La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) comunicó este viernes su decisión de suspender operaciones en Nicaragua debido a la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, conocida también como “Ley Putin” que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
A través de un comunicado, la Fundación aseguró que “no acepta la pretendida imposición de registrarse como Agente Extranjero, establecida en una ley inconstitucional violatoria de todo principio de libertad de organización”.
La decisión de suspender operaciones fue tomada por la Asamblea de Miembros y Consejo Directivo, quienes expresaron que “el pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional que se invoca en tal Ley, es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes, en el marco jurídico nacional”.
Para la FVBCH, la legislación es una herramienta de “manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrario a sus lineamientos”.
La legislación “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.
La normativa contempla multas de hasta medio millón de dólares para las personas y organizaciones nacionales e internacionales que se nieguen a inscribirse como “agente extranjero” o intervengan en la política interna de Nicaragua.