La administración de Donald Trump ha decretado una pausa indefinida en todas las solicitudes de inmigración presentadas por migrantes de América Latina y Ucrania permitidos en Estados Unidos bajo ciertos programas de la era de Joe Biden, citando preocupaciones de fraude y seguridad, según dos funcionarios estadounidenses y un memorando interno obtenido por CBS News.
La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la directiva.
La medida, que no había sido informada previamente, amenaza con generar una nube de incertidumbre sobre muchos migrantes que estaban en proceso de solicitar diversos beneficios migratorios que les permitirían permanecer en Estados Unidos de manera legal y, en algunos casos, de forma permanente.
Si bien no está claro el número exacto de migrantes afectados, la suspensión de las solicitudes se aplica a varios programas de la administración Biden que permitieron a cientos de miles de extranjeros ingresar a Estados Unidos legalmente a través de una ley de inmigración conocida como libertad condicional. Esa ley faculta al gobierno estadounidense a recibir a extranjeros rápidamente por motivos humanitarios o de beneficio público.
El gobierno de Biden utilizó la libertad condicional a una escala sin precedentes, en parte para alentar a los migrantes a inscribirse en canales de migración legal en lugar de cruzar la frontera sur ilegalmente. El gobierno de Trump actuó rápidamente para suspender esas medidas, argumentando que abusaban de la autoridad de la libertad condicional.
La administración Trump había detenido previamente las nuevas entradas en virtud de las políticas de libertad condicional de la era Biden. Pero en un memorando fechado el 14 de febrero, Andrew Davidson, un alto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, ordenó una “pausa administrativa” en toda la agencia en todas las “solicitudes de beneficios pendientes” presentadas por inmigrantes que ya habían sido autorizados a ingresar a Estados Unidos en virtud de tres programas de la administración Biden.
Entre ellas se encuentra una política llamada Unidos por Ucrania, creada para ofrecer un refugio seguro a quienes huyen de la invasión rusa a Ucrania. Unos 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses llegaron a Estados Unidos en virtud de ese proceso antes de que el presidente Trump asumiera el cargo.
Otro programa afectado, conocido como Parole Humanitario, permitió que 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos patrocinados por ciudadanos estadounidenses ingresaran a Estados Unidos.
El tercer programa afectado consiste en procesos que permitían a algunos colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos con familiares estadounidenses venir a Estados Unidos a esperar que estuviera disponible una tarjeta verde basada en la familia.
Debido a que aquellos a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo estos programas solo recibieron permisos de trabajo temporales y protecciones contra la deportación que generalmente duran dos años, muchos de ellos solicitaron otros beneficios de inmigración, dijeron abogados y expertos.
Entre esos beneficios se encuentran un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de países afectados por crisis como Haití, Ucrania y Venezuela; asilo, que permite a quienes huyen de la persecución obtener un refugio seguro permanente en Estados Unidos; y tarjetas verdes, o residencia permanente en Estados Unidos.
Gracias a una ley de la época de la Guerra Fría, los cubanos que hayan obtenido la libertad condicional para ingresar a Estados Unidos pueden solicitar tarjetas verdes.
Pero bajo la directiva interna del USCIS, los funcionarios ya no podrán procesar ninguna solicitud para estos programas ni ningún otro beneficio si las solicitudes fueron presentadas por migrantes que llegaron a Estados Unidos bajo las políticas específicas de la administración Biden.
“Esto congela efectivamente su capacidad de cambiar a otro estatus legal”, dijo Lynden Melmed, quien se desempeñó como abogado principal de USCIS durante la administración del expresidente George W. Bush y ahora trabaja como socio en Berry Appleman & Leiden LLP. “Mientras tanto, seguirían siendo susceptibles de ser expulsados del país si el gobierno cancela su estatus de libertad condicional”.
El memorando del USCIS dice que la medida está justificada porque “actualmente, la información sobre fraude y las preocupaciones de seguridad pública o seguridad nacional no están siendo señaladas adecuadamente en los sistemas de adjudicación del USCIS”.
La directiva cita la medida que tomó el año pasado la administración Biden de pausar temporalmente la iniciativa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos debido a preocupaciones de fraude.
En su memorando, Davidson hizo referencia a investigaciones que, según él, encontraron miles de solicitudes de parole humanitario con “patrocinadores en serie”, información de personas fallecidas o direcciones idénticas. Dijo que se demostró que algunos de esos casos eran fraudes. Davidson también dijo que algunos inmigrantes a los que se les permitió ingresar a los EE. UU. bajo parole “no fueron examinados a fondo”.
La pausa, dijo Davidson en su memorándum, podría potencialmente levantarse, pero sólo una vez que los funcionarios completen una “revisión y evaluación exhaustiva de la población local de extranjeros que están o fueron puestos en libertad condicional en los Estados Unidos bajo estos programas de libertad condicional categórica”.
El mes pasado, los funcionarios autorizaron a los agentes federales de inmigración a solicitar la deportación (incluso de manera acelerada en algunos casos) de aquellos a quienes se les permitió ingresar a los EE. UU. bajo el programa Parole Humanitario y otras políticas de libertad condicional de la administración Biden. La administración también ha elaborado planes para revocar el estado de libertad condicional de muchos de los que llegaron a los EE. UU. bajo el programa CHNV.
*CBS News