Humberto Belli, hermano de la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, es buscado por la Policía Orteguista por no comparecer ante el Ministerio Público que lo investiga por supuestos “actos ilícitos”, como parte de un caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia.
La Policía también busca al empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones, a quien el Ministerio Público había amenazado con usar la fuerza pública si no asistía a declarar en una segunda cita.
Belli, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, confirmó a través de un tuit que allanaron el domicilio de su hermano, que fue ministro de Educación en la Administración de Violeta Chamorro (1990-1997).
“No sabemos nada de mi cuñada, Rosario Argüello, que estaba sola” en la vivienda, indicó la escritora.
POR NO COMPARECER ANTE LA FISCALÍA
En una declaración, la Fiscalía explicó que ordenaron a la Policía buscar y capturar a Belli y a Baltodano Cantarero, porque “encontrándose en el país, y sin justificación alguna, faltaron a la cita ante el Ministerio Público”.
La Fiscalía abrió una investigación contra la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado, y de la que el hermano de la escritora y el empresario son miembros.
La investigación contra el Funides y sus juntas directivas es “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”, señaló el Ministerio Público.
También “por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, para lo cual citan la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
“Toda persona citada ante el Ministerio Público y que no se presente, debe acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; en el caso de quienes manifiesten estar fuera del país, deben enviar certificación emitida por Migración y Extranjería”, agregó.
Por ese caso, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios, incluido a los dos a los que se les giró orden de captura.