El organismo ‘Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más’, presentó este viernes el sexto informe del ‘Observatorio Nicaragüense contra la Tortura’, en el cual documentó 138 casos de “tortura, tratos crueles e inhumanos” cometidos contra presas y presos políticos en el país.
El extenso informe detalla que la ONG recibió desde diciembre de 2021 a marzo 2022, 138 testimonios de víctimas y sus familiares, correspondiente a 22 víctimas mujeres, incluyendo una mujer transexual, y 116 hombres.
“Esta sistematización nos ha permitido identificar al menos 27 centros policiales, 4 centros penitenciarios y 9 centros clandestinos o irregulares donde se han cometido estos actos de torturas. Los casos recolectados nos expresan una temporalidad de tortura permanente en el país, con hechos documentados desde abril de 2018 hasta marzo de 2022”, dice el informe, el cual está construido en base a testimonios de víctimas y sus familias que han solicitado acompañamiento del Colectivo.
El informe se desarrolla bajo dos ejes principales, un primer eje que consiste en la documentación, sistematización y análisis de la situación actual en Nicaragua con relación a actos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas privadas de libertad por razones políticas, y el segundo eje que aborda un análisis de los procesos judiciales efectuados en el periodo de estudio en contra de personas presas políticas recientemente condenadas bajo los delitos de conspiración, menoscabo a la integridad nacional, ciberdelitos, lavado de dinero, entre otros, expuso el organismo.
TORTURAS A PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS
El Observatorio destacó que identificó “patrones continuos de tortura física y mental, así como malos tratos en contra de personas presas políticas en centros de detenciones y amenazas constantes en contra de sus familiares por denunciar y demandar mejores condiciones para los encarcelados”.
“Las personas presas políticas continúan en un deterioro constante y acelerado a su salud, reportando todas bajas de peso considerables, desde 15 a 60 libras menos, dolores musculares, problemas estomacales producto de la pésima alimentación y falta de acceso a agua potable, cuadros febriles y diarreicos, mareos y vómitos. Estas personas no solo son privadas de atención médica, sino también, de cualquier ayuda de reos comunes, quienes tienen prohibido dialogar con ellos o darles medicamento; además, han sido privados de espacios de ‘patio-sol’ limitándoles a 10 o 15 minutos por semana, recluyéndoles continuamente en sus celdas”, precisó el informe.
Según testimonios de los familiares de personas presas políticas, brindados a este Colectivo y otros testimonios sistematizados de fuentes abiertas, las personas presas políticas han sido víctimas de: “golpizas, amenazas por parte de carcelarios y/o reos y reas comunes además de agresiones psicológicas como métodos de torturas, incomunicación con sus familias por largos períodos o suspensión injustificada de las visitas, así como incomunicación con el mundo exterior sin acceso a ningún tipo de noticias (Regla Mandela 58 y 53; Regla Bangkok 26), no se les permitió tener colchones y ropa de cama (Regla Mandela 21), tampoco se les permitió material de lectura o religioso (Regla Mandela 64 y 66), algunos son sometidos a aislamientos prolongados40 inclusive en celdas de máxima seguridad con interrogatorios exhaustivos41 (Regla Mandela 43 y 44), condiciones insalubres de reclusión (Regla Mandela 13), hay personas que padecen de enfermedades crónicas previas a su detención, lo cual ha producido un deterioro significativo en su salud, no les permiten una alimentación adecuada ni medicamentos especiales para aliviar sus padecimientos (Regla Mandela 22 y 27)”.
En cuanto a las mujeres presas políticas, familiares denunciaron que algunas fueron mantenidas en “aislamiento prolongado, lo que podría constituir tortura, funcionarios atormentaban a una presa política con acusarla de mala madre por haber dejado sola a su hija de 5 años, y algunas fueron insultadas en relación con su orientación sexual todo esto contrario a las Reglas de Bangkok 23, 26 y 52 sobre la suspensión del contacto familiar con los hijos/as menores de edad”, reza el texto.
PRESOS DE LA TERCERA EDAD
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas al 31 de marzo de 2022 contabiliza 181 personas privadas de libertad por razones políticas, entre las cuales 20 son personas de la tercera edad, dos de ellas previo al 2018 y 18, en el contexto electoral del 202178.
“La situación de las personas adultas mayores o de la tercera edad es doblemente alarmante, por un lado, sus detenciones y procesos han sido arbitrarios y carentes de legalidad y por otro lado representa a un grupo vulnerable de la sociedad quienes además presentan complicaciones severas de salud”, alertó la ONG.
“Familiares han expresado que sus condiciones de reclusión son inhumanas, están sometidos a aislamiento, a continuos interrogatorios y una mala alimentación que los ha hecho bajar de peso abruptamente. La mayoría de las personas presas políticas de la tercera edad aún se encuentran en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial DAJ, conocido como el nuevo ‘Chipote’ padecen de enfermedades crónicas que se han agudizado tras su encarcelamiento”, aseguró.
El Colectivo menciona el caso de la muerte de Hugo Torres, bajo custodia del Estado de Nicaragua y en incumplimiento a una resolución de la Corte IDH, “sin duda constituye una responsabilidad internacional, en cuyo caso requiere de adopción de medidas que incluyan la investigación y la determinación responsabilidad administrativa y penal por estos hechos”.
Según el derecho internacional humanitario, una persona mayor de 70 años no debería estar retenida fuera de su propia residencia. Estás normativas han sido flagrantemente violadas en el caso de Torres y otras personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial, zanjó el Colectivo.
PROCESOS JUDICIALES COMO FORMA DE TRATOS CRUELES
En cuanto a los procesos judiciales en contra de las personas presas políticas, el Colectivo identifica un patrón común de acusar por “conspiración” a quienes se les acusa de celebrar o llamar a la aplicación de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega a través de sus redes sociales o realizarlo en espacios públicos, y por haber llamado al “no voto” en las pasadas elecciones de noviembre 2021.
“Las autoridades de administración de justicia han perdido total independencia e imparcialidad, lo cual indefectiblemente los ha llevado a no garantizar los derechos y garantías168 a las personas presas políticas”, indicó el organismo.
PODER JUDICIAL, INSTRUMENTO DEL RÉGIMEN
“Las autoridades judiciales han agravado el sufrimiento y han arriesgado la vida, integridad y salud de las personas presas políticas, dejándoles en desamparo y no haciendo valer sus derechos más básicos. La desprotección judicial se ha implementado como un mecanismo necesario para la concreción de la tortura y malos tratos, apartándose de su función tuitiva, obligaciones jurisdiccionales impuestas por la Constitución Política, Leyes internas de la materia y Tratos Internacionales, todo ello para cumplir con una función política de castigo a personas criticas al actual gobierno”, sostiene el informe.
En ese sentido, el Colectivo apuntó que “el Poder Judicial continúa siendo instrumentalizado por el Poder Ejecutivo como un órgano de represión, criminalización y judicialización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos”.
“Esta instrumentalización terminó de consolidar la impunidad y perpetrar las graves violaciones a derechos humanos al mantener a las víctimas encarceladas y sin posibilidad de acceder a un debido proceso con garantías”, apostilló.
Asimismo, mencionó que los jueces y juezas “han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno, no solo han garantizado la falta de un debido proceso, sino que, además, han permitido el deterioro en la salud de las personas presas políticas”.
“El derecho penal ha sido utilizado como una herramienta de castigo dirigido a acallar de cualquier manera a voces opositoras y críticas al gobierno oponiéndose directamente a normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos que establecen que el derecho penal debe ser utilizado como último recurso para castigar una conducta”, añadió.