Ante la nota publicada el día viernes por este medio de comunicación sobre la inmovilización de una propiedad del empresario Luis Rivas Anduray, CEO del Banco de la Producción S.A. (Banpro) en Nicaragua, una fuente que labora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ampliado para La Mesa Redonda información sobre las otras personas que salen en la lista de inmuebles “inmovilizados” por el Poder Judicial con jurisdicción en el departamento de Rivas.
“Hay una orden girada a todos los registros públicos, con una lista y mandan a inmovilizar todas las propiedades que estén a nombre de esa gente. Esa lista de propiedades (en Rivas) están inmovilizadas, no podés vender, no podés hacer absolutamente nada, no las podés gravar ni nada”, dijo ayer un abogado a La Mesa Redonda.
El jurista explicó que la inmovilización de propiedades es una especie de “Nica Act”, pero aplicada a las personas y entidades dentro de Nicaragua.
Este sábado, otra fuente que labora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que solicitó anonimato por razones de seguridad, aseguró que la inmovilización de bienes a los personajes que salen en dicha lista se debe a una “fuerte pasada de cuentas entre sandinistas”.
El informante aseguró que el sancionado Néstor Moncada Lau, operador político de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empezado actos de pasada de cuenta a aquellos personajes que según él se ampararon en las gestiones del despacho que tenía el exmagistrado Rafael Solís con su sobrino Aldo Rafael Rappaccioli Solís, este último acusado por las bases sandinistas de establecer una red de corrupción dentro del Poder Judicial.
Todas las gestiones que se hicieron desde el despacho de Solís operado por Rappaccioli, fueron buscadas por fechas y “salieron pegadas esas personas” de la lista que es solo del departamento de Rivas, pero hay otras personalidades con propiedades inmovilizadas en Registros de la Propiedad de otros departamentos, comentó la fuente.
“Aldo Rapacioli Solís, conocido como el “sobrinazo” por ser sobrino del exmagistrado Rafael Solís era el principal operador de su tío en todos los movimientos que se realizaban desde el despacho del magistrado”, sostuvo el informante.
A continuación, nombramos algunos de los personajes y sus actividades dentro del sandinismo:
Karla Patricia Castillo Rodríguez (número 8 en la lista), fue durante mucho tiempo la asistente del magistrado Rafael Solís, cuando este decidió “abandonar el barco”, a Castillo se le nombró Secretaria Política de toda la Corte Suprema hasta que fue sustituida por el actual magistrado Marvin Aguilar, que ahora es el Secretario Político del partido FSLN, es decir el principal operador de la “pareja presidencial”, contó la fuente.
Santiago Arturo Chávez Sequeira (número 14 y 15 en la lista), es el principal testaferro de Fidel Moreno, actual secretario político de Managua y verdadero mandamás en la Alcaldía de la capital. Chávez es dueño de la empresa Chávez y Chávez que siempre gana las licitaciones de los millonarios proyectos de la Alcaldía de Managua. Además, es dueño de la empresa Concretos y Más que suministra todos los materiales de concreto y el concreto hidráulico a los diversos proyectos de la Alcaldía capitalina. Cabe mencionar que Concreto y más también ejecuta proyectos especiales, detalló el informante.
Ervin Guillermo Castillo Ortega (número 16 y 17 en la lista) es abogado, muy allegado al círculo del comandante y empresario Bayardo Arce Castaño. Castillo es dueño de la empresa Valuarte, principal evaluadora del BANPRO. También es dueño de la empresa Delta que es la empresa que tiene el contrato de seguridad física y de valores de BANPRO. Castillo además es presidente de la firma de abogados Alianza, el principal abogado del CEO de BANPRO el señor Luis Rivas Anduray, ya mencionado como uno de los principales afectados por la disposición emanada de la CSJ.
Jacinto Bismarck Obregón Sánchez (número 18 en la lista) es abogado, y primo hermano del General Óscar Salvador Mojica Obregón uno de los últimos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y exministro del MTI.
Nuestro informante aseveró que la abogada Clara Cruz Castillo, registradora de la Propiedad en el departamento de Managua es hermana de la también abogada María Auxiliadora Cruz Castillo, inspectora nacional del Registro de la Propiedad, han sido las encargadas de ordenar a los registradores de la Propiedad departamentales poner en una lista de bienes inmovilizados del país a todas las personas que de una u otra manera tuvieron que hacer gestiones para inscribir o registrar sus propiedades con el despacho del entonces magistrado Rafael Solís Cerda.
