El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los graves impactos” de la minería ilegal en el medio ambiente y los derechos humanos de la población en Nicaragua.
Durante la sesión pública “Minería ilegal y su impacto en los derechos humanos” realizada por la CIDH, Ruiz posicionó el tema de las relaciones sostenidas entre la minería industrial e ilegal para la producción de oro y extracción de mercurio en perjuicio de áreas protegidas y territorios indígenas del sureste nicaragüense.
“El avance de la minería ilegal ha sido posible debido al fomento de la minería industrial en los marcos de ley nicaragüenses”, expresó Ruíz.
Un 30% del oro extraído de procesos ilegales es acarreado por canales de procesamiento y exportación, propiedad de empresas radicadas en el país, muchas de ellas colombianas y canadienses. A este negocio se suma la “comercialización ilícita de 36 toneladas anuales de mercurio”, indicó el ambientalista.
Ruíz expuso que en la zona transfronteriza de Río San Juan se ha estado traficando el mineral. También reportó “blanqueo de capital, trata de personas y comercialización de droga dentro de la zona de explotación ilegal de minería”.
“Al menos 14 concesiones se han otorgado desde 2007”, lo que se ha traducido en la ocupación del 23% del territorio del país. En promedio 79 de estas concesiones se encuentran en Bosawás, además se han encontrado 100 molinos mineros en las zonas de amortiguamiento de Indio Maíz y “al menos tres sectores ilegales en la zona núcleo pese a que está prohibida la extracción de metales en ambas reservas”, aseguró.
Añadió que el 41% del territorio Mayagna Sauni, del pueblo indígena Mayangna en Bosawás, está concesionado para la minería, lo que ha incrementado la conflictividad territorial y asesinatos en la zona.
Estos impactos han trascendido a cuatro pueblos ancestrales, “generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, 1 territorio Matagalpa, 6 territorios Mayagnas, 7 Miskitus y 2 territorios multiétnicos”, declaró.
La presencia de estas actividades también ha influido en el asentamiento de personas desconocidas en otras comunidades.
Fundación del Río y el Centro Humboldt estimaron que más de 40 mil personas se dedican a la minería ilegal en unos 38 municipios.
Fundación del Río alertó que “no existen medidas de seguridad, ni condiciones laborales; las áreas de extracción son inestables e inseguras, existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo de mercurio”.
De momento se han reportado 55 personas fallecidas por esta actividad.
“No conozco ningún territorio minero en Nicaragua que haya salido de la pobreza, más bien lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales, muchas veces solo nos saquean”, sostuvo Ruíz.
Pese al deterioro eco-social que ha provocado la minería en el país, las instituciones estatales han ignorado sus efectos, en su lugar, reformaron “con carácter de urgencia La ley de exploración y explotación de Minas para asegurar el control de toda actividad a favor del gobierno, incluida la minería ilegal”.
Ruiz identificó que en el capítulo 77 se facultó al Ministerio de Energía y Minas el otorgamiento de avales para la minería ilegal.