El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reafirmó su compromiso en la lucha anticorrupción y el trabajo en conjunto que se viene gestionando con países como Estados Unidos y organismos internacionales como Naciones Unidas, según sus declaraciones emitidas a la radio HRN en Honduras.
Su declaración ocurre en momentos en que ha sido presentado un proyecto de ley por parte de ocho senadores demócratas, denominado “Corrupción Desenfrenada”, y que aborda temas de derechos humanos y anticorrupción del 2021. La iniciativa buscaría suspender cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras, debido los argumentos que apuntan a la poca credibilidad para resolver casos de corrupción, de los cuales ha sido objeto el mandatario hondureño.
Esto ha generado reacciones y algunos expertos sostienen que las determinaciones están basadas en la imagen internacional que tiene Honduras y su débil institucionalidad ante la falta de investigación.
“Ellos lo que están haciendo es retomar bajo el amparo de un aliado estratégico con el gobierno Joe Biden algo que no tenían con el ex gobierno de Trump. Por esa razón, este cambio de gobierno representa una persecución a la corrupción”, explica Josué Murillo, experto en materia penal.
Murillo destaca además que las estrategias de aliados políticos significan acuerdos o tratados para un fin en común y esa podría ser una de las razones para no iniciar investigaciones no solo con funcionarios hondureños sino de otros países centroamericanos.
Pero a raíz de estas investigaciones, la pregunta que surge es por qué la falta de investigación. Pese a los señalamientos, el abogado Raúl Pineda, explica que dicha ley estaría castigando también a la sociedad hondureña, lo que sería lamentable tanto condiciones sociales como económicas.
“Es un hecho que, al decretar estas sanciones, afecta a inocentes acciones dirigidas a la sociedad, pueblos, reducción de ayudas, quienes son las víctimas por culpa de sectores corruptos”, explica Pineda.
Otro punto propuesto en este proyecto de ley cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades delictivas.
*VOA