“No tengo esperanzas de que las vayan a liberar”, confiesa apesadumbrado desde su exilio el opositor nicaragüense Javier Álvarez Zamora, horas antes del juicio que este martes tendrá lugar en Nicaragua contra su esposa e hija de nacionalidad franco nicaragüense, que fueron apresadas ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega en septiembre pasado.
Jeaninne Horvilleur, de 63 años, y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43, junto a su esposo nicaragüense Félix Roiz, forman parte de los más de 240 presos políticos secuestrados en las cárceles de Nicaragua.
Ambas mujeres fueron apresadas el 13 de septiembre pasado durante un operativo policial en horas de la noche, no permitidas por la ley, por lo que activistas de derechos humanos tachan el proceso como ilegal e inconstitucional. Ese día, las fuerzas de seguridad iban tras Álvarez Zamora, que cruzó la frontera hacia Costa Rica. Al no encontrarlo apresaron a su familia.
Álvarez Zamora se reconoce como un opositor de perfil bajo, humanitario y pacífico. “Mi papel siempre fue apoyar a los familiares de las personas que habían sido asesinadas y de las que están detenidas a raíz de las protestas de 2018”, explica en entrevista con DW, aludiendo a la rebelión social que puso en jaque al régimen de Ortega hace casi cinco años.
“Mi función como opositor estaba orientada principalmente al aspecto humanitario, a brindar apoyo emocional y ayuda material con lo poco que podíamos conseguir, porque en Nicaragua nadie quiere asumir esos riesgos por el temor que hay”, dice.
Es por ello que Álvarez Zamora no se explica la crueldad con la que el régimen de su país ha procedido contra su familia.
“Traición a la patria” y “noticias falsas”
“El viernes a las 11:30 de la noche ellos cumplieron cuatro meses de estar en El Chipote”, dice Álvarez al evocar con dolor a sus familiares presos en esa temida cárcel policial en el sureste de Managua, por la que han pasado todos los presos políticos de Ortega y donde se han denunciado crueles torturas.
“A mi esposa, a mi hija y a mi yerno se les acusa de los delitos traición a la patria y propagación de noticias falsas”, explica.
Se trata de los mismos delitos graves que el régimen de Ortega atribuye a las principales figuras de la oposición que mantiene encarceladas desde 2021.
“Mi familia es inocente. Reafirmo plenamente que los tres se dedicaban únicamente a su trabajo. El haberlos detenido a ellos por no encontrarme a mí es una venganza”, puntualiza Javier Álvarez.
Precario estado de salud
Por encima de todo le preocupa la salud de su esposa y de su hija. Jeaninne es sobreviviente de cáncer de mama y al momento de su detención estaba a la espera de nuevos análisis clínicos. Sin embargo, la familia no ha logrado obtener que un juez ordene al médico tratante entregar los resultados.
Por su parte, Ana Carolina sufre endometriosis, una condición ginecológica que requiere de tratamiento y una dieta especial, y por la que ya fue atendida de emergencia en la prisión. Álvarez teme que el encarcelamiento haga mella en la salud de ambas mujeres.
Y aunque reconoce y agradece que a sus familiares les han dado acceso a médicos especialistas, como no ocurre con otros reos de conciencia, teme que el confinamiento mine su precaria salud.
Embajada de Francia sigue el caso
La embajada de Francia en Managua ha dado seguimiento al caso de la familia Álvarez Horvilleur, pero poco se sabe al respecto.
“Todas estas cosas de orden diplomático se manejan muy celosamente por los respectivos gobiernos”, explica Javier Álvarez. “Solo puedo decirte que Francia está interesada en la situación de sus ciudadanas”.
“Hay muy pocas esperanzas de parte de nosotros de que ese juicio vaya a ser justo, pero eso no impide que yo como esposo, padre y suegro, pida y exija un proceso justo y que los declaren no culpables”, insiste.
Juez verdugo de opositores
El proceso contra esta familia está en manos del juez Félix Salmeron, fiel al régimen de Ortega, que ya ha condenado con penas de 8 a 13 años de prisión a nueve de las principales figuras de la oposición detenidas desde hace más de un año.
Medardo Mairena, Pedro Mena, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila han sido condenados por Salmerón por los delitos de traición a la patria y conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional.
Para el abogado nicaragüense Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un fallo no culpabilidad en el caso de la familia Álvarez Horvilluer solo sería posible si hubiera “una decisión política de hacerlo así”.
En Nicaragua hay “un contexto de represión donde no hay un solo órgano independiente y la justicia, los jueces y los defensores públicos que aparecen en esa infamia tampoco lo son”, explicó Carrión a DW.
“Ellos forman parte de esa maquinaria represiva que opera como un paredón judicial, y como se trata de personas presas políticas, la voluntad viene desde la cúspide del poder que se ejerce tiránicamente, Todo se da con órdenes de arriba”, dice en referencia a Ortega y a su mujer Rosario Murillo.
Una cadena de abusos
El defensor de derechos humanos, que también fue obligado al exilio desde 2018 y que desde Costa Rica pidió medidas cautelares para los Álvarez Horvilleur, dijo que en este caso el régimen realizó una cadena de abusos: “Iban por Javier y capturaron a su familia sin orden de arresto, sin delito flagrante, y en horas no permitidas por la ley”, explicó.
“Se trata de detenciones absolutamente arbitrarias e inconstitucionales con acusaciones infundadas, con juicios en la indefensión, en secreto y a puertas cerradas. Actos en los que se viola el derecho a la libertad individual, a la integridad personal, a la presunción de inocencia y el derecho a un legal y debido proceso”, denunció Carrión.
“Un fallo de no culpabilidad indicaría que hay un cambio en la decisión política y en Nicaragua eso no ha cambiado”, reiteró. “En un imaginario así estaríamos hablando de un escenario sin presos políticos y un país en libertad y esperaríamos la libertad de los más de 240 presos políticos”, acotó.
En medio de ese desalentador panorama, Javier Álvarez Zamora mantiene una leve esperanza y aboga por la libertad de su familia.
“Pido sin mucha esperanza que el sistema judicial de Nicaragua, que ya sabemos cómo está, los declare inocentes, porque no tienen vinculación con las acciones que yo como opositor cívico y humanitario venía desarrollando”, consideró.
“¿Acaso es delito ayudarle a una madre que perdió a su hijo en una barricada? ¿Acompañarla y darle un abrazo, llevarle alimentos es delito? Esos son los únicos delitos que yo cometí”, concluyó.
*Con DW