Human Rights Watch (HRW) condenó este martes el despido de varios médicos de hospitales públicos de Nicaragua en días anteriores. El organismo internacional señaló que el régimen de Daniel Ortega debería permitir de inmediato que los profesionales de la salud se reincorporen a sus puestos, compensarlos por los salarios que no percibieron y adoptar medidas efectivas para responder a la pandemia del COVID-19 en el país.
El despido de los médicos se dio como una represalia por expresar su preocupación sobre el mal manejo de la pandemia por parte del régimen de Ortega.
“Al despedir de manera arbitraria a médicos y otros profesionales de la salud durante la pandemia, el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
HRW entrevistó telefónicamente a cinco de los médicos despedidos y a otro que había renunciado, quienes relataron que habían firmado la carta del 18 de mayo que instaba al régimen a actuar con rapidez para detener la propagación del virus.
“Ortega busca intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”, dijo Vivanco. “El gobierno pasó de negar la pandemia a intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta frente al virus. Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre”, agregó.
El organismo sostuvo que el régimen de Ortega ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y secretismo; y contradiciendo las recomendaciones de los expertos en salud globales y locales.
Cuatro médicos dijeron a Human Rights Watch que el Ministerio de Salud (MINSA) mantiene un férreo control sobre la información vinculada con el COVID-19, sobre todo la relativa a pruebas de diagnóstico y sus resultados.
HRW revisó las cartas de despido enviadas a los cinco médicos entrevistados, y observó que las misivas, emitidas el 9 de junio, tienen una redacción idéntica, no indican las causas del despido ni expresan ninguna otra justificación. Todos los médicos indicaron que habían trabajado para el sistema público de salud durante más de cinco años y ninguno había sido sancionado por su desempeño.
“El derecho internacional de derechos humanos garantiza el derecho de libertad de expresión y esto se aplica también a quienes trabajan en el sector público”, manifestó HRW.
El organismo añadió que las acciones del régimen dirigidas específicamente contra profesionales de la salud agravan la fragilidad de la infraestructura de salud pública de Nicaragua, limitando su capacidad de hacer frente a la propagación del COVID-19.