Nacionales · 22/12/2020

HRW advierte que nueva ley orteguista amenaza “elecciones libres y justas”

La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que la ley que inhabilitará en Nicaragua las candidaturas a cargos de elección popular a los opositores considerados por el régimen orteguista como “traidores a la patria” amenaza unas “elecciones libres y justas” en el país.

Según HRW, con esa ley el régimen de Daniel Ortega podría impedir que los opositores se postulen para un cargo en las elecciones generales prevista para el 7 de noviembre de 2021.

La “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos de los diputados orteguistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.

A juicio de HRW, esa nueva ley “parece diseñada para prohibir la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2021”, por lo que instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) “condenar urgentemente esta legislación que amenaza los derechos de los nicaragüenses a postularse para cargos públicos y votar en elecciones libres y justas”.

Según la agencia EFE, HRW observó que la ley define “traidores” en términos generales y no dice nada sobre cómo se tomaría esa determinación o por quién.

“Siguiendo las órdenes de Ortega, el Congreso nicaragüense aprobó una ley que podría usarse para etiquetar a los opositores de Ortega como ‘traidores’ y evitar que se presenten en las próximas elecciones nacionales de 2021”, alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

“Con esta ley en vigor, hay poca o ninguna esperanza de elecciones libres y justas en Nicaragua”, agregó.

Según la ley, serán considerados “traidores a la patria” y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación.

También los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.

Además, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.

“Esta ley es incompatible con las leyes regionales e internacionales de derechos humanos”, argumentó HRW, que observó que en los últimos meses el régimen de Ortega ha promovido, y el Parlamento ha aprobado “varias otras leyes que restringen seriamente los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país y podrían socavar las elecciones libres y justas en 2021”.

“Al establecer un campo de juego desigual para las elecciones de 2021, el gobierno está socavando los derechos de todos los nicaragüenses a participar en elecciones libres y justas”, apuntó Vivanco.

“Y después de 13 años consecutivos como presidente, Ortega parece decidido a permanecer en el poder incluso a costa de los derechos básicos de los nicaragüenses”, agregó.