Una jueza de la corte federal en Boston ha llevado cierto optimismo a los migrantes en Estados Unidos, ya que podría bloquear temporalmente la decisión de la Administración Trump de revocar el parole humanitario a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los abogados que representan a varios migrantes en un caso que se lleva a cabo en Boston se sienten esperanzados ante la posibilidad de que la jueza federal de distrito, Indira Talwani, emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia, fechada para el 7 de abril.
El hecho sucede luego que la organización pro-inmigrante Centro de Acción por la Justicia demandara a la administración del Presidente Donald Trump por la decisión de revocar el programa humanitario.
En un comunicado, dicha organización considera “ilegal y sin precedentes”, que la administración Trump ponga fin a estos “procesos de libertad condicional humanitaria para permitir a los estadounidenses patrocinar a personas de otros países”.
De hacerse efectiva, la medida “perjudicará innecesariamente a beneficiarios y patrocinadores, desgarrará familias y comunidades, y debilitará aún más la economía estadounidense”.
Once beneficiarios, siete patrocinadores y la organización demandante Haitian Bridge Alliance —de Massachusetts, Nueva York, Georgia, Nebraska, Wisconsin, California y otros lugares— demandan a la administración Trump por la cancelación de estos procesos de libertad condicional humanitaria, conocidos como parole.
Al menos 532.000 inmigrantes se benefician del programa y se quedarían sin permiso de trabajo, mientras las órdenes de deportación entrarían en vigor a finales de abril.
La jueza está considerando los argumentos de ambas partes, y no descarta que en los próximos días emita una orden de restricción temporal contra la medida que revoca el programa humanitario.
Desde que se anunció la medida, mediante un borrador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), varios especialistas aseguraron que la revocación del parole humanitario sería impugnada en los tribunales.
Varios abogados argumentan que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos legales al momento de ingresar al país y no deberían ser castigados retroactivamente; sin embargo, mientras se resuelven las demandas legales, las autoridades migratorias tienen la facultad para detener y deportar a cualquier persona cuyo estatus haya sido revocado.