El informante además, sostuvo que Wendy Carolina Morales Urbina, actual Procuradora General de la República, es la que firma las órdenes dirigidas a los registradores departamentales con la lista de los nombres y propiedades afectadas con la medida denominada de “inmovilidad”.
Morales Urbina, llegó a la PGR como secretaria ejecutiva del abogado Hernán Estrada quien también abandonó el barco después de los sucesos políticos sociales de abril 2018 y que ocupaba la silla más importante de la Procuraduría prácticamente desde que el dictador Daniel Ortega accedió nuevamente al poder en 2007.
La ahora Procuradora recién terminó la carrera de Derecho en una universidad privada y ahora ocupa el puesto principal en la PGR, según nuestra fuente.
La fuente señaló que, en uno de los departamentos de la zona central del país hubo un altercado con una registradora que se opuso a crear la lista de inmovilidad de propiedades de muchas personas aduciendo que es un acto ilegal y recordó que un acto similar cuya orden fue dictada por la Procuraduría General de la República en su momento, estableció que dicha instancia y dicha orden no goza de validez ya que no cuenta con la facultad debida y por lo tanto solo corresponde inmovilizar cuentas registradas a los dueños de las propiedades.
“La funcionaria fue enfática al decir que en un futuro esto podría ‘parar’ en perjuicio a las personas en la lista que podrán poner queja de los funcionarios que hicieran esto y demandar al Estado de Nicaragua”, relató el informante.
Fue María Auxiliadora Cruz Castillo, inspectora nacional del Registro de la Propiedad quien le dijo a esta registradora departamental que la orden provenía de Néstor Moncada Lau.
“La registradora departamental puso en duda lo expresado por Cruz Castillo entonces ésta llamó al poderoso operador y sancionado Moncada Lau para ponerlo al teléfono con la funcionaria… Moncada Lau le dijo: ‘o cumple la orden o pone su renuncia’”, contó la fuente del CSJ.
Otro personaje que aparece en la lista es Gerardo Miranda (número 11), ex alcalde de San Juan del Sur, estuvo involucrado en un escándalo de coimas y chantaje por ventas de propiedades en el departamento de Rivas.
Este caso fue destapado en una investigación periodística del medio Esta Semana en mayo del 2007 y señalaba a Miranda de “extorsionar a inversionistas para la solución de seis litigios de propiedad”. Miranda también era operador político de Lenin Cerna excolaborador del dictador Daniel Ortega y exsecretario del FSLN.
A juicio de nuestra fuente, Néstor Moncada Lau estaría trabajando por órdenes de Rosario Murillo para “pasarles la cuenta” a Bayardo Arce y a Lenin Cerna a través de funcionarios cercanos a ellos por no cerrar filas a favor del régimen; a Luis Rivas Anduray por no continuar con la alianza “empresa privada-gobierno” que existía antes de abril de 2018; y a Fidel Moreno a través de su testaferro Chávez Sequeira, por la enemistad personal que existe entre ellos desde hace mucho tiempo.
El sancionado Moncada Lau estaría aprovechando deshacerse de sus enemigos, apostilló nuestro informante.
Néstor Moncada Lau y su odio contra la Iglesia Católica
Cabe destacar, que Moncada Lau tiene un oscuro historial de ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua. A mediados de los noventa, fue señalado como el organizador y responsable de una ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas.
El 10 de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, Moncada fue detenido por la Policía cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT a bordo de un vehículo propiedad del Canal 4, fue condenado a 18 meses de cárcel por terrorismo, no obstante, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.
El odio de Moncada Lau contra la Iglesia Católica, vuelve al escenario en la actualidad por las recientes profanaciones a templos y el acto terrorista ocurrido el viernes en la Catedral de Managua, donde un encapuchado lanzó una bomba en la Capilla provocando un incendio que calcinó por completo la imagen de la Sangre de Cristo que lleva 382 años en Nicaragua, y que fue venerada por San Juan Pablo II en 1996, cuando se arrodilló y oró a sus pies, durante su segunda visita al país.