El gobierno de los Estados Unidos indicó que China es su “mayor competidor” en América Latina y que disputar la influencia de Beijing en la región es un “desafío central”.
La definición corresponde a Namita Biggins, vocera del departamento de Estado. En una entrevista con Infobae, la funcionaria delineó los principios sobre los cuales la administración de Joe Biden respaldará su abordaje de los principales temas de política exterior tanto a nivel global como hemisférico -el cambio climático y los flujos migratorios, entre ellos- y afirmó que continuarán las acciones contra los miembros y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Biggins explicó que más allá de que el gobierno demócrata “entiende bien” que Beijing tiene “mucha influencia en la región”, Estados Unidos “sigue siendo el socio preferido en el Hemisferio Occidental”.
“Compartimos valores democráticos y vamos a enfocarnos en fortalecer la gobernanza y promover la transparencia. Son valores muy diferentes de los que definen a China”, añadió la portavoz, que anticipó además la voluntad de “responsabilizar” al gigante asiático desde el sistema multilateral internacional por “sus abusos” en el plano de los derechos humanos.
Biden ha realizado declaraciones públicas en esta línea. En un discurso el 4 de febrero aseguró que Estados Unidos debe “enfrentar este momento en el que el autoritarismo avanza, incluyendo las crecientes ambiciones de China para rivalizar con el país y la determinación de Rusia de dañar y ser un elemento disruptivo de nuestra democracia”.
A nivel regional, pocos días antes del traspaso de mando Estados Unidos anunció un acuerdo con Ecuador que contempla el desembolso de USD 3.500 millones para que cancele parte de su deuda con China a cambio de la exclusión de Huawei de la construcción de su red 5G, entre otras cláusulas.
Si bien la administración actual no se ha expresado respecto de la decisión de su predecesora, días atrás la nominada por Biden para ocupar el puesto de secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dio un indicio de la que sería la postura a futuro.
En una respuesta escrita a preguntas realizadas por senadores, indicó que “no veía razón” que ameritara remover a la compañía, sospechada de tener lazos con Beijing, de la lista que conmina a las compañías locales a obtener autorización gubernamental para venderle tecnología o propiedad intelectual.
Con respecto al abordaje sobre la situación en Venezuela, Biggins reiteró la voluntad de la administración de otorgar Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los migrantes que hayan llegado al país. La medida, que también fue introducida como proyecto de ley por congresistas y senadores en distintos momentos durante el 2021, permitiría a los venezolanos residir y trabajar legalmente en el país.
Los últimos en hacerlo fueron los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Cory Booker. A comienzos de enero, los legisladores por Florida -los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y el republicano Mario Díaz-Balart- habían presentado una propuesta similar en la Cámara de Representantes.
En 2019 la Cámara Baja, en poder de los demócratas, aprobó una propuesta bipartidista para hacerlo, que quedó bloqueada en el Senado, dominado en aquel entonces por los republicanos, pese al apoyo de senadores de ese partido, como Marco Rubio.
Por otro lado, Biggins reafirmó que el gobierno continuará “actuando contra funcionarios del régimen y sus colaboradores que se han involucrado en corrupción y violaciones a los derechos humanos” y que “seguirá trabajando con aliados y socios para favorecer y restablecer la democracia en Venezuela”.
También reiteró el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como la única institución democrática en el país, más allá de las elecciones del pasado diciembre que fueron boicoteadas y no reconocidas por la vasta mayoría de la comunidad internacional.
Las declaraciones sobre la situación, realizadas también por distintos funcionarios a lo largo de las últimas semanas, contrastan con los intentos de Maduro de “pasar la página” y establecer “un nuevo camino” con el gobierno. Además de Biggins se expresó el secretario de Estado Antony Blinken, quien lo calificó de “brutal dictador” y el vocero Ned Price, quien indicó que “ciertamente no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo”.
Finalmente, con respecto al tema migratorio -uno de los más presentes en la agenda de su relación con México y Centroamérica- la funcionaria reiteró que pese a la voluntad anunciada de cambiar el sistema migratorio, “la situación en la frontera no ha cambiado”.
“No se transformará de un momento a otro, pero estamos decididos a adoptar un enfoque que mantenga la seguridad, fortaleza y seguridad de nuestro país a la vez que trabajamos con nuestros socios para analizar y abordar este tema”, indicó Biggins, quien no obstante destacó la creación de un grupo especial para reunificar familias separadas en la frontera durante la administración anterior.
Según ha indicado la administración, el foco de la reforma migratoria estará puesto en sino modificar los procesos de solicitud asilo y fomentar procesos de mayor seguridad en las fronteras. En la misma línea se expresó a finales de enero Roberta Jacobson, asistente especial de Joe Biden y coordinadora de la frontera sudoccidental.
No es el momento de venir, los requisitos no cambiaron. Nadie los va a dejar entrar. Esta es falsa información divulgada por los traficantes de personas (…) La administración Biden quiere un proceso justo y humano en la frontera, pero va a tomar tiempo en ocurrir”, aclaró en ese entonces.
*INFOBAE