El Gobierno de El Salvador publicó en el Diario Oficial el decreto legislativo que extiende por 30 días el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y cuyos efectos comenzarán el jueves.
La norma, que extiende la vigencia de los poderes extraordinarios para el Gobierno de Nayib Bukele en su llamada “guerra contra las pandillas”, señala que su vigencia comenzará un día después de su publicación, pero sus efectos empezarán el 28 de abril.
El Congreso aprobó el 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada que se cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.
Con esta ampliación, quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, mientras la detención administrativa pasa de un plazo máximo de tres días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
La Constitución de El Salvador señala que para ampliar un régimen de excepción es necesario que se mantengan las mismas circunstancias que lo originaron, en este caso la ola de asesinatos.
Sin embargo, el Gobierno de Bukele admitió que esa escalada fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro “los avances alcanzados”.
El régimen de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar mecanismos para atender las denuncias de abusos.
Amnistía Internacional (AI) señaló el lunes que la ampliación de este régimen de excepción es una “tormenta perfecta” contra los derechos humanos.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, apuntó en un comunicado de la organización que “en los últimos 30 días el Gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño”.
“Desde reformas legales que incumplen las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a los detenidos, las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que ahora se espera que continúe con la prórroga del decreto de emergencia”, indicó Guevara-Rosas.
De acuerdo con el presidente Bukele, han sido detenidos más de 18.000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman dos días consecutivos con más de 1.000 detenciones.
Ni Bukele ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con esas estructuras.
*EFE