El gremio de médicos de la región latinoamericana expresó su apoyo a sus colegas y trabajadores del sector salud de Nicaragua ante la “situación de persecución” que viven hace más de dos años por parte del régimen de Daniel Ortega, y que con la pandemia por SARS-CoV2 “se ha visto incrementada”
Mediante una declaración, la Confederación Médica de Iberoamérica y el Caribe (Confemel) dijo que los trabajadores de la salud, especialmente los médicos “están siendo objeto de las presiones del gobierno” de Ortega por el “ejercicio responsable y ético de la profesión”.
Denunció que, a raíz de los eventos de abril del 2018, sus colegas del sector público que atendieron a los heridos fueron despedidos y los que ejercían privadamente fueron “perseguidos penalmente”. A ello, se suma que algunos tuvieron que huir del país.
“Esta situación de persecución se repite por el abordaje de la pandemia de COVID 19 ya que médicos del sector público demandaron medidas de protección, tales como mascarillas, guantes o vacunas, fueron despedidos bajo el señalamiento que alteraban la tranquilidad pública y médicos del sector privado que atendían pacientes u orientaban a la población sobre las medidas de autoprotección frente a la pandemia fueron llamados a parar las declaraciones so pena de retirarles la licencia para el ejercicio de la medicina o la aplicación de medidas penales, entre otros cargos por terrorismo”, dice la declaración.
Confemel, también mencionó que más de una docena de asociaciones científicas de diferentes especialidades médicas se les retiró la personería jurídica y se le confiscaron todos sus bienes.
Es por ello, que exhortó a los países integrantes de esa organización a realizar pronunciamientos en apoyo a los médicos nicaragüenses y solicitar a sus respectivos gobiernos “la condena del régimen nicaragüense por la violación sistemática de los derechos humanos, exigiendo el respeto a los profesionales de salud así como su protección frente a la pandemia”.
Agregaron, que se debe intermediar para facilitar a los médicos migrantes provenientes de Nicaragua los permisos de trabajo que les permitan seguir desarrollando sus funciones en los países de acogida (respetando en todos los casos la normativa vigente en cada territorio), mientras se resuelve la crisis sociopolítica en Nicaragua.