que dice obedecer la Constitución Política y las leyes, pero las pisotea y se limpia con ellas…

Cabe recordar que el régimen Orteguista cambió la medida cautelar de Parrales de “prisión preventiva a arresto domiciliar” el pasado 25 de febrero, a causa de las enfermedades crónicas que padece.