Al cumplirse cuatro años del estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba, el Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el dictador Miguel Díaz-Canel, a quien acusa de estar implicado en “graves violaciones de los derechos humanos” durante la represión de aquellas protestas masivas.
Se trata de la primera vez que Díaz-Canel es sancionado directamente por Washington, pese a haber escapado de medidas similares en rondas previas bajo las administraciones de Donald Trump y Joe Biden.
La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado e incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense para el dictador cubano y sus familiares directos.
Además de Díaz-Canel, también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto con sus respectivas familias.
Las medidas se aplicaron bajo una disposición de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que veta la entrada a Estados Unidos de funcionarios extranjeros implicados en corrupción significativa o violaciones a los derechos humanos.
“Hace cuatro años, miles de cubanos pacíficamente salieron a las calles para demandar un futuro libre de la tiranía. El régimen cubano respondió con violencia y represión, injustamente deteniendo a miles, incluyendo más de 700 que permanecen encarcelados y sujetos a tortura o abuso”, expuso el secretario de Estado, Marco Rubio.
Otras medidas del Gobierno de Donald Trump incluyen restricciones de visado a “numerosos funcionarios judiciales y de prisiones” que son presuntos cómplices o responsables “de la injusta detención y tortura de manifestantes de julio de 2021”, agregó el secretario, de ascendencia cubana.
Además, la Casa Blanca añadió 11 hoteles a su lista de propiedades restringidas y alojamientos prohibidos en Cuba, que incluyen empresas y propiedades vinculadas al régimen y al Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA), consorcio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Esto incluye el nuevo hotel ‘Torre K’ de 42 pisos para “prevenir que fondos de Estados Unidos lleguen a la isla de los represores corruptos”.
Además, prohibió las transacciones financieras “directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos, como GAESA y sus afiliadas”, y refiere que se hará cumplir “la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba”.
Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla en décadas. Más de 1.400 personas fueron detenidas durante y después de las manifestaciones, muchas de ellas sometidas a procesos judiciales irregulares, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.