La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual en el que señala a los países de todo el mundo que violan la libertad religiosa de forma sistemática, continuada y atroz. Nicaragua fue descrita como “país de especial preocupación” por primera vez.
El informe sobre Libertad Religiosa Internacional calificaba a Nicaragua ‘de especial vigilancia’ desde 2019, pero ahora señalan el especial hostigamiento desde 2022.
“En 2022, las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron considerablemente. El gobierno de Nicaragua, bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, escaló su campaña de hostigamiento y severa persecución contra la Iglesia Católica apuntando al clero, eliminando organizaciones afiliadas a la Iglesia e imponer restricciones a las prácticas religiosas, violaciones de la libertad religión que ocurrió en años anteriores, como el discurso de odio contra la Iglesia Católica y negación de entrada al país para el clero—continuó también en 2022”, reza el informe.
El informe presenta cuatro recomendaciones a Biden sobre Nicaragua
El Informe, en relación con Nicaragua –donde un 50% de la población es católica–, proporciona cuatro recomendaciones al Gobierno de Joe Biden para mejorar la promoción de la libertad religiosa en el país.
En primer lugar, “volver a designar a Nicaragua como ‘país de especial preocupación’ por cometer violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.
En segundo lugar, “imponer sanciones selectivas a las agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones, la congelación de los activos de esas personas y la prohibición de la entrada en Estados Unidos”.
En tercer lugar, “presionar al gobierno nicaragüense para que libere incondicionalmente a los presos religiosos de conciencia, para que se comprometa con el debido proceso a los detenidos por motivos religiosos y para que permita las biblias y otros libros de consulta religiosos a todos presos políticos”.
Y, en cuarto lugar, “ejercer un mayor escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada por instituciones financieras internacionales para proyectos en Nicaragua, de conformidad con la Ley de Fortalecimiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021″.
Asimismo, insta al Congreso de Estados Unidos a “celebrar audiencias públicas para amplificar las preocupaciones del Congreso sobre los presos de conciencia religiosos en Nicaragua y trabajar con parlamentarios de ideas afines en otros países para abogar por su liberación y la de otros presos de conciencia”.
La persecución al obispo Rolando Álvarez
El Informe detalla la persecución del régimen orteguista contra el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por negarse a ser desterrado de Nicaragua.
“La persecución del gobierno de Nicaragua contra el obispo Álvarez es ilustrativo de su represión contra los miembros del clero. Álvarez fue un mediador en el diálogo nacional en 2018 y criticó el historial de derechos humanos del gobierno. En mayo, la policía colocó a Álvarez bajo Vigilancia las 24 horas. Como resultado, Álvarez se refugió en una iglesia en Managua —que entonces la policía rodeó— y comenzó una huelga de hambre para protestar por su trato. La policía permitió que el obispo regresara a su propia diócesis en Matagalpa, pero escoltó su vehículo durante las dos horas viaje. El 5 de agosto, la policía nacional anunció una investigación sobre el obispo Álvarez. Estaba bajo arresto domiciliario de facto en su residencia de la iglesia de Matagalpa durante dos semanas hasta que la policía realizó una incursión matutina en la iglesia, detuvo al obispo y lo puso bajo arresto domiciliario en Managua. Fue acusado de “conspiración”, “difundir noticias falsas” y “dañar al gobierno de Nicaragua y la sociedad.” La vicepresidenta Murillo justificó la detención del obispo argumentando que servía para “guardar la paz, seguridad y tranquilidad de familias nicaragüenses”. En febrero de 2023, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años de prisión y también anunció que “sería multado y despojado de su ciudadanía nicaragüense”, dice el informe de USCIRF.