El Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), presentó este jueves su primer informe denominado “Monitoreo elecciones 2021”, en el cual destacó que el régimen de Daniel Ortega ha ejercido violencia política contra la ciudadanía de cara al proceso electoral de noviembre próximo.
El monitoreo de las condiciones electorales previas y el desarrollo del proceso electoral recopila y sistematiza información en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 5 de abril 2021.
El GPRE detalló que este primer informe contiene información vinculada al ambiente pre electoral y se concentra específicamente en monitorear: condiciones habilitantes, referidas a los derechos políticos de organización, reunión y protesta pacífica por parte de partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general, así como la violencia política que se desarrolla en el contexto pre electoral.
De igual manera recopila información sobre cedulación ciudadana, así como el uso de los bienes del Estado en actividades de carácter partidario.
Condiciones habilitantes
“La información proporcionada en este período por parte de los ciudadanos muestra que existe una violación sistemática del gobierno a derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas en 21 municipios del país, donde se reportan que, de 116 actividades de reunión pacífica, 81 intentos resultaron fallidos imposibilitando a los miembros de partidos políticos y sociedad civil desarrollar sus actividades. Solamente 35 lograron realizar la actividad”, precisó el GPRE.
Agregó que, en 18 de los 21 municipios contemplados en el reporte, fue impedida entre 1 y 5 veces la posibilidad de hacer sus reuniones o actividades, porque fueron acosados por paramilitares y/o grupos orteguistas y la Policía.
“Hay una escalada de la violencia política institucionalizada y de forma expresa por parte del gobierno, de tal forma que en este período del informe se reportó que en 24 de los 42 municipios se registraron 80 actos de violencia dirigidos a miembros de partidos políticos, sociedad civil y ciudadanos, tales como: detenciones ilegales (21 casos), retener y vigilar a las personas desde sus casas (14 casos), ser golpeados por policías o paramilitares porque quieren manifestarse y organizarse de cara a un proceso electoral (4 casos). Sin faltar las amenazas verbales a la familia (13 casos), como campañas de desprestigio en medios de comunicación o redes sociales (9 casos), así como vigilancias permanentes a sus viviendas (10 casos) y amenazas o descalificaciones a través de pintas en sus viviendas (9 casos)”, reza el informe.
La mayor cantidad de actos de violencia política se concentraron en los municipios de: Masaya, Granada, León, Masatepe, Bluefields y Diriomo. En estas 80 acciones de violencia política fueron afectadas un total de 540 personas, de las cuales el 50.9% fueron hombres, y el 40% mujeres y 9.1% otros.
Uso de Bienes del Estado
El GPRE afirmó que continúa el régimen de Ortega con “el abuso sistemático y generalizado de uso de bienes del Estado con fines partidarios”.
“Es una práctica que se viene ejerciendo desde hace muchos años. Se obtuvieron 48 denuncias sobre uso de bienes y medios del Estado en 28 municipios, la mayoría de medios utilizados son camionetas y vehículos de las alcaldías y el Ministerio de Salud, escuelas y oficinas de las instituciones del Estado donde son ocupadas para capacitar a personal del partido de gobierno sobre las elecciones de este año”, detalló.
Cedulación Ciudadana
El Grupo indicó que, de los 42 municipios del país, hay oficinas de cedulación en 35 (83.3%) y solamente en 7 (16.7%) municipios no atiende el CSE. “Los 7 municipios que la ciudadanía reporta que no hay oficina de cedulación son La Conquista, La Paz de Oriente, El Realejo, San Francisco del Norte, Somotillo, La Desembocadura del Río Grande y La Cruz de Río Grande”.
El GPRE señaló que para que un proceso electoral se considere legítimo, transparente y libre, el régimen y sus instituciones “deben garantizar y respetar los derechos y libertades de los nicaragüenses a expresarse abiertamente, así como organizarse en grupos políticos o en organizaciones sociales”.
“Hay una violación abierta por parte del Estado a los derechos humanos y políticos vinculados a: participar en los asuntos públicos, hacer denuncias sobre anomalías, el derecho de reunión pacífica, el derecho de concentración pacífica, manifestación y movilización, el derecho de elegir y ser elegido y el derecho de organizarse en partidos políticos. Todos estos derechos políticos están expresados en el capítulo II, Derechos Políticos artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de nuestra Constitución Política vigente”, apuntó.
Sostuvo que las acciones que hasta hoy viene desarrollando el régimen están orientadas “a la violencia política contra la ciudadanía, con tácticas bien elaboradas que consiguen crear un ambiente de desencanto electoral, esto lo viene haciendo desde el 2007, que hoy se acrecientan y que violan las normas democráticas. Estamos frente a unas elecciones de carácter autoritario y no unas elecciones formalmente competitivas”, zanjó.
El GPRE demandó al Estado de Nicaragua y sus instituciones “cesar el abuso de poder que ha venido acrecentando estos primeros meses del año en contra de la ciudadanía criminalizando la protesta social”, “cumplir y hacer cumplir a sus funcionarios a todos los niveles dentro del Poder Ejecutivo con el respeto de los bienes del Estado, quienes de manera abierta cometen delito electoral al hacer uso de las oficinas estatales para realizar proselitismo político a favor del partido de gobierno”.
Asimismo, que el CSE atienda la demanda de la ciudadanía por una cedulación “abierta a todos y todas las nicaragüenses”, eliminando la discrecionalidad que otorga al partido FSLN de mantener de forma permanente una cedulación paralela, violentando el principio de igualdad que establece la ley.
“Hacemos un llamado al pueblo nicaragüense a seguir denunciando las malas prácticas que se viven en estos momentos que limitan las libertades políticas y civiles”, concluyó el GPRE.