José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW) cuestionó la decisión de la jueza orteguista Karen Vanessa Chavarría Morales, quien la noche del lunes decidió admitir una acusación contra el excanciller Francisco Aguirre Sacasa por el presunto robo de dos campanas de bronce en una parroquia de la ciudad de Granada.
Vivanco de profesión abogado, calificó el caso contra el excanciller de “ridículo”, el juicio está programado para el 22 de septiembre próximo.
“La jueza a cargo del ridículo caso contra el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, lo sometió a proceso y programó el juicio penal para fines de septiembre”, escribió Vivanco a través de Twitter.
Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos (1997-2002), es acusado por la Fiscalía orteguista por el delito de “receptor de bienes mal habidos”, de lo que él afirma es inocente.
Según la Policía Orteguista, Aguirre Sacasa, próximo a cumplir 76 años y crítico del régimen de Daniel Ortega, es un “tope”, es decir receptor de objetos robados.
Para el director de HRW este proceso judicial contra Aguirre Sacasa es parte del “sainete” (teatro) del régimen de Daniel Ortega para intimidar a una de las voces más críticas de la dictadura.
“Nueva etapa del sainete inventado por la dictadura de Ortega para intentar amedrentar a uno de sus más serios críticos”, subrayó.
Aguirre Sacasa, ha admitido que compró las campanas en 100 dólares a José Bermúdez, otro de los acusados y a quien le ha comprado objetos en otras ocasiones, y en su defensa ha dicho que desconocía que eran robadas.
El exdiplomático ha puesto en duda que las campañas que compró sean las de la parroquia, porque él pagó por ellas desde mediados de julio pasado y la Policía asegura que fueron robadas el 3 de agosto.
Además, ha advertido que días antes del 3 de agosto, según le ha dicho el mismo párroco, fueron robadas las cámaras de seguridad instaladas en el templo, por lo que no descarta que su caso sea una celada de los aparatos de seguridad y vigilancia del régimen con el fin de humillarlo, destruir su reputación y enviar un mensaje a los opositores.