El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber tratado de dar un golpe de Estado, en un juicio histórico, cuyo desenlace suscitó nuevas amenazas del gobierno de Donald Trump contra Brasil.
Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado por la corte suprema por haber liderado una organización criminal armada que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su defensa adelantó que recurrirá la decisión judicial.
La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.
La condena al líder de la derecha brasileña, primer ex jefe de Estado sentenciado por golpismo, se produce a poco más de un año de las elecciones presidenciales.
Trump reaccionó de inmediato en apoyo a su aliado.
El republicano tachó la condena de “muy sorpresiva” y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos “responderá en consecuencia” a la “injusta” sentencia.
Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una caza de brujas contra quien considera un “gran amigo”.
El gobierno de Lula repudió la reacción de Washington.
“Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (…) no intimidarán a nuestra democracia”, señaló en X la cancillería.
Bolsonaro, en arresto domiciliario en Brasilia desde agosto por incumplir medidas cautelares, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.
La corte suprema también condenó a los siete coacusados junto a Bolsonaro, entre ellos exministros y jefes militares, a entre 2 y 26 años de cárcel.
La defensa de Bolsonaro adelantó que apelará la sentencia, inclusive a “nivel internacional”, al considerar las penas “absurdamente excesivas”, según una nota.
Una fuente del supremo detalló que la defensa tiene un plazo de cinco días para presentar sus recursos, una vez haya publicado la sentencia.
El expresidente sólo puede ingresar a prisión una vez que los recursos se resuelvan, explicó Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
*AFP